
El salario de los congresistas en Colombia, que actualmente supera los $48 millones mensuales, vuelve al centro del debate con una nueva propuesta liderada por el senador Iván Cepeda y respaldada por 56 legisladores más. Este proyecto de acto legislativo, radicado ante el Senado, busca reducir la remuneración de los congresistas a un máximo de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), lo que equivaldría a aproximadamente $28 millones.
La medida, de ser aprobada, implicaría una reducción cercana al 40% en los ingresos de los legisladores y entraría en vigor el 20 de julio de 2026, coincidiendo con el inicio del próximo período legislativo. Además, se plantea que los ajustes salariales futuros estén directamente vinculados al incremento del salario mínimo, sin que esto afecte a otros funcionarios públicos.
Esta no es la primera vez que se intenta reducir los salarios de los congresistas. Entre 2015 y 2021, al menos diez iniciativas similares fueron presentadas, pero ninguna logró superar los debates necesarios para convertirse en ley. En junio de 2024, un proyecto similar fue archivado tras no obtener la mayoría requerida en su tercer debate en la Cámara de Representantes.
El nuevo texto, según la representante María Fernanda Carrascal, incluye ajustes técnicos que buscan evitar objeciones como las que llevaron al fracaso de iniciativas anteriores. Carrascal enfatizó la importancia de esta medida en el contexto de la difícil situación fiscal del país, señalando que “es hora de que los congresistas también se aprieten el cinturón y contribuyan a la dinamización de la economía”.
El proyecto cuenta con el respaldo de congresistas de diversas tendencias políticas, incluidos líderes como Humberto de la Calle, Mauricio Gómez Amin, Gabriel Becerra y Clara López. Según Iván Cepeda, esta propuesta no solo es una medida económica, sino un paso hacia la justicia social y la reducción de la desigualdad.
Sin embargo, no todos los legisladores comparten este entusiasmo. Algunos argumentan que la reducción salarial podría vulnerar derechos adquiridos y afectar la calidad del trabajo legislativo.
Entre tanto, el proyecto debe superar ocho debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Las discusiones comenzarán este semestre, tras el receso legislativo que finaliza el 16 de febrero.
De ser aprobada, esta reforma marcaría un cambio significativo en la percepción del Congreso, promoviendo una imagen de austeridad y compromiso con la equidad social en un país donde la desigualdad sigue siendo un desafío crítico.