El fiscal Gabriel Ramón Jaimes, a cargo del caso Uribe, es cercano a Alejandro Ordóñez

Después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el caso de Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía General de la Nación —consecuencia de su renuncia al Senado, que le hizo perder el fuero—, se conoció que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán lideraría la investigación por presunta manipulación de testigos.

El anuncio

La Fiscalía lo comunicó mediante un boletín de prensa en el que justificaba la designación por «la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso de todas las partes e intervinientes», asignando el expediente a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema.

Lo que se cuestionó

La nota documenta la trayectoria del funcionario y, en particular, su cercanía con el exprocurador Alejandro Ordóñez, durante cuya gestión al frente del Ministerio Público Jaimes ocupó cargos de responsabilidad.

Ordóñez es una figura política identificada con el sector que respalda a Uribe y fue después embajador ante la OEA por designación del gobierno de Iván Duque. El señalamiento periodístico no fue que el fiscal tuviera impedimento legal, sino que la designación resultaba difícil de conciliar con la apariencia de imparcialidad que la propia Fiscalía invocaba en su comunicado.

Por qué importaba el detalle procesal

El traslado del expediente de la Corte a la Fiscalía no fue neutral. La Corte había dictado medida de aseguramiento en agosto de 2020; la Fiscalía, que operaba bajo un sistema procesal distinto, debía decidir si acusaba o solicitaba la preclusión.

Esa decisión dependía enteramente de quién instruyera. De ahí que el nombre del fiscal asignado se convirtiera en noticia por sí mismo.

Lo que ocurrió

El proceso derivó en sucesivas solicitudes de preclusión presentadas por la Fiscalía, todas ellas objeto de recursos por parte de las víctimas reconocidas en la causa, y se prolongó durante años sin decisión de fondo en esa etapa.