Economía
La Superintendencia Financiera ratifica multa millonaria contra un banco del Grupo Aval
En noviembre de 2020 se conoció que la Superintendencia Financiera de Colombia había ratificado una multa de 500 millones de pesos contra el Banco de Occidente, del Grupo Aval, por incumplir los controles de prevención de lavado de activos y por no reportar esas irregularidades a las autoridades.
La resolución
La decisión se adoptó mediante la resolución 0899, del 13 de octubre de 2020, firmada por la Superintendencia Delegada para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que confirmó la sanción impuesta previamente y resolvió el recurso presentado por la entidad.
El caso se conoció públicamente a través del portal La Nueva Prensa, en un trabajo de los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén.
Por qué es relevante
El Grupo Aval es el mayor conglomerado financiero colombiano y, en las fechas de esta resolución, atravesaba además un proceso ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos relacionado con el caso Ruta del Sol y los pagos de Odebrecht, en el que su filial de infraestructura terminó acordando el pago de sanciones ante autoridades estadounidenses.
La proporción es la parte del asunto que la nota subraya. Una multa de 500 millones de pesos —del orden de la retribución mensual de un alto ejecutivo del sector— impuesta a una entidad cuyas utilidades anuales se miden en billones no opera como disuasión sino como coste operativo.
El punto de fondo
El régimen colombiano de prevención de lavado descansa en que las entidades financieras reporten operaciones sospechosas. Cuando la infracción sancionada consiste precisamente en no haber reportado, la sanción está corrigiendo el fallo del mecanismo que sostiene todo el sistema, y su cuantía debería reflejarlo.
Cómo se supo
La resolución no se anunció mediante comunicado. Se conoció porque dos periodistas la localizaron y la publicaron, un mes después de firmada.
Las decisiones sancionatorias de la Superintendencia Financiera son públicas pero no se difunden activamente, y su localización exige saber qué se busca. Esa asimetría —actos públicos que en la práctica solo encuentra quien ya sospecha que existen— es una parte poco discutida del régimen de supervisión financiera colombiano.