El martes 28 de junio de 2022, cuando aún le faltaban seis semanas para asumir, Gustavo Petro tuvo en sus manos el documento con que la Comisión de la Verdad cerró su mandato, y se comprometió a aplicar sus recomendaciones. Un informe de ese tipo no tiene efectos jurídicos. Su suerte depende de que alguien lleve la cuenta de qué se hizo con él, y para eso el sistema que dejó el acuerdo de paz previó un comité.
Quién lleva la cuenta
El Comité de Seguimiento y Monitoreo existe por el artículo 32 del Decreto Ley 588 de 2017 y empezó a funcionar con la publicación del informe. Lo integran siete personas que trabajan ad honorem, con una remuneración por sesión; sus recursos los administra la JEP. Su mandato es de siete años, hasta 2029, y su tarea es hacer seguimiento a las recomendaciones, hablar con las entidades y las organizaciones de víctimas y publicar informes periódicos.
Ha publicado seis. El primero salió en 2023, el segundo en 2024, el tercero se aprobó en noviembre de ese año, el cuarto circuló en 2025, el quinto se presentó en enero de 2026 y el sexto el 2 de julio.
Lo que midió el quinto
El quinto informe cruzó las recomendaciones con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, los PDET, que cubren los municipios más golpeados por el conflicto. Encontró dos tendencias que van en sentidos contrarios.
La pobreza multidimensional en esas zonas se redujo casi a la mitad entre 2018 y 2023, de 39,8 % a 23,7 %, con datos del DANE. En 2024 la tendencia se detuvo y el índice subió a 24,4 %. Al mismo tiempo, en 2025 los municipios PDET concentraron el 60 % de los desplazamientos del país y más del 65 % de los confinamientos. Son los mismos territorios en los que se medía el avance.
Lo que midió el sexto
El sexto informe, presentado el 2 de julio con datos hasta mayo de 2026, se concentró en las víctimas. El Registro Único de Víctimas ya supera los diez millones de personas. Según el comité, al ritmo al que hoy se asignan las indemnizaciones se necesitarían 62 años para indemnizar a todas, sin contar a quienes se sigan inscribiendo. En 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales.
El balance tiene también avances. El comité reconoce que el periodo dejó más normas a favor de las víctimas que ningún otro desde la Ley 1448 de 2011, la de víctimas, entre ellas la Ley 2421 de 2024, que reformó la 1448, y que hubo voluntad política para aplicar las recomendaciones. Su conclusión es que esa voluntad no tuvo detrás una arquitectura institucional suficiente, y que las víctimas siguen «pagando con sus vidas la promesa incumplida de la no repetición».
El cambio de gobierno
El sexto informe cerró sus datos en mayo, antes de la segunda vuelta presidencial. El 7 de agosto se posesionó Abelardo de la Espriella, que dio por terminados los procesos de diálogo con los grupos armados y les dejó como únicas salidas el sometimiento a la justicia o la confrontación con la fuerza pública. A finales de junio, ya elegido De la Espriella, la excomisionada Marta Ruiz advirtió que sus propuestas sobre drogas y seguridad iban en contravía de lo que la Comisión documentó.
El comité tiene mandato hasta 2029. Su próximo informe cubrirá ya los primeros meses del nuevo gobierno.