viernes, junio 21

Veredicto Histórico: Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar paramilitares en Colombia

La multinacional estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras un juicio en Estados Unidos que reveló pagos de más de 1,7 millones de dólares realizados entre 1997 y 2004. Esta decisión judicial marca un hito en la lucha contra la impunidad de las corporaciones implicadas en violaciones de derechos humanos.

El veredicto se produjo tras seis semanas de juicio en las que se detallaron los pagos efectuados por Chiquita Brands a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, estos pagos, realizados bajo el pretexto de obtener “seguridad privada”, sirvieron para mantener las operaciones delictivas de los paramilitares en diversas regiones bananeras de Colombia.

El abogado de las víctimas, Jack Scarola, calificó estos acuerdos como un “pacto con el diablo”, subrayando que la empresa no puede ser exonerada de responsabilidad, a pesar de las amenazas y extorsiones que enfrentó. La justicia estadounidense determinó que Chiquita no logró demostrar que los pagos fueron una respuesta a una amenaza ilegal, inmediata e inminente, ni que no tenía otra alternativa razonable.

Durante el período de financiamiento, se registraron 97 masacres en la región de Urabá, con un saldo de 607 víctimas. Las AUC, responsables de más de 4,000 víctimas en esa región, utilizaron los fondos para fortalecer su control y cometer crímenes de guerra. Exdirectivos de Chiquita fueron señalados por su complicidad en estos actos, pero hasta ahora, la justicia colombiana no ha impuesto sanciones significativas.

La sentencia contra Chiquita Brands, que incluye una indemnización de 38,3 millones de dólares a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, envía un mensaje claro a las corporaciones globales: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Marco Simons, asesor general de EarthRights International, destacó la importancia de este veredicto para las víctimas que lucharon durante años para obtener justicia.

El proceso judicial contra Chiquita Brands comenzó en 2007, cuando EarthRights International y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva en nombre de las víctimas de las AUC. La multinacional, que cesó sus operaciones en Colombia en 2004, admitió en 2007 haber realizado los pagos, lo que resultó en una multa de 25 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. Sin embargo, este dinero nunca llegó a las víctimas colombianas.

Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, lamentó la impunidad que persiste en Colombia y exigió que la justicia local tome medidas para sancionar a quienes financiaron el paramilitarismo. Hasta ahora, ni la justicia ordinaria ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han abordado adecuadamente este caso.

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