Por: Victoria Sandino, senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz
Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional declaró que Colombia era el tercer país con mayor crecimiento económico en la región. Esto, que podría parecer una gran noticia, significa que durante todo el tiempo de la crisis, el gobierno colombiano mantuvo intocable la receta neoliberal representada en la austeridad del gasto social, aquel que debía mitigar las inmensas necesidades del pueblo colombiano en la peor crisis de su historia reciente.
La evidencia de lo anterior es que el presupuesto que nos presenta el Gobierno de Duque para el 2022 continúa defendiendo un modelo económico de inequidad e injusticia: como ya es histórico, el mayor rubro lo consume la deuda pública con casi un 20% del presupuesto, la cual se paga juiciosamente para quedar a la cabeza de esas clasificaciones perversas como las del Fondo Monetario Internacional.
De otro lado, la participación de la paz estaría en el 0,14% en contraste con el 12% del presupuesto de defensa y policía, estos últimos recursos, además, aumentarían en 4 billones de pesos para el 2022. La paz nada significa al lado de la guerra para este gobierno.
Otro dato indignante, es el presupuesto para el agro que apenas participaría el 0,7% del total de lo proyectado para el próximo año. Nuevamente, esto significa que el campo será sembrado de balas y no de los alimentos que calmen el hambre que hoy atraviesan las y los más pobres en Colombia.
La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio tendrían una pérdida de recursos por 4 mil y 21 mil millones de pesos respectivamente para el 2022 con respecto al 2021, lo que sin duda impactará asuntos de vital importancia para la paz como el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS y de toda la Reforma Rural Integral contemplada en el punto 1 del Acuerdo de Paz.
Ni qué hablar de enfoques diferenciales como el de género en esta propuesta de presupuesto. El trazador de equidad de género para el 2022 representa aproximadamente 2,7 billones de pesos, es decir apenas el 0,8% de todo el presupuesto para las mujeres que somos más de la mitad de la población en Colombia.
La cicatería en la inversión social en el presupuesto, habla claramente de la intención del gobierno de Duque, auspiciado por sus bancadas en el Congreso, de continuar entregando lo que producen las y los colombianos al sistema financiero mientras se les somete a una austeridad miserable, respondiendo al descontento social con más militarización y represión, y persistiendo en la perfidia frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz, en lugar de dar verdaderas soluciones a la grave crisis social, económica y humanitaria que vive el país.
Faltará que se ufanen de un crecimiento económico sembrado en el endeudamiento, en el costo en vidas humanas por ahorrar en la contención de la pandemia, en crisis humanitaria, en ampliación de la inequidad, en sacrificar a los pequeños productores solo para que los financiadores de sus campañas hayan podido acumular aún más dinero en tiempos de miseria.