Judicial
Memoricidio: borrar la historia como estrategia de impunidad
Destruir el archivo no borra el crimen, pero sí la posibilidad de probarlo.
Análisis jurídico publicado en septiembre de 2020, firmado en su edición original por el investigador Jorge Aguilera. Trata un asunto que rara vez llega a los titulares: qué ocurre con la responsabilidad penal cuando desaparecen los papeles.
El derecho que está en juego
El texto parte del derecho de las víctimas de delitos atroces a conocer la suerte de sus familiares desaparecidos, apoyándose en el trabajo de la investigadora Palma Florián sobre la desaparición forzada. Su argumento es que ese derecho no se agota en la localización de un cuerpo: comprende el derecho más amplio a establecer la verdad sobre los crímenes, es decir, quién los ordenó, quién los ejecutó y con qué estructura.
Ese derecho está amparado por el Derecho Internacional Humanitario y por la jurisprudencia interamericana, y de él se deriva una obligación estatal concreta: conservar los archivos que permitan ejercerlo.
El concepto
De ahí sale el término que da título al texto. El memoricidio no es el olvido natural que produce el tiempo, sino la eliminación deliberada de los soportes que permitirían reconstruir lo ocurrido: expedientes que se pierden, archivos de inteligencia que se depuran, series documentales que se declaran reservadas hasta que la reserva sobrevive a los responsables.
El argumento jurídico del análisis es que esa eliminación constituye una forma autónoma de impunidad, distinta de la falta de investigación, y que debería tratarse como tal. Destruir la prueba no es un delito accesorio cuando lo que se destruye es la única posibilidad de probar el principal.
Los casos colombianos
El texto recorre episodios concretos de la gestión documental del Estado: la situación del Archivo General de la Nación frente a los fondos de organismos de seguridad desaparecidos, las dificultades del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para acceder a series documentales en procesos de derechos humanos, y las controversias públicas sobre la reserva de archivos militares, en las que intervino entre otros la senadora María Fernanda Cabal.
Menciona también una partida de 5.000 millones de pesos asociada a la digitalización y custodia de fondos documentales, para ilustrar la distancia entre el costo de conservar y el costo social de no hacerlo.
Lo que propone
Tres medidas: que la destrucción de archivos con valor probatorio en casos de graves violaciones tenga tipificación propia; que los plazos de reserva no puedan exceder la vida útil de la investigación que obstaculizan; y que los fondos de organismos de seguridad disueltos pasen automáticamente a custodia civil.
Ninguna de las tres se adoptó. La discusión se reabrió dos años después, durante el trabajo final de la Comisión de la Verdad.