
El prolongado conflicto legal entre Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, y Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), sigue sin resolverse tras más de un año de disputas. La controversia inició en marzo de 2023 cuando Bolívar demandó a Polo Polo por injuria y calumnia, acusándolo de difamación por comentarios que vinculaban a Bolívar con grupos ilegales y la organización Primera Línea.
El 26 de julio de 2024, ambos políticos se encontraron nuevamente en la sala de instrucción de la Corte Suprema, reafirmando su negativa a conciliar. Jonathan Peláez, abogado de Polo Polo, expresó que su cliente ha asistido a todas las diligencias y que existen pruebas que respaldan sus afirmaciones, tachando de excesiva la orden de conducción emitida por el tribunal.
Bolívar, por su parte, enfatizó su determinación de no conciliar, argumentando que sus declaraciones reflejan el sentir de un país que demanda justicia contra aquellos que han proferido comentarios racistas y difamatorios. Subrayó que la posibilidad de conciliación ya se había planteado y rechazado en octubre.
La Corte Suprema ordenó la conducción inmediata de Polo Polo debido a los repetidos retrasos y la falta de resolución en el caso. Bolívar ha dejado claro que no aceptará una retractación tardía, enfatizando el daño causado por las declaraciones de Polo Polo durante la campaña a la alcaldía.