El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido una directriz que obliga a la Fiscalía General de la Nación a remover las placas conmemorativas dedicadas al exfiscal general Francisco Barbosa Delgado. Esta decisión marca un hito en la interpretación del Decreto 2759 de 1997, el cual prohíbe homenajes a funcionarios en ejercicio, a menos que exista una autorización del Congreso.
Las placas, dispersas en distintas localidades del país, han sido objeto de críticas por presuntamente infringir el marco legal vigente. La sentencia del Tribunal subraya la necesidad de respetar la ley y los principios de transparencia e imparcialidad en la administración pública.
La controversia surgió a raíz de una acción de cumplimiento presentada por ciudadanos preocupados, lo que llevó al Tribunal a deliberar sobre la adecuación a la normativa. En su fallo, se destaca la importancia de adherirse a las normas para preservar la integridad y neutralidad en la ejecución de obras públicas.
La resolución establece un precedente importante y subraya la función de los tribunales administrativos como mecanismos de control del cumplimiento normativo. Más allá del caso específico, invita a reflexionar sobre la ética pública y la responsabilidad de los funcionarios.
Esta decisión se da en un momento en que la sociedad colombiana demanda más integridad y transparencia en la gestión pública. Refleja la evolución de las expectativas ciudadanas y la vitalidad del marco legal colombiano para responder a estas preocupaciones.
Entre tanto, la Fiscalía tiene un plazo de diez días para retirar las placas, y ante esta decisión, procede el recurso de impugnación. Este caso no solo aborda la retirada física de las placas, sino que también abre un debate sobre las prácticas de reconocimiento público a los funcionarios gubernamentales en Colombia.