El 15 de octubre de 2020, al terminar su programa en las redes de la revista Semana, los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano siguieron conversando sin advertir que la transmisión continuaba abierta. Lo que dijeron en ese tramo fue lo que convirtió el episodio en noticia.
Qué se escuchó
En la conversación, ambos periodistas se refirieron al caso de Fernando Sanclemente Alzate, entonces embajador de Colombia en Uruguay, en cuya finca de Guasca, en Cundinamarca, la Policía había hallado en febrero de ese año un laboratorio para el procesamiento de cocaína.
Lo que describieron fue un acuerdo: que el mayordomo de la propiedad asumiera la responsabilidad para que la investigación no avanzara contra el embajador. Y añadieron que Sanclemente conocía la existencia del laboratorio.
Por qué importaba
Sanclemente era un nombramiento político directo del presidente Iván Duque y su designación como embajador ya había sido discutida. La versión oficial sostenida hasta ese momento era que el propietario ignoraba lo que ocurría en un predio que tenía arrendado y que la responsabilidad recaía en terceros.
Lo escuchado en el micrófono abierto contradecía esa versión, y lo hacía en boca de dos periodistas que cubrían el caso y que citaban lo que sabían por sus propias fuentes, no lo que habían publicado.
Lo que ocurrió después
Sanclemente había renunciado a la embajada el 6 de abril de 2020, meses antes de este episodio, después de que la Fiscalía lo vinculara al proceso; dijo que lo hacía para dedicarse a defender su buen nombre. En junio de 2020 la Fiscalía ordenó medidas cautelares de extinción de dominio sobre la finca, decisión que se registra por separado.
Ni la revista ni los periodistas ampliaron públicamente lo dicho fuera de micrófono.
El detalle que hizo noticia
Lo que convirtió el episodio en asunto público no fue la información en sí —circulaba desde meses antes en versiones no atribuibles— sino su procedencia. Dos periodistas que cubrían el caso a diario afirmaban, sin saberse escuchados, algo distinto de lo que habían publicado.
Esa distancia entre lo que un medio sabe y lo que un medio publica es difícil de documentar, y este es uno de los pocos casos colombianos en que quedó a la vista de forma involuntaria.
Actualización del 24 de septiembre de 2026
Esta nota situaba antes el hallazgo del laboratorio en mayo de 2020 y la renuncia del embajador en ese mismo mes. El laboratorio se halló en febrero y la renuncia fue el 6 de abril; las fechas quedan corregidas arriba.
En septiembre de 2024 un juzgado de extinción de dominio de Bogotá declaró extinguido el dominio sobre Haras de San Fernando, la hacienda de Guasca, que pasó a la Sociedad de Activos Especiales. El juez consideró que la sociedad propietaria debía vigilar el uso del predio y que haber delegado esa tarea en terceros no la eximía.
En el proceso penal, la Fiscalía acusó a Sanclemente de haber ordenado destruir pertenencias del mayordomo, Laureano Martínez, para borrar pruebas. El 7 de mayo de 2026 el Juzgado 50 penal del circuito de Bogotá lo absolvió por falta de pruebas: no encontró demostrado que hubiera destruido material probatorio ni que participara en el laboratorio. El mayordomo, condenado a diez años, salió en libertad condicional en diciembre de 2025. Lo que se dijo fuera de micrófono en octubre de 2020 no quedó probado en el juicio.