Economía
El gobierno Duque dejó desfinanciado el ICBF por más de 400 mil millones de pesos
En agosto de 2022, el director encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar advirtió que los programas de la entidad quedaban en riesgo por un desfinanciamiento heredado que superaba los 460 mil millones de pesos.
El desglose
Según la información reportada entonces —difundida inicialmente por Noticias Uno—, el faltante se componía de varias partidas: alrededor de 231.854 millones en el programa de primera infancia, 7.418 millones en protección, y sumas del orden de 50 mil millones y 35 mil millones en otros componentes del presupuesto de la entidad.
Qué significa en la práctica
El ICBF opera principalmente mediante contratos con operadores que prestan el servicio en el territorio: hogares comunitarios, centros de desarrollo infantil, programas de alimentación y unidades de protección para niños retirados de sus hogares por orden judicial.
Un desfinanciamiento en esas partidas no se traduce en un ajuste administrativo sino en cupos que no se abren y en contratos que no se renuevan a mitad de año. La población afectada es, por definición, la de menor capacidad de reclamar.
El mecanismo presupuestal
El asunto que la nota subraya no es la cifra sino el procedimiento. Un presupuesto puede aprobarse con apropiaciones inferiores a las necesarias para sostener los programas ya en marcha, dejando el ajuste al gobierno siguiente. La operación es enteramente legal y no aparece como recorte en ningún documento.
De ahí que el debate sobre la cifra —que la administración saliente disputó— importe menos que la constatación de que el mecanismo existe y se usa.
Lo que siguió
El Gobierno entrante tramitó una adición presupuestal ese mismo semestre. La discusión sobre la financiación estructural de la primera infancia continuó en los debates de presupuesto posteriores.
Por qué cuesta tanto discutirlo
Un faltante presupuestal no produce imágenes. No hay puerta cerrada que fotografiar ni fila que grabar: hay cupos que no se abren en municipios donde nadie estaba contando cuántos había, y contratos de operador que no se renuevan en marzo sin que ningún acto administrativo lo anuncie.
Por eso estas cifras suelen conocerse tarde y por boca de quien hereda el problema, no de quien lo dejó. Y por eso la discusión que sigue es casi siempre sobre el número —si son 460 mil millones o menos— y casi nunca sobre el mecanismo que permitió aprobar un presupuesto insuficiente para sostener programas que ya estaban en marcha.