FRACASO DE LA MOCIÓN DE CENSURA, LICENCIA PARA MATAR

 

Por: Luis Guillermo Pérez Casas,defensor de Derechos Humanos y promotor de la paz


“Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte”
Gabriel García Márquez

Manuel Saturio Valencia Mena, afrodescendiente, intelectual, abogado y dirigente popular colombiano, fue la última persona en ser “legalmente” ejecutada en Colombia, el 7 de mayo de 1907 en Quibdó, Chocó. Manuel Saturio fue el primer afrocolombiano admitido en la Universidad del Cauca, estudiando Derecho. Manuel Saturio fue autodidacta, profesor de música y canto, fue juez y personero municipal siendo considerado como el primer literato negro de la región.

El crimen de Manuel Saturio fue enamorarse de una joven de raza blanca llamada Deyanira Castro, cuyo amor hizo superar el rascismo, quedó embarazada y para la poderosa familia blanca que no se quería emparentar con un negro, la solución fue eliminar a aquel ser humano con un montaje judicial. El primer día de mayo de 1907, lo embriagaron con vino, le quitaron sus documentos y algunas de sus prendas, y fueron hasta la Carrera Primera de Quibdó y provocaron un incendio sobre dos viviendas con techos de Paja, y después salieron del lugar. Entre las cenizas fueron recuperados el cinturón de Manuel Saturio, y unos documentos con su nombre.

El Artículo 29 de la Constitución de Colombia de 1886 expresaba explícitamente lo siguiente:

“Artículo 29. Sólo impondrá el Legislador la Pena Capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, a saber: Traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército”. El juicio fue sumario, transcurrieron seis días entre los hechos y la condena. Lo acusaron de haber incendiado la Calle primera de Quibdó, fue condenado a muerte por fusilamiento, hecho que se efectuó el 7 de mayo de 1907.

La pena de muerte se abolió definitivamente en Colombia de acuerdo con el Acto Legislativo No. 3 de 1910. Ratificada su prohibición en el artículo 11 de la constitución política de Colombia de 1991 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

Además de estar consagrada constitucionalmente la prohibición de la pena de muerte, Colombia ratificó el 5 de agosto de 1997 el «Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte». Luego el 13 de septiembre de 2010, se promulgó la Ley N ° 1410 de 2010, por la que se aprueba el «Protocolo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la Pena de Muerte».​ En este protocolo se establece que «todos tienen el derecho inalienable de respetar la vida y que este derecho no puede suspenderse por ningún motivo» y que «la aplicación de la pena de muerte tiene consecuencias irreparable que impide la recuperación de cualquier error judicial y elimina la posibilidad de corrección y reeducación del acusado».

A pesar de ello, la pena de muerte se viene realizando hace mucho tiempo a través de asesinatos selectivos y sistemáticos, sin fórmula de juicio alguno, donde desde escenarios de poder se ha decidido la eliminación de personas que, según valoración de personas adscritas a los aparatos de seguridad del Estado, deciden que son “blancos” a ser atacados al ser clasificados como enemigos del statu quo[1]. Los asesinatos selectivos se han acompañado también de masacres como las de Riofrío, Mapiripán, El Salado y muchas otras en que se ha afectado indiscriminadamente a la población, elegida como víctima para “quitarle el agua al pez”, causando inmenso terror y obligando al desplazamiento de millones de personas, unida a otra práctica de extrema inhumanidad como la desaparición forzada y la tortura de personas que llevó al constituyente a proscribirlas como ejercicios repudiables de terror consagrada en el art. 12 de la Constitución Política “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Sin embargo con ocasión del Paro Nacional del 28 de abril, las multitudinarias manifestaciones pacíficas y la extensión de bloqueos ciudadanos en ciudades y carreteras, con repudiables hechos de violencia al margen que han llevado a la destrucción de bienes públicos y privados, con provocaciones de la propia fuerza pública, se ha construido una narrativa en torno al “vándalo” que estaría financiado por fuerzas extranjeras, organizaciones narcoterroristas, con el objetivo de generar el caos y romper el orden constitucional.

Esta narrativa acompañada de la manipulación mediática ha conducido a la deshumanización del represor y del reprimido. El vándalo se convierte en blanco a ser golpeado, torturado, judicializado, asesinado o desaparecido, entra en la zona oscura de los no derechos. Lo que creíamos era un lapsus de la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez cuando declaró el 4 de mayo de 2021 “ Derechos Humanos solo existen si ciudadanos observan deberes para ser parte de la sociedad”, se convirtió en una consigna gubernamental, derechos humanos si para los amigos del gobierno, para la autodenominada “sociedad de bien”, para los demás, los “vándalos” que protestan, la represión violenta, legal e ilegal, ilegítima.

La pena de muerte se impone indiscriminada, acompañada de una estrategia aún más perversa que convierte el Estado en un Estado paria, estimulando el paramilitarismo urbano, hombres de civil, usando armas de largo y corto alcance, disparan a matar a quienes protestan amparados por la policía, amparados por la impunidad que les propicia el régimen, por los medios de comunicación que entrevistan a estos asesinos para presentarlos como ciudadanos de bien, indignados, que se defienden frente a los vándalos.

La narrativa del exterminio está en curso, si usted protesta puede ser asesinado, puede ser desaparecido, puede ser torturado, privado de su libertad y criminalizado. El diálogo y la negociación se transforman en estrategia de desgaste gubernamental, para culpar de toda la violencia desatada y por desatar a la oposición política, mientras la militarización avanza para generar una mayor violencia, quieren desatar una guerra civil para impedir el proceso electoral y destruir la democracia.

El fracaso de la moción de censura, del presidencialismo al autoritarismo

Nuestra Constitución Política contempla un mecanismo de control político esencial del presidencialismo, a través del artículo 135 en su numeral noveno, determina dentro de las funciones asignadas a cada una de las cámaras que compone al legislativo colombiano la de proponer la moción de censura contra los ministros en los siguientes términos “Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-198 de 1994 precisó sobre este mecanismo:

“Originaria del sistema de gobierno parlamentario, el Constituyente de 1991 introdujo la moción de censura en el Estatuto Superior vigente, con el fin de consagrar un mecanismo más efectivo que comprometa la responsabilidad política de los ministros. La moción de censura procede exclusivamente contra los Ministros del Despacho, y no contra ninguna otra autoridad política o administrativa… Con todo, debe anotarse que la facultad del órgano legislativo de vigilar políticamente algunas actuaciones del gobierno, encuentra fundamento en los poderes que los sistemas democráticos liberales le han conferido al parlamento o al Congreso para que ejerza un real contrapeso al órgano ejecutivo del poder público”.

El lunes 24 de mayo la plenaria del Senado de la República citó en audiencia al Ministro de la Defensa para ser requerido y cuestionado por los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública que él dirige, en su intervención el ministro describió un país que era muy distante al país expresado en las calles, habló sobre un ejercicio del poder en el control del orden público inexistente.

Manifestó el ministro al comenzar su discurso de descargos

“Quiero mandar un mensaje de afecto, de aprecio a todos los jóvenes que están marchando en las calles de Colombia, tienen ellos una voz que quiere ser oída y hay una fuerza pública que garantiza la protesta pacífica…”

La contra evidencia en centenares de videos que han recorrido el mundo, hablan por si solos, el Estado colombiano convertido en un Estado que impone la pena de muerte de manera extrajudicial por cuenta de un gobierno más que inepto, abiertamente autoritario, ahogando en sangre la protesta social, sin mecanismos de control y una justicia reducida, ha merecido el rechazo unánime de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del gobierno de los Estados Unidos y de parlamentarios de muchos países más.

Molano en uso de gran cinismo, aseveró que la Constitución de 1991 y los derechos de los manifestantes en el territorio nacional se han mantenido incólumes porque las fuerzas policiales “Los han cuidado”, “Colombia es una democracia sólida” -afirma el Ministro-, como si fuese suficiente una buena actuación retórica para eludir sus responsabilidades políticas y judiciales.

“TEMBLORES ONG” en su reporte más reciente del 02 de junio del año en curso divulgó que desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo ha registrado 3.789 casos de violencia cometida por miembros de la fuerza pública denunciados por la ciudadanía,1248 víctimas de violencia física, 45 homicidios, 23 más en curso de investigación sobre identificación de responsabilidades,1649 detenciones arbitrarias cometidas contra la ciudadanía en general que se presentó en las diferentes manifestaciones pacíficas, 705 intervenciones violentas por parte de los miembros de la fuerza del Estado, 65 víctimas de lesiones oculares, 187 casos en los que se presentó uso y accionamiento de armas de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia por su condición de género. Sin contar centenares de denuncias de desaparición forzada.

Sin embargo el Congreso de la República renunció a su facultad constitucional de controlar los abusos gubernamentales para pasar a respaldar con las fuerzas políticas mayoritarias al gobierno y al cuestionado ministro. Primero el Senado con una votación de 31 votos por la moción de censura contra 63 votos en contra, luego en la Cámara los votos a favor de la impunidad política del ministro Molano fue de 109, contra 36 votos que demandaban su destitución. Fracasada la moción de censura, Colombia entera se sumerge en las sombras del no derecho, el régimen se siente con licencia para matar, mientras pasando saliva ensangrentada machacan los derechos humanos en discursos oficiales.

Fracasada la moción de censura, el gobierno se ha permitido incluso cuestionar el preacuerdo de 34 medidas para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica al que habían llegado sus funcionarios con el Comité del Paro el 24 de mayo, el gobierno el 29 de mayo propuso

cambios regresivos en prácticamente todo el texto. El 28 de mayo el gobierno expidió el Decreto 575 que en distintas regiones del país en la práctica somete las autoridades democráticamente al poder militar, cerrando la vía del diálogo allí donde las autoridades municipales o regionales buscan una salida negociada a los cortes de rutas.

Estancar las negociaciones se ha convertido en parte de la estrategia de represión, mientras pretende socavar la credibilidad de la oposición política, culpando como lo ha hecho el propio Presidente de la República, a quien encabeza las encuestas, el senador Gustavo Petro, como responsable de su fracaso gubernamental, señalándolo como lo hace el partido de gobierno de incendiar el país. No dos casas de paja, como las que incendiaron para condenar a muerte a Manuel Saturio Valencia, sino sindicarlo de incendiar el país entero, lo que en la práctica significa un estigma que invita a que cualquier “ciudadano de bien” se sienta legitimado por el discurso oficial para asesinar al hombre político que representa una posibilidad democrática en la alternancia del poder.

La llamada gente de bien, la que defiende el statu quo, el partido de gobierno, llama a incrementar la represión, la violencia les ha sido útil para acumular poder político y económico, para ocultar la corrupción, para evadir impuestos, para asegurar la impunidad estructural de sus propios crímenes. Mas las estrategias de miedo, de terror, de segregación, de odio de clases, de exclusión, de exterminio ya no son suficientes para detener la movilización social de millones de personas, que en resistencia pacífica, están transformando profundamente a Colombia. No hay que permitirles que con el uso de la violencia, ahoguen en sangre a todo un país. Urge que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional transforme el examen preliminar sobre Colombia en una investigación formal sobre los determinadores por acción y/u omisión de los crímenes de su competencia. Urge un pacto social. Urge construir una primera línea en Colombia y a nivel internacional para defender la vida, las libertades y la democracia en Colombia.

  1. Asesinatos como el de Jaime Garzón Forero, el de Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle Jaramillo, Elsa Calderón, Mario Alvarado y muchos más como el genocidio contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica fueron decididas y ejecutadas por órdenes militares, ejecutadas a través de sicarios del paramilitarismo.

 

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