Durante los días 27, 28 Y 29 de agosto, se llevó a cabo una de las citas más importantes para los Upecistas, la realización de su VII congreso nacional. Pero este escenario fue algo diferente, no hubo delegaciones llegando con maletas a cuestas, ni mesas de registro de delegados o puestos de venta de libros a la entrada del evento. La realidad era diferente, este escenario clásico cambió por una pantalla, links, registros virtuales y muchos pequeños cuadros de imagen que permitían ver la presencia de más de 150 delegados, concejales, ediles, diputados, gobernadores y congresistas invitados, que en estos días se encontraron para discutir el rumbo de la organización de cara al próximo periodo.
Este congreso atípico por su virtualidad tuvo un ambiente de diálogo con representantes de sectores políticos del espectro democrático del país. Saludos e intervenciones de Ángela María Robledo, María José Pizarro, David Racero, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Patricia Ariza, y otros representantes de sectores y regiones, coincidieron con la UP en cuestionar el papel del Gobierno de Iván Duque y el uribismo. Una dictadura blanda, pero profundizada por la situación de antidemocracia que ha generado la expedición de más de 300 decretos, la dinámica disminuida del Congreso de la República y la evidente cooptación de poderes del Estado, que han colocado al país en una situación de concentración del poder en el ejecutivo; un poder ya de por sí, bastante cuestionado ante su falta de legitimidad.
Así mismo, se analizó toda la situación que la pandemia desnudó o profundizó frente al sistema de salud y el negocio de las EPS en el marco de la Ley 100, la ausencia del Estado social en buena parte del territorio y la evidente política antipopular de medidas económicas que han llevado a la quiebra a pequeños negocios y medianas empresas como a la pérdida de empleos, mientras la Nación entrega todo el dinero a los bancos para que según ellos, traspasen esos recursos a los ciudadanos; cosa que no sucedió, y por el contrario, los recursos se concentraron en los mismos de siempre.
El anterior análisis, fue el relato común de los delegados al congreso de la UP, región por región, con diferentes impactos, pero de base la misma situación en el marco de la crisis. No obstante, con circunstancias agravadas en materia de derechos humanos producto de las masacres visibilizadas en las últimas semanas. El mismo abandono del Estado a los campesinos y a las poblaciones vulnerables, que no encuentran en el actual régimen un apoyo sino una amenaza para las posibilidades de organización y lucha por sus derechos.
El congreso también analizó la conducta de incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz por parte del Gobierno, lo que se ha hecho evidente en el mantenimiento y la protección de los terratenientes y las miles de tierras improductivas, la erradicación forzada y la persecución a los cultivadores, el incumplimiento de las curules para las zonas más victimizadas del conflicto y el asesinato de líderes sociales y excombatientes, como también, la exclusión de terceros responsables en dar cuentas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el hermetismo del establecimiento ante su propias responsabilidades, que no son mínimas en la cruenta historia de confrontación.
Todas estas situaciones fueron trabajadas en los eventos preparatorios de cada región y sector social (mujeres, jóvenes, diversidad, sindicalistas, viviendistas, etc.), haciendo del congreso un ejercicio de construcción colectiva, que marcó un sello diferenciado de las convenciones o congresos de otros partidos políticos, los cuales redujeron sus eventos a reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un acto formal y no un espacio de deliberación y construcción.
El congreso de la Unión Patriótica no solo hizo una lectura compartida de la situación actual, sino que trazó objetivos programáticos que lograran recoger en su plataforma política todas las demandas expresadas en las calles y a lo largo de muchos años, pero en especialmente, a partir de lo propuesto en el programa electoral de 2018 y en los pliegos del paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019. Esto permitió a cada sector visibilizar sus demandas, que constituyen un mandato político para los sectores populares que aspiran gobernar.
Dicho mandato debe ser asumido de manera conjunta por todos los sectores políticos alternativos, que permitan volver una realidad la financiación de la educación y la matrícula cero para las universidades, la atención primaria en salud, el respeto a la naturaleza, el derecho a la vida y la democratización del país, de la mano con el cumplimiento del acuerdo de paz hacia una paz completa.
Pero ¿cómo concretar estas apuestas? El VII congreso aprobó una ruta de trabajo alrededor de la política unitaria con sectores democráticos y alternativos, que permita construir un programa conjunto para el 2022 y dar respuesta a las necesidades reales del país. Esto, plasmado en una agenda que privilegie los derechos sociales, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los campesinos, la vida como fundamento y valor ético, el enfrentamiento al cambio climático, entre otros contenidos.
En esos propósitos, son diferentes agrupaciones sociales y políticas quienes coinciden, razón por la cual no deberían existir caminos diferentes en medio de la diversidad de opiniones y acentos. Por tal motivo, se orientó a toda la estructura de la UP, fortalecer los procesos unitarios con agrupaciones tan significativas como la Colombia Humana, Polo Democrático, MAIS y diferentes actores regionales y nacionales que permitan hacer posible un bloque histórico para cambiar el rumbo de Colombia.
A este proceso de agendas comunes se le debe sumar tanto la movilización permanente como la concreción de listas unitarias al Congreso de la República, que deben arrasar electoralmente si se quiere gobernar y cambiar las políticas nacionales. Simultáneamente se abrirá un proceso de construcción de una candidatura única a la presidencia, que debe darse en el marco de un proceso entre varios sectores y candidatos que, de acuerdo con objetivos comunes, puedan colocar su nombre a disposición de la ciudadanía.
Listas abiertas o cerradas para aspirar a la Cámara de Representantes y al Senado en coaliciones, programas comunes y construidos desde abajo, procesos unitarios sin veto de nombres y mucha movilización social, son las apuestas de la UP para el país, desde ya y camino al 2022. Los nombres de Aída Avella al Senado de la República y Gustavo Petro como precandidato presidencial en el marco de una gran consulta de los alternativos, son el primer paso que da la Unión Patriótica ante un proceso que será necesario caminar entre muchos. Por medio del cual, las y los excluidos tendrán la posibilidad de cambiar la historia del país, afianzando la lucha por la vida, la esperanza y la paz.
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