Un Pacto Social: la respuesta a un debate

Por Gustavo Petro

La respuesta a mi debate, realizado con los parlamentarios Cepeda, Roy y Sanguino, fue completamente evasiva por parte del gobierno. Señalarnos de amigos de Santrich como era previsible y no afrontar las consecuencias del debate, esperando su olvido, fue la respuesta, realmente esperada, de Duque.

El debate no se olvidará porque demuestra un rasgo histórico en quienes han dirigido el Estado Colombiano en el último siglo: el incumplimiento de los acuerdos y la incapacidad para construir la paz.

La incapacidad para la paz de las elites sociales que han gobernado a Colombia, tiene que ver con algo más que la perfidia. El llevar a quienes han combatido contra ella, y que deciden firmar tratados de convivencia pacífica, a la trampa y a la muerte, esconde una realidad política más profunda y estructural. La incapacidad de la élite en el poder para construir una sociedad pacífica tiene que ver con su incapacidad para construir una nación, para incluir a la sociedad toda en un pacto donde pueda participar de la producción y la distribución de la riqueza y donde pueda estar incluida en las decisiones estratégicas del Estado.

En un primer momento, la consecuencia del debate debería ser la de reparar el daño hecho por el sicario de la paz, Néstor Humberto Martínez. Deberíamos plantearnos un dialogo de gobierno a gobierno con los EEUU, para rehacer los procesos judiciales sembrados con pruebas falsas, y por tanto lograr la suspensión de ordenes de extradición basadas en la mentira. Lo lógico en un Estado de Derecho, si lo fuéramos, sería rehacer los acuerdos de paz y cumplirlos invitando a Santrich, Iván Márquez y los demás reincorporados a la lucha armada, miembros de las Farc que decidieron un día firmar un acuerdo de paz con el Estado, a hacer lo mismo. Incluso el debate le da la oportunidad al gobierno, si quisiera, de finiquitar un acuerdo de paz con el ELN, y acabar con la fase en la historia de Colombia, de la insurgencia armada con origen político.

Aun voy más allá, el debate le da la oportunidad al gobierno, si quisiera, de iniciar un proceso de desmantelamiento pacífico de organizaciones narcotraficantes con sometimiento colectivo a la justicia, aprovechando la legalización mundial de la marihuana ya en curso, y el cambio de la política antidrogas en el mundo.

El debate que hicimos en realidad es una oportunidad para el gobierno de inscribirse en el camino de la construcción de la paz grande en Colombia.

Pero el gobierno no quiere.

Apoyado por una parte de la sociedad que ve con desconfianza la paz y que prefiere que la guerra y la violencia se mantengan, un sector que apoya la violencia y que se expresó en el plebiscito en favor del “no” y que en las últimas elecciones presidenciales eligió a Duque, el gobierno se siente cómodo negándose a la paz.

Más o menos, de acuerdo a encuestas, un 36% de la población vota decididamente contra la paz y se siente de derechas. Duque puede así construir su mayoría electoral. Solo le bastó vestirse de centro formalmente para capturar el resto del electorado que le faltaba, pero sin perder el núcleo fuerte de la sociedad antipaz, al que hizo núcleo hegemónico sobre toda la sociedad colombiana.

El ropaje del centro, y por algo el uribismo hoy se llama Centro Democrático, les permite construir una mayoría electoral sin que se pierda la hegemonía de los sectores de la sociedad que no quieren la posibilidad de la paz para el país, hegemonía que se ha mantenido durante todo lo que va del siglo y que se representa por el proyecto más anacrónico, segregador y violento de las últimas décadas.

Esa comodidad que les brinda una sociedad que aun no ha comprendido la importancia y el significado de la paz, y que puede repetirse para las elecciones del 2022, lleva a nuestra elite en el poder a abandonar cualquier intento, siempre complicado, de construir la paz, y prefiere mantener el “estatus quo” de la violencia, que les garantiza de entrada un 36% del electorado, y un porcentaje adicional de la sociedad que les vota por simple temor a los cambios.

Por eso la consecuencia lógica del debate: retomar con fuerza los acuerdos de paz, no es vista como oportunidad por el presidente Duque. Prefieren los mismo de siempre, señalar a los congresistas que hicimos el debate, como amigos del narcoterrorismo y punto, así las pruebas demuestren la perfidia de los destructores de la paz.

Ahora bien, la existencia de una parte importante de la sociedad acostumbrada a la violencia y a la muerte, domesticada por el terror desde el poder mismo, no significa que no le planteemos a la sociedad colombiana la posibilidad real, concreta, histórica de poder acabar definitivamente con la violencia que nos ha acompañado por décadas.

Creo que ese planteamiento de la paz posible ya no debe hacerse como tradicionalmente se ha efectuado, como un acuerdo con los grupos armados. La paz posible tiene, antes que los acuerdos tradicionales con agrupaciones guerreras, un escenario mucho más importante, que es el acuerdo con la sociedad.

La paz real es un pacto de la sociedad toda.

El pacto social es el verdadero nombre de la paz.

El pacto social no es un evento en algún sitio físico de Bogotá, o de Cartagena, no se hace en el teatro Colón, o en la Iglesia del voto nacional, no se hace en la Habana, o en algún lugar lejano del mundo. El pacto social es un proceso histórico de reformas sociales acordadas.

Podríamos decir que parte de ese pacto social ya se ha realizado en el proceso constituyente del 91, y su obra la Constitución. Aplicar esa constitución es ya uno de los fundamentos del pacto social.

La constitución del 91, apunta a una posibilidad histórica que es básica para la paz real y permanente, una sociedad de derechos que deben ser garantizados, una sociedad de libertades políticas, y una sociedad justa económicamente, es decir que permita la producción y la distribución de la riqueza a todo el cuerpo social.

Pero aún la Constitución se queda corta en el camino de la paz. No ha incluido en realidad al mundo campesino. Las palabras “campesino, campesina” no aparecen en el texto constitucional, hay un silencio proverbial sobre esta realidad histórica, que aun es la mayoría en buena parte del territorio nacional y de la que somos hijos la mayoría de las y los colombianos. Es gracias a ser hijos y nietos de labriegos que tenemos aun una gran capacidad laboriosa como sociedad, pero el mundo campesino no aparece en nuestra constitución. El cambio climático y sus implicaciones destructivas, tampoco aparece. Hoy por hoy, la lucha contra el cambio climático es el eje vital de la sociedad, ante la perspectiva en apenas décadas, de un extinción de la vida humana en el planeta. Tampoco aparece en amplitud el mundo femenino. La constitución se silencia ante la mujer.

Por sus desarrollos legales, hechos desde la mirada neoliberal, la Constitución no ha garantizado en realidad derechos básicos para la convivencia social: la educación para la sociedad, la salud como un derecho y como un servicio de calidad para el conjunto de la población, el derecho real a pensionarse, el derecho a tener un Estado que garantice los servicios públicos, la opción de una economía que deje de ser raquítica, que pase a ser productiva, y que gracias a la productividad garantice relaciones laborales justas y dignas.

Las reformas para la paz, que en concreto deben ser leyes, contradicen el desarrollo legal neoliberal, es decir contradice las leyes pensadas para negocios particulares financieros, que ha tenido la Constitución del 91, sin ser en realidad responsable de ello. Las reformas para la Paz deben ser acordadas por la sociedad, y los actuales intereses privilegiados que ganan enormes beneficios económicos de los recursos públicos, a través de las actuales leyes en salud, en pensiones, en obras de infraestructura, en el manejo financiero del estado, en la concentración pavorosa de la tierra, en los subsidios innecesarios y dañinos a los extractores de hidrocarburos, en la privatización corrupta del estado, deben retroceder.

Este mundo de privilegios que ha enriquecido de manera agresiva, e incluso violenta, a unos pocos colombianos, debe retroceder si en verdad queremos una paz permanente.

El pacto consiste en su máxima expresión en lograr que los intereses del privilegio sean tramitados pacíficamente hacia una sociedad muchísimo más justa y democrática.

Hasta ahora los detentores de esos intereses prefieren antes que disminuirlos pacifica y acordadamente, mantener el país en la violencia, negarse a la paz. Sacrifican a Colombia por sí mismos, en un egoísmo social sin precedentes.

Incluso de una manera torpe e ignorante, porque olvidan que las riquezas de corto plazo, abundantes, no son sostenibles, no permiten que el país adquiera muchísima más capacidad de producir riqueza a partir del trabajo humano productivo que se lograría si se desatara las potencialidades de una sociedad más democrática y pacífica.

Solo la irradiación del saber a toda la sociedad, aumentaría sustancialmente la riqueza en Colombia, y por tanto la de los que hoy se aferran a los privilegios del erario y a la violencia.

Serían más ricos, los ricos de Colombia, si se permitiera un mayor acceso de la sociedad a producción, al saber, a tener salud, a la riqueza misma.

Y este es el fundamento del pacto social que proponemos. Las reformas de la paz indudablemente implican transformaciones , cambios en la sociedad y en el estado, a los que no deberíamos temer, porque constituyen el paso a ser una sociedad moderna.

Es en esta amplia cama del pacto social, donde los acuerdos, judiciales y políticos, con grupos armados de origen político, o del narcotráfico, podría tener sentido y eficacia. La desmovilización de los guerreros sería una consecuencia lógica y eficaz del gran pacto Social de Colombia. El pacto social al construir una sociedad productiva, de derechos, permite la construcción de la riqueza a partir del trabajo humano y del saber. Producir riqueza y distribuir buena parte de ella a partir de salarios justos, de un sistema de seguridad social real desde el Estado, y de la educación universal, es la base de la paz. Potenciar el trabajo humano y sus beneficios, conservando la vida natural, el agua, la naturaleza, es el verdadero nombre de la paz.

El pacto social no es, por tanto, una retórica, sino un conjunto de normas acordadas socialmente.

Ejemplos de estos procesos los hemos visto en el mundo. El “New Deal” de Roosevelt, y la socialdemocracia europea, son expresiones de un pacto social entre empresarios y trabajadores que permitió a los países que lo practicaron una gran paz desde el final de la segunda guerra mundial. Fue ese pacto el que permitió la construcción de una riqueza y de un saber que jamás había vivido la historia humana. Lo mismo ocurrio en las sociedades del sudeste asiatico a traves de sus reformas agrarias y la educación universal y de calidad que las catapultó de estadios más pobres que los que vivía la sociedad colombiana hace 50 años, hacia la industrialización plena y el desarrollo científico, hoy vanguardia en el mundo.

A un proceso similiar invito a la sociedad colombiana.

El pacto social, al comienzo será la construcción de una mayoría social y electoral, que con este objetivo se convierta en gobierno. Ser gobierno es imperioso para poder desencadenar el Pacto social de Colombia y la Era de la paz. Desde un gobierno con mandato para construir la paz por un electorado mayoritario, se podrá desencadenar el pacto de la sociedad toda para volver realidad la construccion de una sociedad y un estado muchísmo más democráticos y con capacidad real para hacer las reformas acordadas que se necesitan para tener una sociedad en paz.

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