Indignación por la respuesta del general Mario Montoya sobre los «falsos positivos»

En abril de 2021 se conocieron las respuestas que el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del macrocaso sobre ejecuciones extrajudiciales.

Qué dijo

Montoya sostuvo ante el tribunal de paz que los soldados cometieron los llamados falsos positivos por «falta de capacitación», y justificó esa afirmación aludiendo al nivel de formación con el que ingresan a la tropa quienes proceden de zonas rurales y de familias de bajos recursos.

Por qué produjo rechazo

La reacción de organizaciones de víctimas y de derechos humanos fue inmediata, y se dirigió a la estructura del argumento antes que a su tono.

Atribuir los hechos a un déficit de instrucción individual desplaza la responsabilidad hacia el escalón más bajo de la cadena de mando y deja intacta la cuestión que la JEP investigaba: la existencia de presión sistemática por resultados medidos en bajas, y de incentivos —permisos, felicitaciones, ascensos— asociados a esas cifras.

La explicación resultaba además difícil de sostener frente a la escala del fenómeno. Un error de formación no produce un patrón sostenido durante años, en unidades distintas y en regiones distintas, con procedimientos de encubrimiento sustancialmente idénticos.

El contexto del caso

Montoya comandó el Ejército entre 2006 y 2008, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el periodo en el que se concentra el mayor número de casos documentados. Se acogió voluntariamente a la JEP, lo que le permite acceder a sanciones propias a cambio de verdad plena y reconocimiento de responsabilidad.

Ese es exactamente el punto que la nota subraya: el régimen de la JEP condiciona el beneficio al aporte de verdad, y una declaración que atribuye los hechos a la impericia de los subordinados es precisamente lo que ese régimen no admite.

Lo que siguió

Meses antes, en febrero de 2021, la JEP había establecido en su primer auto una cifra de al menos 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, muy superior a la reconocida hasta entonces. Analistas como León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, situaron la declaración de Montoya en el marco de la estrategia de defensa de los altos mandos comparecientes.