Líderes sociales
Una masacre de la seguridad democrática, aún en la impunidad
«Llegaron a la conclusión de que estos niños serían una amenaza en el futuro».
Análisis publicado en febrero de 2021, firmado en su edición original por el defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez Casas. Se apoya en una declaración rendida ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el exmilitar Jorge Luis Salgado David.
El testimonio
El pasaje que la columna cita en su encabezado describe la deliberación previa al asesinato de dos niños durante un operativo: una niña de cinco o seis años y un niño pequeño, sobre los que se consultó a los mandos y respecto de los cuales —según la declaración— se concluyó que representarían una amenaza en el futuro porque crecerían y se volverían guerrilleros.
El texto reproduce la cita en su forma literal, con sus vacilaciones, precisamente porque su valor documental está en el tono administrativo con que se relata la decisión.
El caso
Los hechos corresponden a un episodio ocurrido en zona rural de Antioquia durante los años de la política de seguridad democrática. La columna nombra a las víctimas identificadas, entre ellas Natalia Andrea Tuberquia Muñoz y Sandra Milena, y reconstruye el trámite del caso a través de la justicia penal militar primero y de la ordinaria después, sin que ninguna instancia hubiera establecido responsables al momento de escribirse.
El argumento
La tesis del análisis es que estos hechos no fueron excesos individuales sino el resultado previsible de un sistema de incentivos: presión por resultados operacionales medidos en bajas, permisos y ascensos asociados a esas cifras, y un mecanismo de control interno que revisaba los mismos informes que los mandos producían.
El texto sostiene que mientras la investigación se dirija exclusivamente a quien disparó, el mecanismo que produjo la orden queda intacto, y que ese es el motivo por el cual casos como este llevaban más de quince años sin sentencia.
Lo que vino después
La JEP abrió el macrocaso sobre ejecuciones extrajudiciales y en 2021 emitió su primer auto de determinación de hechos, que estableció una cifra de víctimas muy superior a la reconocida hasta entonces por la justicia ordinaria. Varios altos oficiales comparecieron en ese marco.