MAGNICIDIO EN HAITÍ Y LOS MERCADERES DE LA MUERTE

Por: Luis Guillermo Pérez Casas, defensor de Derechos Humanos y promotor de la Paz

«Perdida Venezuela y la Nueva Granada, la isla de Haití me recibió con hospitalidad: el magnánimo Presidente Petión me prestó su protección y bajo sus auspicios formé una expedición de trescientos hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los compañeros de Leónidas ¡¡¡Gracias al pueblo de Haití mis compatriotas serán nuevamente libres!!!». Simón Bolívar

Haití fue ocupado por cuatro potencias: España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, llegó a ser parte del Imperio Francés, que la ocupó desde el siglo XVII, fue uno de los primeros países de este continente, después de EEUU, en lograr su independencia y el primer país del mundo en abolir la esclavitud en 1804.

Thomas Jefferson, prócer de la libertad y propietario de esclavos, advertía que de Haití provenía el mal ejemplo; y decía que había que “confinar la peste en esa isla”. Los Estados Unidos tardaron sesenta años en reconocerle como nación independiente, luego en 1915 desembarcaron los marines con su misión “civilizadora” que terminó en 1934, luego apoyarían el régimen de terror y corrupción de los Duvalier durante sus dictaduras vitalicias de casi 30 años, de Papá Doc y Baby Doc, que fue derrocado en 1986 y aceptado en el exilio en Francia, con una inmensa fortuna producto del despojo de la población haitiana.

Los insurgentes haitianos, derrotaron las tropas de Bonaparte en 1804, Francia cobró caro la derrota y Haití tuvo que pagar 150 millones de francos oro para que se le reconociese su independencia, mucho más de un siglo llevó el pago de la deuda, que los intereses de usura iban multiplicando. El pago de la “indemnización” arruinó al país caribeño sometiéndolo a ser la nación más pobre del hemisferio occidental.

El apoyo de Alejandro Pétion en 1816 a Simón Bolívar en un momento de derrotas, colaborando con barcos, armas y soldados, con la única promesa a cambio de que el Libertador terminaría con la esclavitud, fue decisiva para la gesta emancipadora de nuestros pueblos, sin embargo la naciente República tardó en reconocer al Estado haitiano independiente y, la esclavitud sólo fue abolida en 1851.

Haití ha sufrido los golpes devastadores de la naturaleza, el despojo de las potencias, la corrupción de sus gobernantes y para sumarnos a sus desgracias, mercenarios colombianos asesinaron a su presidente Jovenel Moïse en su residencia, en la madrugada del 7 de julio de 2021.

El terremoto de magnitud de 7.2 del 14 de agosto de 2021, el desastre natural más mortífero que ha azotado al país insular desde el que sufrieron en 2010, del cual la nación aún no se había recuperado, ha cobrado la vida de más de 2200 personas, medio millar de desaparecidos y más de 12 mil heridos, más la destrucción de su precaria infraestructura; si bien ha desviado la atención de la comunidad internacional frente al magnicidio cometido, frente a hechos de tanta gravedad habrá que exigir rendición de cuentas de todos los involucrados y efectiva sanción penal. Este crimen con actores transnacionales no puede quedar en la impunidad, ni ser olvidado en la memoria de los pueblos.

Nos ocuparemos en este escrito de develar los alcances graves para el Estado y la sociedad colombiana, como para la comunidad internacional que nos hayamos convertido en formadores y exportadores de mercenarios, forma extremadamente perversa que degrada la condición humana de aquellos que por no tener otras opciones laborales terminan siendo convertidos en máquinas de terror y muerte.

Para concluir preguntándonos ¿por qué el desmedido interés e inversión del gobierno de Iván Duque reclamando el respeto a los derechos humanos de los mercenarios responsables del magnicidio de un jefe de Estado y de Gobierno de un país que contribuyó a la causa de nuestra independencia, mientras viola los derechos humanos y trata como terroristas a los jóvenes que reclaman sus derechos? ¿Por qué tanta preocupación por personas que el mismo gobierno reconoce como criminales mientras colombianos desde la China a los Estados Unidos detenidos y condenados no tienen el menor apoyo consular procesados por delitos menos graves?

La fábrica de mercenarios.

Antes que exportar mercenarios, el Estado colombiano los importó para impulsar la estrategia paramilitar, es el caso del coronel israelita Yair Klein, mejor pago que nuestros compatriotas, con la complicidad del Ejército Nacional y del DAS, fue reclutado por 75 mil dólares en 1988, con tres coroneles del Ejército de Israel Tzadaka Abraham,Teddy Melnik y Amatzia Shuali. Entrenaron a Carlos Castaño, a Fidel Castaño, a los asesinos de José Antequera y de Luis Carlos Galán Sarmiento, a los que cometieron el genocidio contra la Unión Patriótica entre otros muchos graves crímenes que han desangrado el país[1]. Dejaron sentadas las bases del paramilitarismo y de la formación de mercenarios, asesinos a sueldo que matan por dinero involucrándose en guerras ajenas u operaciones encubiertas en tierra extranjera o usados para proteger grandes negocios o personajes siniestros.

Dentro de la importación de mercenarios se destaca la Defence Systems Limited, a través de una subsidiaria colombiana, la Defence Systems Colombia (DSC). Esta empresa fue acusada de violaciones a los derechos humanos en las zonas en que actuaba, a tal grado que en 1998 ameritó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Mercenarismo, Enrique Bernales Ballesteros, quien inquirió al Estado colombiano sobre la implicación de personal de esa empresa de seguridad en coordinación con la petrolera British Petroleum(BP), so pretexto de cuidar sus instalaciones contribuyeron a cometer graves violaciones de derechos humanos.

En la misma tónica operaron numerosos contratistas de la CIA y del Plan Colombia en el área de fumigaciones con glifosato, dentro de los cuales se destacan los tres norteamericanos cuyo avión fue derribado en el Caquetá por las FARC, posteriormente liberados en 2008 en la famosa Operación Jaque. Stancell, Gonsalves y Howes, actuaron en nuestro territorio como mercenarios, protegidos por la inmunidad que les concede el Estado colombiano al personal estadounidense.

Luego se invirtió la dinámica y en lugar de importar, se comenzó el negocio de la exportación de mercenarios. Es revelador que un hombre importante en esas actividades, el capitán retirado del Ejército, Gonzalo Guevara, directivo la compañía ID Systems, fuera asesinado en Bogotá en 2007, la prensa le dio poca importancia a la noticia, pero si se le dio amplio despliegue al cautiverio y muerte de su hermano a manos de la guerrilla, Luis Ernesto Guevara.

La contratación y exportación de mercenarios, lejos de preocupar a las autoridades colombianas, las han auspiciado. El ahora flamante embajador ante los Estados Unidos y en ese momento ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se jactaba en 2012 de que ese personal fuera de exportación:

“Colombia se está convirtiendo en un exportador de seguridad, con ello busca contribuir a la estabilidad de nuestra región, América Latina, así como a la paz global… Tenemos unas Fuerzas Armadas entre las más profesionales del mundo, con un nivel de entrenamiento alto en todos los campos que tienen que trabajar, muy apreciadas a nivel internacional… Hay que seguir con esa experiencia”[2].

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) las cifras anuales de los soldados que salen del servicio militar van de 10.000 a 15.000. Muchos de ellos quedan con unas pensiones que oscilan entre los 300 a los 900 mil pesos colombianos, cifras que para muchos es baja en comparación con el costo de vida en el país, al retirarse de su vida militar prestan sus servicios como guardas de seguridad o vigilantes y la opción de ganar en dólares como mercenarios, a pesar de los riesgos, muchos lo ven como una posibilidad de salir de la pobreza.

Entrenados muchos de ellos por US Army, gracias a la guerra que poderosos intereses extienden, se convierten en expertos en combates en terrenos o zonas difíciles y se forman como francotiradores, pilotos de naves militares, expertos en explosivos y en supervivencia, con poca o ninguna sensibilidad frente al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La privatización de la seguridad se extiende a las guerras y los mercenarios se convierten en carne de cañón de grandes negocios.

En 2006 el periodista Ricardo Calderón publicó en SEMANA el artículo ‘Atrapados en Bagdad’[3] las denuncias de 35 ingenuos mercenarios colombianos, entrenados con la complicidad del Ejército Nacional y del gobierno colombiano por tres “tres ex militares gringos” en la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá, que serían engañados y estafados, terminarían siendo secuestrados en Bagdad exponiendo inútilmente sus vidas.

A la cabeza del grupo se encontraba el ex mayor del Ejército Nacional, Juan Carlos Forero, eran ocho oficiales, 23 suboficiales, dos ex agentes de la policía y dos ex agentes del DAS. Se les contrató para participar en la guerra de Irak a favor de la ocupación de las tropas estadounidenses. No les pagaban lo prometido y no tenían forma de regresar a Colombia. Habían sido contratado por la firma ID Systems, a través de la firma Blackwater. Les prometieron Us 7000 al mes, luego 4 mil, finalmente que les harían un contrato por US 2700 y ya sobre la marcha engañados firmaron un contrato por Us 1000 mensuales. Cuando le reclamaron al representante de ID Systems, José Arturo Zuluaga Jaramillo simplemente les respondió que era un negocio y él ganaba por cada contrato. Este grupo de mercenarios fue burlado en sus derechos, no les respondió la empresa, tampoco el gobierno colombiano.

La firma ID Systems pese a la grave denuncia siguió contratando con el Estado y en temas informáticos con la Registraduría. En 2011, Daniel Coronel publicó en Semana la columna titulada “Sumercé…nario”[4], en la que denunció que desde el interior de las Fuerzas Militares de Colombia se “apoya el millonario negocio de exportación de mercenarios”, entrenados en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales -CCOPE- que funciona en Facatativá. Esta vez hicieron parte de un ejército secreto enviado a los Emiratos Árabes Unidos

En ese momento se conoció que desde las oficinas de ID Systems, ubicadas en Bogotá, se habrían contratado alrededor de 2 mil combatientes privados colombianos, para integrar comandos armados en países del Medio Oriente.

La firma ID Systems, también asumió como Fortox S.A., creada en 1981 y con sede principal en la ciudad de Bogotá, cuenta con sedes en varias ciudades de Colombia y una en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Esta empresa ha sido el socio principal de Academi en el reclutamiento y entrenamiento de mercenarios nacionales.

Academi es la contratista privada más importante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, anteriormente conocida bajo los nombres Xe Services LLC, Blackwater USA y Blackwater Worldwide, es una organización paramilitar estadounidense que está al origen de la privatización de las guerras en el Siglo XXI. Ha cambiado de nombre dados los escándalos por haberse involucrados en masacres de civiles[5].

Luego en 2015 se dio a conocer la existencia de un ejército de mercenarios latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos, contratados por los gobiernos de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos para su guerra en Yemén, donde a la fecha de la noticia más de 2500 civiles habían sido masacrados. Como intermediaria aparece la empresa Global Enterprises, una empresa colombiana dirigida por un antiguo comandante de operaciones especiales llamado Oscar García Batte, quien se encargó del reclutamiento y fue comandante de la brigada de los colombianos en los Emiratos y de la fuerza desplegada en Yemen[6].

En diciembre de 2015 se informó de la muerte de 10 mercenarios colombianos en la ciudad de Taiz, al suroeste de Yemen[7]. Sus muertes no conmovieron a nadie, no supimos sus nombres, ni se lloró por el duelo de las familias de los sacrificados. ¿Cuántos más habrán muerto o desaparecido en estas guerras lejanas y ajenas atravesadas por la corrupción, por el fanatismo religioso, por los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos? Los mercenarios colombianos son menos costosos y nadie se ocupa de ellos en caso de perecer o desaparecer, quedan en el anonimato, en el olvido.

Además, de que las empresas que contratan mercenarios y el gobierno que se los permite se compromete en planes contra la soberanía de otros países, que serían además crímenes de agresión a la luz del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, necesario es destacar en este recuento la llamada Operación Gedeón.

La Operación Gedeón

¿Cómo explicar que no se cuestionó en Colombia de manera alguna la llamada Operación Gedeón en mayo de 2020, dirigida a atentar contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro?.

 

La Operación Gedeón fue dirigida por Jordan Goudreau, francotirador, veterano de Afganistán e Irak y ganador de tres estrellas de bronce del Ejército de Estados Unidos, quien en 2018 fundó Silvercorp USA, una empresa mercenaria. En febrero de 2019, fue contratado para brindar seguridad en el concierto patrocinado por el millonario Richard Branson en el lado colombiano de la frontera con Venezuela.

El primer campo de entrenamiento se instaló en la ciudad de Maicao, la Guajira, en junio de 2019. Goudreau fue presentado al general retirado Clíver Alcalá, protegido por las autoridades colombianas, quien reconoció tráfico de armas en territorio colombiano y su participación en este complot donde denunció la participación de Juan José Rendón, de Iván Simonovis, colaborador de Guaidó y de Leopoldo López. Sin embargo no fue juzgado en Colombia y se le entregó al gobierno de los Estados Unidos, sin proceso de extradición.

En enero de 2020, dos exsoldados de las fuerzas especiales estadounidenses reclutados por Goudreau llegaron a Colombia, Airan Berry y Luke Denman, un veterano de Irak. La incursión contra el gobierno de Venezuela se desarrolló desde territorio colombiano. La operación fue un desastre, las Fuerzas Armadas de Venezuela dieron de baja a 8 mercenarios y decenas más fueron capturadas y condenadas, dos estadounidenses fueron sentenciados a 20 años de cárcel.

El magnicidio de Jovenel Moïse

¿Cuál ha sido el rol del Estado colombiano, del Gobierno en particular, de las FFAA, de Policía, de la Dirección de Inteligencia Nacional frente a las empresas colombianas y extranjeras que contrataron a los mercenarios colombianos que terminaron con la vida del presidente haitiano en la madrugada del 7 de julio de 2021 y qué relación tenían con los propios mercenarios contratados?

El papel de las autoridades colombianas ante este gravísimo crimen debe dilucidarse por completo. La preparación del magnicidio, las firmas involucradas, la forma cruel del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, las medias verdades dichas por el Gobierno, dejan mucho que pensar y desear; no solamente porque el nutrido grupo mercenario salió con toda tranquilidad del país sino porque al menos uno de ellos no podía hacerlo al tener medida que prohibía su desplazamiento al exterior pues estaba siendo investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en un caso de “falsos positivos”.

Con mercenarios colombianos disponibles, fueron los peones de un juego ajedrez que había empezado casi un año atrás con diversas reuniones y encuentros en República Dominicana, Haití y en la ciudad de Miami, de los cuales participaron diversas figuras, entre ellos personajes políticos de gran importancia en Haití, por ejemplo el primer ministro, Claude Joseph, quien es señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio del presidente Moïse.

El abanico de involucrados en el asesinato del mandatario haitiano a pasar los días se fue ampliando. Se comenzaron a revelar y a conocer detalles sobre quienes habían contratado a estos hombres.

En el contexto directo de los hechos se supo que los mercenarios fueron contratados por la empresa CTU Security, ubicada en Miami, una empresa dirigida por el venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera. Que según los detenidos esta los contrató por unos 3.000 dólares mensuales. La participación de la firma es clara, pues el logo de esta empresa aparece en la vestimenta que llevaban puesta los mercenarios el día del asesinato. Se conoce que esta organización les suministró el equipamiento al grupo: armas de fuego, repuestos para armas de fuego, y equipo militar y policial como chalecos antibalas.

Otra empresa que es objeto de investigación es Worldwide Capital Lending Group, dirigida por ecuatoriano Walter Veintemilla, quien también es investigado por presuntos lazos con el hecho. Esta es una empresa de servicios financieros en Miramar, Florida. Ante la situación primero la firma por medio de un comunicado negó su financiación a los implicados en el asesinato, poco después admitieron haber financiado al médico Emmanuel Sanon, sospechoso de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse, no obstante, negaron tener conocimiento del complot del asesinato del mandatario. También reconocieron que no sólo financió a Sanon, sino que también lo hicieron a CTU Security, propiedad del venezolano Antonio Intriago, señalado por las autoridades como partícipe del hecho. Vientemilla ha admitido que la financiación facilitada a través de la firma asciende a unos US $ 172.000 dólares.

No obstante, de acuerdo con de las investigaciones de The Washington Post, se ha conocido el costo que se asumió en la contratación los mercenarios colombianos que perpetraron el asesinato del presidente Moïse, el valor asciende a 860.000 dólares, un monto proporcionado por Worldwide Investment Development Group, propiedad Veintemilla, y CTU Security de” Intriago. El diario hace mención que estas firmas asumieron los costos confiando en que tendrían el retorno de este dinero cuando el poder estuviese en manos de los determinadores del mganicidio. Según el diario Worldwide habría aportado unos 656.922 dólares y CTU 208.454 dólares para financiar toda la operación, préstamos que serían rembolsados con activos de la nación caribeña cuando se concretara el golpe de Estado.

¿Cuál es la relación de la empresa encargada de contratar a los actores materiales del crimen, CTU Security LLC, con sede en Miami, que pertenece a un destacado miembro de la oposición venezolana adscrita a Juan Guaidó y su entorno, con el gobierno colombiano? Su representante Antonio Enmanuel Intriago Valera, entra y sale de Colombia como de su propia casa y tiene relaciones estrechas con el presidente Duque y su jefe político, Álvaro Uribe Vélez. Se han publicado numerosas fotos con ambos dirigentes que son reflejo de vínculos muy cercanos y no son, como afirmó la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, fotografías casuales tomadas al calor de la campaña electoral, en la que los candidatos se toman fotos con mucha gente. Esto va mucho más allá y viene de tiempo atrás, tanto que Intriago fue uno de los coorganizadores del famoso concierto en la frontera colombo-venezolana a comienzos de 2019 en el que Duque creyó jugar un papel histórico para contribuir a derrocar el gobierno de Nicolás Maduro y fue uno de los promotores. Concierto en el que participó también como lo vimos arriba uno de los responsables de la frustrada Operación Gedeón.

El mandatario haitiano fue asesinado por un comando fuertemente armado compuesto por 28 hombres, 26 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, la madrugada del miércoles 7 de julio en su residencia privada en Puerto Príncipe, la capital. El cuerpo del presidente fue hallado en su dormitorio con 12 impactos de bala en la frente, el pecho, la cadera y el abdomen y con el ojo izquierdo arrancado. En el atentado la primera dama, Martine Moïse, resultó herida, debido a ello fue trasladada a la ciudad de Miami en los Estados Unidos en donde se recuperó del ataque y volvió al país isleño 10 días después del siniestro para dirigir el funeral de su esposo.

La reacción de la Policía Nacional de Haití ante este asesinato, bajo la dirección de León Charles, el mismo día del suceso tuvo como resultados la dada de baja de cuatro hombres y la detención de muchos involucrados. La Policía ha informado de la captura de un total de 23 hombres, 18 colombianos y 5 haitianos-estadounidenses, y su despliegue total de la búsqueda de los otros integrantes que se encuentran prófugos y quienes son también colombianos. Así como de otras personas involucradas en el complot, entre ellas el exministro de justicia de Haití, Joseph Felix Badio.

Los capturados señalan que han sido torturados que permanecen recluidos en condiciones insalubres, se quejan de que su sitio de reclusión está «infestado de ratas y cucarachas», que los olores nauseabundos están causando enfermedades respiratorias y de que viven rodeados de excrementos porque «no hay sanitarios». No consumen agua potable y reciben comida una vez al día. Denunciaron a su vez que Capador Giraldo y Javier Romero fueron ejecutados luego de haberse rendido, Miguel Guillermo Garzón habría muerto por accidente al dispararse su arma al tratar de huir saltando un muro [8]

En medio de los cuestionamientos el 9 de julio de 2021 el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luís Vargas, anunció que 4 empresas habrían reclutado a los presuntos asesinos. Aunque las autoridades no han divulgado los nombres de estas firmas, cuando avanzó la investigación se conoció que Academi, antes Blackwater, Greystone Limited y ID Systems o Fortox S.A., serían algunas de las empresas que estarían siendo investigadas por su aparente vinculación en la contratación de los ex militares colombianos que asesinaron al presidente Moïse.

Del mismo modo, bajo la presión mediática, el Ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, confirmó que militares retirados del Ejército están involucrados en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse. Así mismo, el comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Fernando Navarro, no sólo confirmó lo dicho por MinDefensa sino que también reconoció que hay una cantidad importante de oficiales retirados en varios países.

Por su parte el presidente Iván Duque, en un pronunciamiento oficial donde se habló de la participación de los ex militares en el asesinato de Moïse, aseguró “que es evidente que todo el grupo que participó, de alguna u otra manera, estaría involucrado en el magnicidio”. Igualmente expresó que “algunos de los colombianos que han sido detenidos o asesinados en Haití en relación con el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, sabían que la misión final era matarlo”. El mandatario colombiano ante la hipótesis de que solo unos pocos sabían del verdadero fin de la misión, subrayó que “independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio”.

Por otro lado, no se descarta que en el magnicidio habrían participado miembros activos de las Fuerzas Armadas de Colombia. En la emisión del medio día del noticiero de Caracol Radio, del 10 de julio del 2021, el sociólogo, periodista y ex brigadista en Haití, Lautaro Rivara habló en referente a la participación de los militares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, algo que catalogó de “novedosa y grave” puesto que no solo se estaría hablado de hombres retirados de la institución tal y como lo ha manifestado el Gobierno sino “ incluso de militares activos y 2 de ellos con el rango de Sargentos en las Fuerzas armadas colombianas”.

Ante la afirmación hecha por Rivara, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, insistieron en que según las bases de datos que se recibieron por parte de la Interpol y verificadas por el Ejército Nacional, no hay militares activos dentro de los capturados colombianos por el magnicidio del presidente haitiano. Sin embargo, recordemos que aún hay varios mercenarios que se encuentran prófugos y que en su totalidad serian de nacionalidad colombiana.

Estos hombres que habrían llegado a la capital de Haití desde Colombia, ingresaron al país desde la vecina República Dominicana, por el cruce llamado Carrizal en fechas que van desde el mes de mayo hasta el 6 de junio de 2021.

Por otro lado, están los estadounidenses de origen haitiano James Solages y Joseph Vincent quienes fueron arrestados junto con los colombianos, pero ellos aseguran que sólo fueron contratados como traductores. Sin embargo, se confirmó que Solages había trabajado brindando seguridad a la Embajada de Canadá en Haití, y que prestó servicio de seguridad para magnates haitianos, unos de ellos Reginald Boulos, vinculado en dos golpes de estado en Haití en 1991 y 2004 y para Dimirtri Vorbe, quien fue acusado por Moïse de pertenecer a un grupo de oligarcas que habrían intentado asesinarlo. En cuanto Vincent Joseph se sabe mucho menos, según la información suministrada por autoridades haitianas dieron a conocer que vive o vivía en Miami y que se encontraba en el país desde hacía ya 6 meses.

Entre los mercenarios colombianos se encuentran militares retirados que llegaron a altos rangos: el caso de Carlos Giovanni Guerrero Torres, teniente coronel; Germán Alejandro Rivera García, capitán; Ángel Mario Yarce Sierra, sargento y varios ex soldados con un amplio entrenamiento a la hora de su jubilación. Entre estos destaca el nombre de Manuel Antonio Grosso Guarín, quien hasta el 2019 fue uno de los militares mejor preparados del Ejército colombiano. Llegando a recibir un entrenamiento de Comando Especial, con instructores estadounidenses y quien había sido asignado desde el 2013 al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. La razón por la cual destaca su nombre es que Grosso Guarin, es primo del asesor presidencial de seguridad nacional del gobierno de Iván Duque, Rafael Guarín.

Así mismo, los tres mercenarios colombianos abatidos por la Policía haitiana el mismo día del asesinato de Moïse fueron el sargento viceprimero Duberney Capador Giraldo; Mauricio Javier Romero Medina, quien llegó a ser sargento primero en el Ejército Nacional y el soldado profesional retirado, Miguel Guillermo Garzón. También se conoció que uno de los arrestados en Haití, el exmilitar Francisco Eladio Uribe Ochoa, estaba compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por lo tanto no podía salir del país sin su autorización, vinculado a las ejecuciones de civiles, ‘falsos positivos’.

Por otra parte, el Pentágono confirmó, que parte de los soldados colombianos acusados del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, sin precisar quienes, recibieron entrenamiento militar por parte de Estados Unidos. Según informa el diario The Washington Post, tras recibir un comunicado del teniente coronel Ken Hoffman, portavoz del Ejército. El Pentágono revisó las bases de datos de entrenamiento y encontró que algunos de los individuos colombianos detenidos como parte de la investigación del asesinato de Moïse, participaron en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos, mientras estos servían como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia. Recordemos que los Estados Unidos como aliado estratégico del Gobierno colombiano ofrece de forma habitual formación a tropas nacionales, a través de su colaboración en luchar contra los carteles de la droga, las guerrillas y los grupos paramilitares.

Además, hay que destacar que las empresas que contratan mercenarios y el gobierno que se los permite se compromete en planes contra la soberanía de otros países, que serían además crímenes de agresión a la luz del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional.

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Los contratistas de los mercenarios y los autores intelectuales del asesinato

Hasta ahora, 44 personas han sido detenidas por el magnicidio, entre ellas los 18 colombianos señalados como parte del comando que ejecutó el plan, así como los 12 guardias del presidente Moïse. Entre otros se señala como autores intelectuales a las siguientes personas.

  • Antonio Enmanuel Intriago Valera:

Un migrante venezolano radicado en la Florida, EE.UU., señalado de haber contratado la empresa que dirige, CUT Segurity, para equipar y costear los viajes de los militares colombianos que habrían asesinado al presidente Moïse

  • Walter Veintemilla:

Ecuatoriano residente el la Florida, que dirige Worldwide Capital Lending Group, quien está señalado de financiar a través de su firma Christian Emmanuel Sanon y Antonio Intriago, el primero señalado como uno de los autores intelectuales y al segundo de su participación en el asesinato del mandatario haitiano. A pesar de sus negativa en conocimiento de los que sucedería se ha conocido que Veintemilla participó junto con Intriago en una reunión que tuvo lugar a principios de mayo de este 2021 en Fort Lauderdale, Florida.

  • Claude Joseph:

Es quien hasta hace poco fue el Primer ministro interino de Haití, es señalado por las investigaciones del FBI y las autoridades haitianas como uno de los principales autores intelectuales del asesinato de Jovenel Moïse. Cuyo interés principal según las declaraciones era convertirse en el nuevo presidente de Haití tras el asesinato.

  • Christian Emmanuel Sanon:

Es un Médico, pastor y empresario nacido en Haití, residente en la Florida, Estados Unidos. Fue detenido como sospechoso, tras ser señalado por las investigaciones del FBI y las autoridades haitianas como uno de los autores intelectuales del asesinato de Jovenel Moïse. Es quien se reúne inicialmente con la CTU para el reclutamiento de mercenarios. Según las investigaciones Sanon, en compañía de guardaespaldas, había llegado en un avión privado a Haití a inicios de junio.

  • Joseph Felix Badio:

Es exministro de Justicia de Haití, es señalado por las investigaciones del FBI y las autoridades haitianas como uno de los principales autores intelectuales del asesinato de Jovenel Moïse. Badio se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades haitianas, quienes aseguran que es la persona más peligrosa de toda la operación.

Ariel Henry es el Primer Ministro de Haití, el Fiscal Bed-Ford Claude a cargo de la investigación pidió al juez Garry Orélien que presente cargos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país. Según los registros telefónicos Henry se comunicó con Joseph Felix Badio dos veces después del asesinato.

  • Dimitri Hérard:

Era el jefe de seguridad general del Palacio Nacional de Haití, de quien se encontró que voló 7 veces entre Colombia, Ecuador y Panamá meses antes del asesinato. De este modo, la Policía investiga si Hérard tuvo algún rol en el reclutamiento de los mercenarios. El pasado 15 de julio, fue puesto bajo custodia policial. Hérard tenía sobre sí los ojos de varias agencias de seguridad internacional como la DEA y el FBI, debido a sospechas por tráfico de armas. Las autoridades tienen bajo observación todos los movimientos y registros de comunicaciones para establecer si hubo contactos directos o a través de terceros con los exmilitares o con la empresa estadounidense CTU.

Arcángel Pretelt Ortíz:

El nombre de este colombiano figura tanto en las investigaciones del FBI como de la Policía de Haití y de autoridades colombianas, dentro de la lista de presuntos involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Pretelt es vinculado en la investigación por su contacto con la firma CTU Security y porque habría asistido a las encuentros en Florida, previos al asesinato del mandatario.

Este fue propietario de una consultoría militar, Taktical Consulting Corp. en Doral, Florida, EE.UU. Pretelt, quien es nacido en Cali, es un ex miembro del Ejército colombiano quien asegura a sus amigos que está en los Estados Unidos por haber colaborado en una investigación federal.

Las visitas a Colombia del jefe de seguridad del presidente Moïse

Dimitri Hérard, quien desde el 2017 es el jefe de seguridad del asesinado presidente de Haití, Juvenel Moïse, en estos momentos se encuentra detenido y procesado por la justicia haitiana e investigado por las autoridades estadounidenses por ser sospechoso de estar vinculado con el magnicidio del mandatario haitiano. Hérard, que ya estaba en la mira de las agencias de seguridad e inteligencia FBI y DEA por tráfico de armas.

Ante lo sucedido y con el fin de esclarecer cabos sueltos las autoridades tienen bajo la lupa todos los movimientos y registros de comunicaciones para establecer si hubo contactos directos, a través de terceros con los exmilitares o con la empresa estadounidense CTU Security, que contrató a los mercenarios. Todo estas sospechas toman fuerza debido que ante las autoridades del país caribeño aseguró que no hubo ninguna respuesta o confrontación del cuerpo de seguridad del Presidente contra los hombres que entraron a la residencia y acabaron con la vida de Moïse.

Las autoridades necesitan establecer cual es la conexión de un total de 7 viajes de Hérard a países de suramericanos en lo que iba del 2021. Siendo el primero uno correspondiente al 19 de enero cuando ingresó a Colombia por Bogotá y el último el 29 de mayo cuando regresó el día anterior de Quito, camino a Santo Domingo y posteriormente a Puerto Príncipe. Hérard en sus viajes siempre tuvo una estancia de por lo menos un día en la capital colombiana antes de dirigirse a su destino final. Para los investigadores esto es algo que levanta sospechas teniendo en cuenta la nacionalidad y residencia de los hombres contratados por la firma CTU, empresa con la que tenía vínculos.

Las investigaciones han arrojado que Hérard se reunió el 6 de mayo de 2021 en Santo Domingo con dos de los exmilitares: Duverney Capador, dado de baja por las autoridades haitianas y Jhon Jairo Ramírez Gómez, capturado junto a otros por la Policía de es país. Además, el último regreso de éste a la isla se realizó 7 días antes del vuelo de los exmilitares colombianos que se desplazaron a Puerto Príncipe por Punta Cana, el 4 de junio. Así fueron las rutas de viaje de Hérard: 19 de enero (Bogotá-Rep. Dominicana), 20 de enero (Bogotá-Ecuador), 1 de febrero (Ecuador-Bogotá-Rep. Dominicana), 22 de mayo (Rep. Dominicana-Bogotá), 23 de mayo (Bogotá-Ecuador) y 29 de mayo (Bogotá-Rep. Dominicana).

La empresa en Colombia señalada de reclutar a los ex militares que asesinaron al presidente de Haití y su vinculo con la Registraduría Nacional de Colombia.

ID Systems es una de las firma que estaría involucrada en el reclutamiento de los mercenarios que cometieron el magnicidio del presidente de Haití, esta firma ha estado vinculada con Academi, antes Blackwater, en anteriores contrataciones como lo mencionamos antes.

Contrataciones con la Registraduría Nacional de Colombia

A través de una publicación presentada por la revista Semana, el 19 de marzo del 2010, se conoció que ID Systems ha pasado a través de los años por los nombres de Erisan LTDA, ID Systems (el más sonado ahora) y vinculada también con Fortox S.A. Esta firma ha estado inmersa en los sonados casos de reclutamiento de mercenarios en varias oportunidades: 2006 y 2011.

Esta empresa contrató con la Registraduría Nacional, fue una de las empresas encargadas del conteo electoral en las elecciones legislativas de Colombia en 2010, celebradas el domingo 14 de marzo para la elección de senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República.

En estos comicios se presentaron varias problemas relacionados con el retraso en el conteo de los votos, principalmente en la ciudad de Bogotá, en donde era la encargada de trasmitir la información electoral. Pero mientras en el resto del país a las 11 de la noche del día electoral se tenia un escrutinio del 70%. en Bogotá era del 40% y en el Magdalena, donde también ID Systems era la encargada, era del 19%. Tres días más tarde el Consejo Nacional Electoral ordenó a esta firma detener los escrutinios hasta que reemplazara su software por uno más adecuado y finalmente ID Systems decidió delegar el trabajo a otra compañía. En aquel entonces en busca de una explicación por parte del representante legal y gerente de la compañía, José Arturo Zuluaga, los medios no pudieron tener ningún pronunciamiento debido a que desde la empresa informaron que este «habían salido de puente fuera del país a un merecido descanso». Nadie más accedió a hablar sobre este tema.

En esta misma nota periodística se dio a conocer que cuando esta empresa estaba registrada bajo el nombre de Erisan LTDA, logró un millonario contrato con la Registraduría para fabricar las cédulas de ciudadanía en los años 90. Llegando a producir unos siete millones de documentos de identidad entre 1993 y 2000. En esta ocasión hubo una controvertida situación, debido que al culminar el contrato Zuluaga no entregó las claves que le permitían al Estado acceder a los millones de datos que quedaron en la memoria de sus equipos. Este hecho suscitó varios escándalos al conocerse que información de los colombianos estaba llegando de forma clandestina a empresas de los Estados Unidos.

Los dos últimos contratos de ID Systems con la Registraduría se firmaron en 2018 uno en unión temporal con Euphorianet por $4.660.004.100.00 pesos, para “adquirir una solución tecnológica integral (Hardware y Software) que permita la conformación, el almacenamiento y la gestión segura de la información que conforma el Censo Nacional Electoral, así como la integración con el Archivo Nacional de la Identificación (ANI), en condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad”. Y el otro para prestar el servicio de auditoría externa a los diferentes componentes del proceso electoral para las elecciones de Congreso de la República y fórmula presidencial a celebrarse en el año 2018, por un valor de $2.271.616.883.00 pesos. Los dos contratos con ID Systems por casi 7 mil millones de pesos ¿Cómo es posible que con los antecedentes de esta empresa, se le haya contratado hasta el año 2018? [9]

Ante esta situación rondan muchas preguntas respecto a la seguridad de información estratégica del Estado colombiano, que involucra los datos de la ciudadanía y la transparencia de los procesos electorales, amen de una posible corrupción que habría alcanzado distintas administraciones de la Registraduría.

Nexos entre el gobierno colombiano, personas y empresas vinculadas al magnicidio.

Se ha conocido de las relaciones de Antonio Intriago representante de la empresa CTU Security con el mandatario colombiano Iván Duque, se reunieron en Miami, EE.UU., en febrero de 2018,. También se conoció que Intriago participó el 23 de febrero de 2019 del concierto en Cúcuta “Venezuela somos todos”, en donde formó parte del equipo de organización del evento con la Presidencia de Colombia, cuyo objetivo era desestabilizar el gobierno del país vecino.

Otra relación que deja sombras es la de Mauricio Grosso Guarín, primo de Rafael Guarín Cotrino, Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, quien reconoció que la información era cierta, pero así mismo, negó tener algún tipo vinculo con el mercenario. Expresando que no conoce ni ha tenido algún contacto con este, ni siquiera en el plano familiar.

 

Por otro lado, en medio de los señalamientos de aparentes conexiones en el magnicidio el Gobierno colombiano ha sido muy insistente en pedirle a Haití garantizar integridad física y psicológica de los detenidos, al igual que se le ha solicitado al las autoridades haitianas poder realizar visitas al país para conocer de primera mano la situación de los exmilitares y también poder iniciar la repatriación de los cuerpos de los 3 colombianos abatidos durante los operativos: Mauricio Javier Romero, Duberney Capador y Miguel Guillermo Garzón.

La férrea defensa del gobierno colombiano de los asesinos del presidente Moïse.

La insistente defensa de los mercenarios que acabaron con la vida del presidente haitiano por parte del Gobierno colombiano y su relación con una de las organizaciones contratantes de los mercenarios, deja muchas preguntas. Más allá de que es legítimo y necesario que el Estado colombiano se ocupe de la suerte de los colombianos detenidos, procesados o condenados en el exterior, que son miles de casos, lo que debe preocuparnos como nación es porque se asume por el gobierno de Iván Duque, que con el presupuesto público, se pague la defensa de los mercenarios colombianos.

Basta preguntarse ¿si los mercenarios responsables materiales del magnicidio hubiesen sido ex integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela, si su canciller, o vicepresidente o el gobierno al máximo nivel o su Presidente Nicolás Maduro, hubiesen desplegado visitas y anuncios como el de financiar con fondos públicos la defensa de los asesinos ¿como reaccionaría la comunidad internacional? ¿No sería tratado el Gobierno de Venezuela como un gobierno terrorista?

En el caso de los mercenarios la Canciller y Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez se ha apersonado del asunto de los exmilitares capturados en Haití con especial énfasis.

En primera instancia el gobierno de Colombia le solicitó a Haití recibir una visita oficial de las autoridades Colombianas. El acercamiento llegó el 27 de julio por parte del cónsul colombiano en ese país, Julio Santa, quien buscaba saber cuál era el estado de los retenidos y las condiciones en las que se encontraban. Ante la visita de Santa, la Cancillería comenzó a adelantar una misión humanitaria liderada por el vicecanciller Francisco Echeverri.

En medio de los preparativos para esta visita el 30 de Julio de 2021 la Cancillería a través de una carta enviada al embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, se mostró preocupada por la situación de los connacionales detenidos en ese país, tras informe consular, solicitando que se les brinde, a los colombianos, la asistencia jurídica a la que tienen derecho, así como la debida atención médica a quienes presentan lesiones físicas, a la vez que reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones que permitan esclarecer y castigar a los responsables del crimen contra el mandatario haitiano. Así mismo, hicieron de conocimiento público que el embajador de Colombia en República Dominicana concurrente para Haití, Daniel Cabrales, habría recibido instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para que visitará, al menos dos veces por semana, a los colombianos detenidos.

 

Ante esta misiva enviada a su despacho el embajador de Haití en Colombia, dio como respuesta a la carta que le envió el Gobierno, donde pedían más garantías para los connacionales que están detenidos en Puerto Príncipe por el magnicidio de Jovenel Moïse, que en su país se «respeta todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Simplemente lo que se está haciendo es un proceso robusto de un magnicidio donde el gobierno haitiano se está concentrando para determinar los diferentes participantes que tienen que ver con el hecho (…), pero no hay ninguna irregularidad» -SIC-.

Días después de estos pronunciamientos y tal como lo habían previsto, el 16 de agosto de 2021 partió la delegación a Haití, tan solo dos días después del terremoto que sacudió al país insular. La Cancillería informó que en la delegación encabezada por el vicecanciller Francisco Echeverri, estarían también Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales; dos funcionarios de la Embajada de Colombia en República Dominicana, y el Cónsul Honorario en Puerto Príncipe. El objetivo de esta visita consistió en verificar las condiciones en las que estaban los 18 exmilitares detenidos por el magnicidio de Jovenel Moïse; adelantar gestiones para la repatriación de los cuerpos de los tres exmilitares que fueron abatidos y brindar la asistencia jurídica a los detenidos y verificar que se les estuviese respetando el debido proceso.

Mientras eso sucedía, en el país las acciones y anuncios de la Canciller Martha Lucia Ramírez, han causado polémica, miles de colombianos están indignados con la decisión del Gobierno de pagar la defensa a los mercenarios. Pero la realidad es que la Cancillería está trabajando para encontrar y contratar un abogado internacional, que conozca la legislación haitiana para que con el apoyo de otro defensor haitiano defienda a los ex militares mercenarios, justificando su propuesta en que las autoridades haitianas están afectadas por la debilidad institucional e inclusive han manifestado el interés de que algún organismo internacional llevase ese proceso con toda la transparencia, la objetividad y las garantías del debido proceso.

Para concluir se hace necesario reiterar la pregunta ¿ Por qué miles de colombianos detenidos en el exterior no han corrido con la suerte de que el Gobierno ofrezca pagar sus defensas penales o ser visitados por altos responsables gubernamentales?

Por último debemos preguntarnos ¿por qué el Estado colombiano no ha ratificado aún la Convención de las Naciones Unidas contra los mercenarios aprobada en 1989? ¿Por qué la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no realiza escrutinio alguno sobre estas empresas, pese a todas las irregularidades que conlleva dicho proceso en perjuicio incluso de los derechos del personal contratado?

Con todo lo complejo que es la contratación de expertos en operaciones militares para ir a matar o ser muerto allende las fronteras, tal aspecto es apenas el reflejo de algo mucho más delicado que nos obliga a preguntarnos ¿qué pasa con los derechos de estas personas, con sus familias? ¿Cuántos han muerto, desaparecidos o detenidos en estas acciones en el exterior? ¿La participación de estos colombianos en este magnicidio no nos obliga como nación a replantearnos la formación que se da en las escuelas militares y de Policía? ¿ Cuál es el grado de colaboración oficial en esas operaciones? ¿ Qué rol juega la inteligencia del Estado?

Estas personas, estas vidas no les importan al régimen, son carne de cañón para intereses foráneos, son el producto de la descomposición institucional y moral de quienes sirven al Estado o mejor se sirven del mismo para oscuros intereses personales y foráneos, con una clase dominante y un gobierno prácticamente descompuestos, que no le tienen respeto alguno a su nación y a su propio pueblo.

Debo citar a Lézignan-Corbières, poeta haitiano que frente a las tragedias de su pueblo, escribe la esperanza “más allá de los ojos que todo lo perdieron/más allá de las vidas que la lluvia humilló/en la herida más viva del espíritu/la cicatriz va haciendo su obra de ternura/los inocentes pájaros aprenden a cantar/de nuevo en el silencio de las gentes.”

  1. https://www.semana.com/nacion/articulo/yair-klein-cuenta-su-historia/255142-3/
  2. https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article26959
  3. https://www.semana.com/nacion/articulo/atrapados-bagdad/80551-3/
  4. https://www.semana.com/opinion/articulo/sumercenario/240117-3/
  5. https://elpais.com/internacional/2008/04/07/actualidad/1207519218_850215.html
  6. https://www.nytimes.com/2015/11/26/universal/es/los-emiratos-envian-en-secreto-mercenarios-colombianos-a-combatir-en-yemen.html
  7. https://www.youtube.com/watch?v=c4M2kksHE-A
  8. https://actualidad.rt.com/actualidad/403644-colombianos-magnicidio-presidente-haiti-moise-torturas
  9. SECOP I – www.contratos.gov.co

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2 Comments on "MAGNICIDIO EN HAITÍ Y LOS MERCADERES DE LA MUERTE"

  1. Excelente artículo. Pleno de información certera.

  2. Es un excelente y muy completo análisis del doctor Luis Guillermo Pérez sobre los oscuros hechos y la participación de colombianos a todo nivel en este magnicidio y otros hechos también en contra de Venezuela

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