La Corte Suprema de Justicia condenó a 63 meses de prisión a César Mauricio Velásquez, exjefe de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia, ambos colaboradores cercanos del expresidente Álvaro Uribe. Los dos exfuncionarios fueron hallados responsables del delito de concierto para delinquir, en el marco del caso de espionaje ilegal conocido como las ‘chuzadas’ del DAS, uno de los mayores escándalos de persecución política en la historia reciente de Colombia.
Un caso de espionaje estatal
El proceso judicial evidencia cómo Velásquez y Del Castillo utilizaron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF) para ejecutar un plan sistemático de desprestigio contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores al gobierno. Uribe.
Entre las acciones ilícitas se incluyen grabaciones clandestinas de sesiones de la Corte, obtenidas con la colaboración de aseadoras reclutadas por el DAS, y la filtración de estas conversaciones con interpretaciones maliciosas a la periodista Gloria Congote, quien las publicó en la revista Semana . Estas operaciones tenían como objetivo debilitar la legitimidad de los magistrados y otros críticos del gobierno.
El plan, liderado por Bernardo Moreno, entonces secretario general de la Presidencia, también incluyó ataques contra el periodista Daniel Coronell y los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Las reuniones para coordinar estas acciones se llevaron a cabo en la Casa de Nariño, conocida en ese entonces como la ‘Casa de Nari’, y contaron con la presencia de otros altos funcionarios, como Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria, quienes no fueron investigados.
El caso comenzó en 2007 y enfrentó múltiples dilataciones. Inicialmente, un juez penal del circuito absolvió a Velásquez y Del Castillo, argumentando la prescripción de algunos delitos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revirtió esta decisión en segunda instancia y los condenó, apenas un día antes de que operara la prescripción penal.
Debido a las recusaciones e impedimentos en la Sala Penal de la Corte Suprema, la decisión final quedó en manos de una sala de nueve conjueces, quienes confirmaron la culpabilidad de los acusados el 3 de diciembre de 2024. La conjuez ponente, Rosa Elena Suárez Díaz , declaró que las acciones de los condenados formaron parte de un plan orquestado desde las más altas esferas del gobierno para vulnerar la independencia de la justicia.
Edmundo del Castillo podría acceder a prisión domiciliaria por haber permanecido en Colombia durante el proceso judicial. En cambio, César Mauricio Velásquez, quien se encuentra en Roma bajo la protección del Opus Dei, enfrenta un pedido de extradición para cumplir su condena en un centro penitenciario en Colombia.
Este fallo definitivo, que no admite apelación, cierra un capítulo de más de 15 años de investigaciones y confirma la responsabilidad de altos funcionarios del gobierno Uribe en un esquema de espionaje y persecución política. La sentencia refuerza la importancia de la independencia judicial en Colombia y el rechazo a prácticas que vulneran los derechos fundamentales y el Estado de derecho.