Judicial
El preso #1087985 no es un héroe
Ni héroe ni preso político: la respuesta a la campaña que siguió a la medida de aseguramiento.
Columna del 16 de agosto de 2020, publicada dos semanas después de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso por presunta manipulación de testigos.
El objeto
El texto responde a la campaña que siguió inmediatamente a la decisión, en la que sectores políticos y buena parte del comentario mediático presentaron al detenido como preso político y como víctima de una persecución judicial.
Su posición es categórica en las dos direcciones: no es un héroe y tampoco es un preso político. Es, sostiene, el resultado acumulado de decisiones propias.
El argumento sobre la figura del preso político
La distinción que traza es la que sostiene toda la columna. Preso político es quien es privado de libertad por sus ideas o por su oposición a un gobierno, sin imputación de un delito común. En este caso existía una imputación concreta, por hechos determinados, instruida por el máximo tribunal del país y originada —detalle que el texto subraya— en una denuncia que el propio detenido había presentado contra otro congresista y que la Corte terminó dirigiendo contra él.
El inventario
La parte central recorre los episodios que el texto considera pertinentes para responder a la pregunta sobre el personaje: el número de procesos e indagaciones acumulados a lo largo de su carrera, su paso por la Aeronáutica Civil, el asesinato del alcalde Eudaldo «Tito» Díaz tras denunciar amenazas en un consejo comunal, y los señalamientos sobre relaciones con estructuras paramilitares del Urabá, incluida la referencia a alias «Cadena».
El tono
Es la pieza más frontal que ha salido aquí y no disimula su carácter de alegato. Describe a su objeto como alguien que dedicó su vida a acumular dinero, privilegios, poder, votos y también procesos, y que llegó a considerarse intocable.
Estado del proceso
La detención domiciliaria se levantó en octubre de 2020, cuando el expediente pasó a la Fiscalía tras la renuncia del procesado a su curul. El proceso continuó durante años con sucesivas solicitudes de preclusión y recursos de las víctimas reconocidas.