Hay personajes que se inmortalizan en piedra y otros que hacen lo propio sacándole la piedra a otros, bien por sus genialidades o por sus exabruptos. En estos días escuchamos una entrevista –genial, dicho sea de paso– que le hizo La W a Carlos Carrillo, recientemente posesionado como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la que los periodistas le preguntaron por la infausta Claudia López. Carrillo, exhibiendo su acostumbrado sentido del humor, manifestó que la señora López “es la primera opción de Angélica, de Juvinao y de Sastoque, pero es la segunda opción de todo el mundo” y concluyó que de allí radica su carácter “peligroso en términos políticos”. Adherimos al diagnóstico y nos atrevemos a incluir una glosa: lo más riesgoso de Claudia no es lo que los otros consideran de ella, sino lo que ella piensa de sí misma.
Entre las herencias que legó Claudia a su sucesor está la persecución aleve, obsesiva e injusta contra los propietarios de vehículos particulares. Al tiempo que se avizora un cambio en el pico y placa, seguramente en perjuicio de los conductores, la Secretaría Distrital de Movilidad intimida a los residentes de Teusaquillo (en particular en los barrios de Pablo VI, Quirinal, Nicolás de Federmán, Rafael Núñez y La Esmeralda) con decenas de agentes de tránsito, tan necesitados en el resto de la ciudad, e igual cantidad de grúas, supuestamente para evitar el “mal parqueo” durante el festival Estéreo Picnic.
Como en la Alcaldía siempre hay espacio para la improvisación, imagínense que a la directora de la Terminal de Transportes –entidad que administra las zonas de parqueo pago– se le ocurrió ofrecer una tarifa “especial” para que los asistentes al evento estacionaran allí “desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.”, aun cuando la facultad de cobrar está estipulada hasta las 10 u 11 de la noche, conforme al decreto que le dio origen y a la publicidad que de esta se hace en las zonas de estacionamiento. ¿Enriquecimiento sin justa causa? En condicionales normales llamaríamos a la intervención de la Procuraduría, pero todos sabemos que a la procuradora no le interesará, pues no conlleva afectar al presidente Petro o a su gobierno.
Esta es la hora en que la Alcaldía de Bogotá no ha actualizado sus señales de prohibido parquear conforme a lo previsto en el artículo 112 del Código Nacional de Tránsito, por lo que a la fecha todo comparendo sustentado en estas “carece de validez” según la norma y así puede alegarse tanto en sede de impugnación –donde tiene baja probabilidad de éxito pues los funcionarios ni conocen ni entienden la ley– como mediante acción de nulidad simple ante el contencioso administrativo. Este sinsentido de prohibiciones sin fundamento legal y cobros en exceso de lo permitido da cuenta del absurdo que caracterizó la administración de Claudia López y que sin mayor oposición decidió continuar su sucesor. A decir verdad no nos sorprende que Galán no haya hecho nada, pues desde que se inauguró en el cargo le acompaña un gesto cansino que refleja bien su abatimiento o su pereza, ambos estados poco deseables para quien se hizo elegir en un cargo de responsabilidad pública.
Las zonas de parqueo pago son un negocio perverso desde su origen, pues con su creación la ahora exalcaldesa pretendía desregular las tarifas de los parqueaderos –controladas mediante un decreto distrital– y con ello satisfacer el apetito voraz de algunos de sus propietarios, quienes en el pasado han sido generosos contribuyentes de campañas políticas. Aunque a Claudia no le prosperó su estrategia, nos corresponde estar muy atentos pues conocidas son las aspiraciones de los Galán y una cosa es hacer un aporte a la campaña con el minuto a 120 pesos y otra retornar el favor con la tarifa en 300 pesos por minuto.
Adenda: con bombos y platillos el alcalde Galán anunció la operación de ciertas rutas de transporte público hasta las 4:00 a.m. con ocasión del festival Estéreo Picnic, generosidad que no ha tenido con los participantes en manifestaciones públicas o con miles de trabajadores en el turno de noche. Al margen de la conveniencia de esta oferta para los organizadores privados del evento, llamó nuestra atención el reporte de la operación al término del festival: poco más de 9.000 pasajeros en todas las rutas durante los cuatro días, un resultado deficiente que nos lleva a preguntarnos, ¿se destinaron recursos públicos para este servicio por fuera del horario habitual? Si la respuesta es afirmativa, ¿se esperaba que el flujo de usuarios fuera tan irrisorio? Estos interrogantes deben ser replicados por las autoridades competentes, pues en nuestro concepto es probable que exista responsabilidad fiscal y penal por parte de quienes ordenaron la prestación de dicho servicio.
¡Hasta la próxima semana!