Desobedecer en defensa de la vida

Columna de julio de 2020, firmada en su edición original por María José Pizarro, sobre los límites del deber de obediencia durante la emergencia sanitaria.

El planteamiento

El texto parte de una constatación incómoda: que la pandemia produjo una aceptación casi automática de las órdenes de la autoridad, y que esa aceptación se extendió más allá de las medidas sanitarias hasta cubrir decisiones económicas y políticas que nada tenían que ver con la salud.

La columna sostiene que desde marzo de ese año se habían agotado los mecanismos institucionales disponibles —debates de control político, denuncias, propuestas alternativas— sin resultado, y que ante la ausencia de respuesta corresponde plantear la cuestión de la desobediencia.

Los términos del argumento

La tradición que invoca es explícita: la desobediencia civil de Mahatma Gandhi y la del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos encabezado por Martin Luther King. De ambas retiene tres condiciones que el texto considera indispensables: que sea pública, que sea no violenta y que quien la ejerce acepte las consecuencias legales de su acto.

Esa delimitación es lo que separa el argumento de una simple justificación del incumplimiento, y es la parte del texto que más se citó.

Lo que se reprocha al Gobierno

La columna enumera las decisiones que a su juicio invalidan la exigencia de obediencia: la orientación de los alivios económicos hacia el sector financiero antes que hacia los hogares, la contratación de emergencia adjudicada sin concurrencia, y la ausencia de renta básica para los millones de trabajadores informales que el confinamiento dejó sin ingreso.

El adjetivo que emplea para la autoridad —ilegítima— no se refiere a su origen electoral sino al ejercicio: la tesis es que una autoridad que en una emergencia protege primero a quienes financiaron su campaña pierde el título moral para exigir sacrificio.

Cómo leerlo hoy

Se publicó diez meses antes del paro nacional de 2021. Varios de los argumentos que aquí aparecen en abstracto se convirtieron entonces en la discusión pública central del país, con la diferencia de que en 2021 el debate ya no era teórico.