En la mañana de hoy se desarrolló en la Corte Constitucional la audiencia pública sobre la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, en la que se enfrentaron posiciones tanto a favor como en contra del uso del herbicida para la erradicación de los cultivos ilícitos en el país. En la ceremonia se enfrentaron las versiones del Gobierno de Santos y el de Duque frente a la política antidrogas.
Por Yulith Almenarez y Germán Calvo
En un primer momento el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Iván Duque expuso ante los magistrados posiciones a favor de la aspersión aérea solicitando una modulación, que en palabras suyas le daría un fortalecimiento al orden público y a la defensa de los derechos fundamentales. El presidente de la República fue respaldado por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien añadió que las técnicas que permiten implementar esta modalidad “protegen el derecho a la salud y a un ambiente sano”.
Por su parte el ex presidente Juan Manuel Santos manifestó que estrategias como éstas han derivado en fracasos y añadió que el proceso de paz con las FARC, abrió el camino para implementar la erradicación manual y la sustitución voluntaria de cultivos, que en su opinión, es el único camino efectivo para combatir el narcotráfico, destacando que bajo ésta modalidad, en las más de 34.700 hectáreas sustituidas y las más de 5.000 erradicadas, la resiembra fue del 0.6%, en contraste con el porcentaje de resiembra mediante la modalidad de erradicación forzosa que supera el 35%, basado en el más reciente informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Durante la audiencia hubo controversia entre el magistrado Alejandro Linares y el Ministro Botero sobre el costo de la aspersión por hectárea, pues el togado tuvo que insistir al encargado de la cartera de Defensa para que le contestara su inquietud respecto a la carga fiscal que soportaría el Presupuesto General de la Nación por cuenta del uso del glifosato.
Al respecto, el ministro Botero respondió que el costo por hectárea se acercaría a los dos millones de pesos, mientras que por erradicación manual este costo se multiplicaría por cuatro, a lo que el magistrado objetó diciendo que sus datos le indicaban que la fumigación por hectárea mediante la modalidad aérea con el herbicida rondarían los cien millones de pesos, en conclusión, los espectadores de la audiencia no tuvieron claridad sobre el costo real.
En la audiencia también se escucharon las voces de algunos mandatarios locales, en la que se destacó la posición de Camilo Romero, gobernador del Departamento de Nariño quién fue enfático en sus declaraciones para Cuarto de Hora, en las que manifestó una postura clara de oposición a la aspersión aérea en su Departamento, señalando que ante la insistencia del gobierno de imponer esta medida, acudirá a distintas acciones dentro del marco legal, entre las cuales está la de interponer una acción popular para que no sea ésta la solución.
Finalmente la Corte Constitucional tendrá una difícil decisión por tomar. Las comunidades, los entes territoriales, la academia y el Gobierno Nacional están a la espera de la jurisprudencia que definan los togados.