La Corte Constitucional emitió un fallo histórico al declarar inconstitucional el requisito de que las mujeres tengan que cotizar 1.300 semanas para acceder a su pensión. La decisión se basó en una demanda presentada contra un apartado del Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, argumentando que este desconocía el derecho a la protección social especial en el ámbito de la seguridad social.
El alto tribunal reconoció las inequidades que enfrentan las mujeres en el país en cuanto a la protección social y la seguridad en la vejez. Según la Corte, la diferencia de edad pensional y la densidad cotizacional tradicionalmente utilizadas resultan insuficientes para superar la discriminación de género. Por lo tanto, se estableció que el acceso a la seguridad social debe ser progresivo y sin discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres.
Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad financiera, la Corte aplazó los efectos de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este tiempo, se instó al Congreso, en coordinación con el Gobierno Nacional, a adoptar un régimen de causación del derecho a la pensión de vejez que considere integralmente el enfoque de género y, especialmente, la situación de las mujeres jefas de hogar. A partir del 1 de enero de 2026, si no se adopta dicho régimen, las semanas de cotización se reducirán gradualmente hasta llegar a 1.000.
En cuanto a las cotizaciones, se estableció que en el régimen de prima media, el número mínimo de semanas exigidas a las mujeres se reducirá en 50 semanas para el año 2026. A partir del 1 de enero de 2027, esta cifra se reducirá en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000 semanas.
Además de la decisión sobre las cotizaciones, la Corte exhortó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a adoptar políticas y programas complementarios que contribuyan a cerrar la brecha de equidad de género, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de la economía del cuidado y la protección social de quienes la ejercen.
Este fallo de la Corte Constitucional marca un hito en la lucha por la igualdad de género y la protección social en el país, y se espera que genere cambios significativos en el sistema de pensiones y la garantía de derechos para las mujeres.