La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra cinco personas vinculadas al caso de corrupción del Departamento de Prosperidad Social (DPS), derivado del expediente “Las Marionetas”, en el cual se habrían direccionado contratos de recursos para la paz bajo instrucciones de seis congresistas. Los acusados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Entre los implicados se encuentran Katherine Rivera Bohórquez, antigua asistente del exsenador Ciro Ramírez; Anderson González, contratista designado como pieza clave por Ramírez para direccionar al menos 13 contratos a través del DPS; Raúl Alfonso Cardozo, beneficiario de los contratos de Ramírez; Pierre García Jacquier, exdirector del DPS y presunto enlace principal que habría direccionado los contratos por orden del senador Ramírez; y Andrés José Ospina, contratista y enlace del senador Miguel Barreto.
Según la Fiscalía, estos individuos formaron parte de una empresa criminal que buscaba el direccionamiento irregular del contrato 670 de 2021 por más de $70 mil millones, provenientes del Fondo de Inversión para la Paz. Este esquema habría sido ejecutado para beneficiar los intereses particulares de seis congresistas, entre ellos el senador Ciro Ramírez.
El caso de corrupción DPS surgió a partir de las declaraciones del testigo principal, Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío, quien proporcionó pruebas sobre el “modus operandi” utilizado por los congresistas, replicando las prácticas del fallecido exsenador Mario Castaño.
Entre los congresistas presuntamente involucrados se encuentran Mario Alberto Castaño Pérez (fallecido), Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Ciro Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa. Cada uno habría tenido un subgrupo de operaciones para obtener beneficios ilícitos de la contratación estatal.
El escándalo, conocido como “Las Marionetas”, reveló la presunta manipulación de decenas de contratos durante el gobierno de Iván Duque, favoreciendo a los congresistas que respaldaron al entonces presidente para asegurar su gobernabilidad en 2020. Se estima que el DPS entregó un fondo de 22 mil millones de pesos para obras en municipios de Quindío, Risaralda y Tolima, según el testimonio de Herrera.
Con información de Caracol Radio