El pasado mes de diciembre, diez líderes sociales de distintos departamentos del país presentaron una tutela ante el Tribunal de Bogotá exigiendo que se garantice la seguridad conforme a lo pactado en el Acuerdo de Paz, obteniendo un resultado favorable de parte de los magistrados a la mayoría de sus peticiones.
Ante el recurso judicial presentado por los líderes, los jueces del Tribunal concluyeron que: “nadie está obligado a vivir bajo el terror de la amenaza, con miedo constante a salir de su hogar y territorio por razón de sus opiniones, condición social, racial o de género, bajo la zozobra de ser atacado, agredido o estigmatizado por expresar su pensamiento, por pertenecer a una organización social”
Dentro de las medidas otorgadas por los jueces se exige a las autoridades locales la garantía de la seguridad a los líderes dentro de la normatividad vigente, extendiendo este requerimiento a las diferentes entidades estatales para que cumplan lo pactado así como las decisiones judiciales ya definidas para estos casos.
Sin embargo, los líderes presentarán un recurso de apelación esperando que en segunda instancia esto llegue a la Corte Suprema de Justicia dado que, durante el proceso el Gobierno desconoció la sistematicidad de los asesinatos a los líderes sociales y el grado de vulnerabilidad a sus derechos.
Los líderes esperan que se tome una decisión de fondo que traspase más allá de los enunciados en el papel para mayor cumplimiento de las entidades y se obtengan garantías que les permita a los líderes ejercer su labor en los territorios del país sin ningún tipo de hostigamiento.