Investigación
La inteligencia militar colombiana y sus contratistas en los Panama Papers
Equipos de interceptación, contratos por miles de millones y sociedades offshore en los papeles de Panamá.
Investigación publicada el 16 de junio de 2020, firmada entonces por la unidad de investigación del medio. Cruza dos conjuntos de documentos: la contratación de equipos de inteligencia y comunicaciones del Ejército Nacional, y las estructuras societarias que aparecen en la filtración conocida como Panama Papers.
Qué se cruzó
El punto de partida son los contratos de adquisición de equipamiento técnico —radios de alta frecuencia, sistemas de interceptación y material asociado— celebrados por unidades del Ejército con un grupo reducido de proveedores. La investigación siguió los montos, que en el conjunto revisado van desde los 635 millones de pesos en los contratos menores hasta cifras de 9.500 millones, 6.300 millones y 2.400 millones en las adjudicaciones mayores.
El segundo conjunto de documentos son los registros de sociedades constituidas en jurisdicciones opacas que la filtración de 2016 puso a disposición pública. La investigación buscó allí los nombres de las personas que figuran en las juntas directivas y en la representación legal de esos proveedores.
Los nombres
El texto identifica a oficiales en activo y en retiro vinculados a las unidades contratantes, entre ellos los mayores Jimmy Alexander Mafla y Ricardo Augusto Gómez, y a intermediarios comerciales del sector, entre ellos Juan Pablo Reyes Quijano y el empresario Bercovich Shai, cuyas participaciones societarias aparecen en los registros filtrados.
La investigación no afirma que los contratos fueran ilegales. Lo que documenta es una concentración: un número muy pequeño de proveedores, vinculados entre sí y con estructuras en el exterior, adjudicatarios recurrentes de la compra de material sensible para una función estatal que por definición se ejerce en secreto.
Por qué importa el detalle contractual
El argumento de fondo del texto es que la opacidad de la inteligencia militar —justificada por la naturaleza de la función— se ha extendido hacia atrás, hasta cubrir también quién le vende los equipos y en qué condiciones. Un sistema de interceptación comprado a través de una cadena de sociedades que termina en una jurisdicción sin registro público es un sistema cuyo mantenimiento, actualización y acceso quedan fuera de todo control civil.
Esa observación resultó menos abstracta dos años después, cuando las revelaciones sobre el uso de material de espionaje contra periodistas y magistrados volvieron a poner el asunto en la agenda.
Qué queda pendiente
El texto cierra enumerando lo que no pudo establecerse con los documentos disponibles: el destino final de varios equipos, si hubo o no órdenes de interceptación asociadas, y qué unidades los operaron. Ninguna de esas preguntas obtuvo respuesta pública posterior.