Investigación
Interceptaciones al narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández destapan compra de votos
Las grabaciones no se buscaron. Aparecieron dentro de una investigación por otro delito.
Las grabaciones que dominaron la política colombiana durante 2020 no se obtuvieron buscándolas. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación abierta para esclarecer un homicidio en Barranquilla, atribuido al entonces vivo José Guillermo Hernández Aponte, alias «Ñeñe», captó de manera incidental conversaciones telefónicas suyas sobre un asunto completamente distinto.
Qué se escucha
En esas conversaciones Hernández se presenta como el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte a favor de la campaña presidencial de Iván Duque, y afirma que actuaba por instrucción de Álvaro Uribe Vélez.
El detalle que se citó con más frecuencia es de otro orden. Hernández dice también haberse quedado con dinero destinado a comprar votos para Germán Vargas Lleras en Valledupar: «cien y pico de millones», según sus propias palabras. Es la clase de afirmación que difícilmente se hace para impresionar a un interlocutor, porque quien la hace se incrimina.
Las cifras y los nombres
Las conversaciones mencionan movimientos del orden de los 1.000 millones de pesos y hacen referencia a intermediarios en varios municipios del Cesar y La Guajira. Aparece el nombre de Marcos Figueroa, conocido como «Marquito», condenado por conformación de grupos armados ilegales en La Guajira, y referencias a una finca en Brasil, en el estado de Minas Gerais, vinculada a los negocios del interceptado.
El estatus procesal
El material se produjo dentro de una investigación por homicidio, lo que planteó desde el principio la cuestión de su utilización en otra causa. Ese fue el argumento central de quienes cuestionaron su valor probatorio.
Hernández murió en Brasil en mayo de 2020, dos meses después de esta publicación, lo que impidió cualquier declaración suya.
Lo que pasó después
La Fiscalía abrió actuaciones derivadas que se prolongaron durante años sin producir imputaciones por los hechos electorales. La discusión pública sobre las grabaciones marcó el resto del cuatrienio.