Economía
El crédito informal en Colombia: quién presta cuando no presta el banco
El gota a gota no es un problema financiero. Es un problema de seguridad que se contabiliza como si fuera financiero.
Las mediciones del DANE llevan más de una década registrando el mismo hueco: dos de cada cinco hogares del país quedan fuera del sistema de crédito regulado. La cifra suele presentarse entre los indicadores de bancarización, en la sección que los informes reservan al desarrollo financiero, y leída ahí parece un asunto técnico que se corregirá con el tiempo.
Visto desde el otro lado es otra cosa. Los hogares que quedan fuera siguen teniendo las mismas urgencias —una matrícula, una reparación, un mes malo— y las resuelven de todos modos. Lo que cambia no es si consiguen el dinero, sino a quién se lo deben, y esa diferencia no se mide en puntos de tasa.
Cómo funciona
El préstamo informal más extendido en Colombia se llama gota a gota y su mecánica es sencilla. Un prestamista entrega una cantidad pequeña —cien mil, quinientos mil pesos— sin papeles, sin consulta a centrales de riesgo y con desembolso inmediato. La devolución es diaria, en cuotas fijas, durante veinte o treinta días, y el cobrador pasa en moto.
La tasa efectiva de esas operaciones se sitúa habitualmente entre el veinte y el treinta por ciento mensual, según los estudios de las secretarías de gobierno de las principales ciudades. Anualizada, supera con holgura el trescientos por ciento y multiplica por varias veces la tasa de usura que fija trimestralmente la Superintendencia Financiera.
Quien toma ese préstamo casi siempre sabe que es caro. Lo toma porque el mercado formal no le ofrece nada: sin historial crediticio, sin contrato laboral, sin extractos, la respuesta del banco no es una tasa alta, es un no.
Por qué es un asunto de seguridad
Aquí es donde el asunto deja de parecerse a una discusión sobre tipos de interés.
El gota a gota no se cobra por vía judicial, porque no hay título que ejecutar. Se cobra por la amenaza, y la amenaza tiene que ser creíble para que el modelo funcione. Las fiscalías de Bogotá, Medellín y Cali han documentado durante años la relación entre esas redes de préstamo y estructuras dedicadas a la extorsión, con las mismas personas cobrando ambas cosas en el mismo barrio.
El préstamo, en ese esquema, no es el negocio: es el mecanismo de entrada. Coloca dinero en un hogar y crea una deuda impagable que después se cobra en otra moneda —silencio, uso de la vivienda, transporte de encargos, la vinculación de un hijo.
Es el mismo patrón que este medio ha documentado en otros contextos: una economía ilegal que no se sostiene por la violencia, sino que produce violencia porque la necesita para operar.
Lo que se ha intentado
Las respuestas han sido casi siempre policiales, y casi siempre insuficientes por una razón estructural: desarticular una red de gota a gota no elimina la demanda que la sostiene. La deja disponible para la siguiente.
Las alternativas que sí han mostrado resultados son de otro orden. Los programas de microcrédito de las cooperativas y de la banca de las oportunidades han demostrado que el riesgo de esa población es perfectamente asegurable cuando se evalúa con la información adecuada; el problema nunca fue que no pagaran, sino que el sistema no sabía mirarlos.
El crédito digital ha empezado a ocupar parte de ese espacio, con la ventaja de que evalúa con datos distintos a los que exige una sucursal y el riesgo de que reproduzca, con mejor presentación, las mismas condiciones abusivas. Lo que separa a quienes ofrecen préstamos personales bajo licencia en la región del cobrador que pasa en moto no es el canal ni la velocidad: es que publican lo que cuesta el crédito antes de que nadie firme, y quedan sujetos al techo de tasa que fija el supervisor.
Esa es la distinción que importa, y no es la de digital contra tradicional. Es la de un prestamista al que se le puede reclamar frente a uno al que no.
La cuenta que falta
Lo que no existe en Colombia es una estimación oficial del tamaño del mercado informal de crédito. Hay estudios locales, hay operativos, hay cifras de extorsión. No hay una cuenta nacional.
Mientras no la haya, esos hogares seguirán apareciendo en los informes como una carencia del sistema financiero. Son también, y sobre todo, la medida exacta de un mercado que alguien más lleva años atendiendo sin que nadie lo cuente.