Líderes sociales
¿Quién nos está matando?
La pregunta se hacía en las marchas. La columna intentó contestarla con cifras presupuestales.
En agosto de 2020, tras una seguidilla de masacres de jóvenes en el suroccidente del país, la pregunta del titular circulaba en pancartas y redes sin que ninguna autoridad la respondiera. Esta columna intentó una respuesta.
El punto de partida
El texto arranca con una comparación temporal. A finales de 2017, con el cese bilateral al fuego y la dejación de armas de las FARC en marcha y el ELN sentado en la mesa, los indicadores de muertes violentas, desplazamiento y víctimas de minas antipersonales habían caído de forma abrupta. La imagen que usa es concreta: los pasillos del Hospital Militar en aquella Navidad, con un solo herido donde antes llegaban cientos al mes.
La columna sostiene que ese descenso se revirtió deliberadamente, y que el regreso del uribismo al poder en 2018 fue la condición política del rebrote.
La tesis económica
La parte más específica del texto no habla de ideología sino de presupuesto. Recorre las cifras de la ejecución pública de esos años —38,2 billones de pesos en un renglón, 35 billones en otro, 22 billones, 8,7 billones, partidas de 530 mil millones y de 41 mil millones— para argumentar que la violencia en determinadas regiones no es un fallo del Estado sino una función de quién controla la tierra, la renta minera y los flujos del narcotráfico en esos territorios.
El argumento es que la pregunta del título tiene respuesta económica antes que criminal: matan quienes obtienen algo de que esa gente no esté. Los líderes asesinados —reclamantes de tierra, autoridades indígenas, dirigentes comunales, firmantes del acuerdo— comparten la característica de estorbar a una economía concreta en un lugar concreto.
Los nombres
El texto intercala esa argumentación con casos. Aparece Ilia Pilcué, autoridad indígena del norte del Cauca; aparecen los panfletos firmados por las Águilas Negras que circulaban entonces en Soacha y en el Cauca; y aparece el caso de «Ñeñe» Hernández como bisagra entre la financiación electoral y el control territorial.
Lo que reclamaba
La conclusión pedía tres cosas medibles: que el Gobierno reconociera públicamente la existencia de un patrón y no de hechos aislados, que se implementara el punto del acuerdo de paz sobre garantías de seguridad para líderes sociales, y que la Fiscalía informara cuántos de los casos tenían autor determinado.
Ninguna de las tres se cumplió en los términos planteados. El registro de asesinatos de la sección de líderes sociales siguió creciendo durante los tres años siguientes.