lunes, febrero 26

Reformando la Constitución en calzoncillos

Por: Gustavo Bolívar.

En la década de los ochenta, Colombia era un estado fallido, como lo sigue siendo hoy. Pablo Escobar, Los Ochoa Vásquez y Carlos Ledher, entre otros, amasaban las fortunas más grandes de la época, transportando cocaína con suma tranquilidad, a Puerto Rico y los Estados Unidos,  gracias a la “legalidad” de sus pistas y a las licencias de operación de sus flotillas de aviones y helicópteros otorgadas por el director de la Aeronáutica de la época, un joven de 29 años, añitos para un cargo tan alto, Alvaro Uribe Vélez.

Esa fiesta de lujos extravagantes, crímenes por encargo, sobornos, políticos arrodillados, prostitutas, compra de jugadores y títulos de la liga profesional, les duró hasta 1.984 cuando Rodrigo Lara Bonilla, un joven ministro proveniente del Nuevo Liberalismo (NL) que lideraba Luis Carlos Galán, denunció “los dineros calientes” en el fútbol y en la política. Inmediatamente se puso en la mira de la mafia.

Primero lo quisieron destrozar moralmente. Un narcotraficante llamado Evaristo Porras, desconocido para la época, depositó un cheque de 1 millón de pesos en uno de esos cocteles que se hacían para recoger fondos para las campañas del NL. En rueda de prensa, en el Congreso de la República, al que asistía como Representante a la Cámara, Pablo Escobar exhibió el cheque de Evaristo Porras para destrozar la moral del joven ministro, tejiendo entorno a su imagen impoluta, a la del NL y a la de Galán, un manto de dudas.

Devastado por la ofensa, Lara Bonilla quiso dejar en claro al país y a su líder que no tenía compromisos con la mafia y autorizó para el 7 de marzo de 1.984, el operativo más grande que se ha hecho jamás contra complejo cocainero alguno: el de Tranquilandia, en los montes del Yarí, entre los departamentos de Meta y Caquetá. En ese asombroso lugar fueron hallados 19 laboratorios de cocaína y 13.800 kilos de cocaína procesada avaluada en 1.200 millones de dólares de la época, unos 5.000 millones de hoy.

Perplejos, los policías antinarcóticos bajo el mando del Coronel Jaime Ramírez Gómez, encontraron ocho pistas de aterrizaje, cuatro avionetas marca Cessna, y el ya célebre helicóptero “Huges 500” de matricula HK2704 perteneciente al señor Alberto Uribe Sierra, padre del exdirector de la Aeronáutica, Alvaro Uribe Vélez.

Lo que sigue es lo que tiene que seguir cuando se vive en un narco Estado: Lara bonilla fue asesinado menos de dos meses después, el 30 de abril de 1.984; el Coronel Jaime Ramírez fue acribillado el 17 de noviembre de 1.986 y Luis Carlos Galán cayó abatido el 18 de agosto de 1.989 durante un mitin de su campaña a la presidencia en Soacha Cundinamarca.

El Ministro Lara fue reemplazado por Enrique Parejo y a Parejo le descargaron seis tiros saliendo de su casa en Budapest, Hungría, el 13 de enero de 1.987.

A Parejo lo reemplazó Enrique Low Murtra y a Low lo ultimaron a bala saliendo de la Universidad de la Salle el 30 de abril de 1.991. (En la noche les comento detalles lastimeros de este asesinato. (Cual más llora)

Con el cadáver aún tibio de Luis Carlos Galán, miles de estudiantes indignados por la impresionante violencia que amenazaba con destrozar a Colombia, se lanzaron a las calles a pedir a la Corte que les permitiera introducir en las urnas, una séptima papeleta mediante la cual se convocaba a una Asamblea Nacional constituyente durante las elecciones del 11 de marzo de 1.990. Urgía reformar una Constitución que ya cumplía 104 años y que no tenía dentro de sus 210 artículos las herramientas suficientes para enfrentar las amenazas que se cernían sobre la Nación. La mafia respondió a los estudiantes: A los 11 días de las elecciones mató a Bernardo Jaramillo candidato de la UP a la Presidencia de la República. La izquierda no alcanzó a llorarlo. Al mes, un 26 de abril de 1.990,  la mafia asesinó a Carlos Pizarro, comandante desmovilizado del M-19 en avión en pleno vuelo.

Todos estos magnicidios, sumados a decenas de explosiones de carros bombas, asesinatos de periodistas, entre ellos el director del Espectador Guillermo Cano, jueces, policías y hasta el de un Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos el 25 de enero de 1.988, coparon la resistencia de una sociedad acorralada por el miedo. La presión de los estudiantes rindió sus frutos. El presidente Virgilio Barco decretó un Estado de Sitio, para autofacultarse a convocar un plebiscito constitucional, junto con las elecciones presidenciales del 27 de mayo. En favor de la Constituyente votaron 5.236.863 colombianos y 230.080 votaron en contra. El presidente convocó a la elección y los colombianos elegimos a 70 constituyentes, entre ellos 19 miembros del recien desmovilizado Movimiento 19 de abril.

Todo lo anterior para que ustedes comprendan la cadena de sucesos trágicos, la cantidad de sangre derramada y de vidas valiosas desperdiciadas; las toneladas de tinta y de papel utilizadas por los diarios de la época, las innumerables columnas de opinión, y hasta la desmovilización de tres grupos guerrilleros que se necesitaron para generar la atmósfera suficiente, para llegar a la conclusión de que se debía cambiar la Constitución de 1.886.

Pues bien, los tiempos han cambiado. Hoy la Constitución Nacional, se puede cambiar desde el sofá, la cama, el baño o la cocina de Representantes a la Cámara y Senadores y ni qué decir de la indumentaria de los congresistas. Algunas veces, como el suscrito, en pantalonetas y en chancletas, otras veces desnudo, como le sucedió a un honorable que olvidó apagar la cámara mientras se paseaba en bola por el cuarto. Otras veces sobándose sus partes íntimas, como fue sorprendido otro padre de la Patria. Agunos sentados, otros acostados como el Senador Pulgar y otros desde vehículos en movimiento, como el Senador Luis Fernando Velazco y también yo, el penúltimo día de sesiones.

Pero, como dice al dicho, la pinta es lo de menos. Lo terrible es el medio. Una plataforma virtual, donde no se puede opinar, donde no se puede debatir, donde no se pueden generar discusiones. Porque el ingeniero, bajo el mando del presidente de la cámara respectiva, apaga y enciende el micrófono de los participantes según lo ordene su Jefe. A veces, ni siquiera lo hacen de mala fe. Es que la plataforma Zoom, que es la utilizada y que para el caso del Senado, todos compramos con aportes individuales de 400 mil pesos, no está diseñada para plenarias parlamentarias. Mientras el Presidente pregunta si alguien no está de acuerdo con alguna decisión, muchos estamos levantando la mano y haciendo musarañas para ser vistos. Misión imposible. El hombre no nos ve. Estamos en diminutos cuadritos que nos hace imposibles de descubrir.

Quien escribe, se pasó cuatro días de la semana que termina, esperando a que le dieran la palabra sin tener éxito. Y no fui el único. Decenas de compañeros de varios partidos se quejaron por la misma restricción, aunque mágicamente otros como Roy o Uribe, puedan hablar las veces que quieran. Tanto que me animé a preguntarle a Roy por whatsaap que como hacía para lograr hablar tantas veces y me respondío que amenazando. “Me toca decirles por teléfono que están prevaricando para que me den la palabra”. Pues uno tan nuevo, que no sabe de esas vainas tiene que pagar la novatada con frustración.  Quería expresarme sobre varios proyectos, especialmente el de la Cadena Perpetua a violadores, una jugada populista que le salió mal a la ultraderecha porque en el afan de subir la popularidad del presidente y de su partido, terminaron rebajando de 60 a 25 años la pena a los susodichos.

Y aquí viene una pregunta para los magistrados de la Corte Constitucional que harán el control sobre los actos legislativos aprobados en esta legislatura virtual y que yo, como consta en varias intervenciones, me negué a votar virtualmente: ¿Cómo se puede reformar una Constitución Nacional sin debate, sin que los miembros del congreso estén en el recinto levantando la mano, pidiendo réplicas, suscribiendo proposiciones, escuchando a la ciudadanía y a los expertos en sesión informal, leyendo constancias? ¿Cómo? ¿Cómo señores magistrados? ¿Cómo? Y mucho más si lo que se está reformando o mejor deformando es, nada más y nada menos, que el estado de derecho mismo, aprobando la pena de cadena perpetua, que está prohibida expresamente en nuestra Carta?

Y aunque esta columna no es para debatir ese tema, ya conocen mi posición, les hago un recuento rápido de algunas de las 5.302 violaciones de niños y niñas cometidas durante el conflicto colombiano entre  1985 y 2016, por parte de paramilitares, guerrilleros y militares.

En el Informe “La Guerra Inscrita en el Cuerpo” se estudian varias sentencias de Justicia y Paz en cabeza de paramilitares y aquí se evidencia la doble moral de los impulsores de esta iniciativa, que se la pasan gritando a los senadores de las Farc que son unos violadores, algo que la JEP está investigando, ante innumerables denuncias de la Corporación Rosa Blanca.

Se les olvidó, supongo que premeditadamente, que a quienes ellos defienden a capa y espada fueron y aún son los mayores depredadores sexuales de niños.

A Hernán Giraldo, por ejemplo, un ex jefe paramilitar del Bloque Tayrona de las AUC, lo bautizaron sus compañeros con alias de “Taladro” por su ímpetu sexual contra menores de edad. Este hombre fue condenado dentro del marco de la Ley  de “Justicia y Paz” por cerca de 706 hechos criminales, entre los que se destacan los de prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazos forzosos y abortos forzosos a niñas de entre 10 y 14 años. La sentencia contra el paramilitar repara en 37 violaciones que llevan a los magistrados a hacer una  descripción bastante cruda de este personaje:

“Partiendo del recuento fáctico de los hechos, para esta Sala de conocimiento éste hecho resulta ser emblemático de cara a la innegable calificación del postulado HERNAN GIRALDO SERNA, desmovilizado en condición de comandante del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, como un DEPREDADOR SEXUAL DE MENORES.”

Recalca la acusación en que “el paramilitar obligaba a los padres de las niñas a entregarlas, so pena de asesinarlos, se las llevaba a la fuerza a los campamentos y allí retenía algunas durante días, meses o años”

“Uldar Cardona alias Pablito, líder del Clan del Golfo, apodado el “devorador sexual de Urabá” fue acusado de violar a más de 50 niñas entre los 10 y los 13 años de edad entre 2015 y 2017”

“El paramilitar Obligaba a los padres a llevar a las niñas entre 10 y 13 años a sus fincas y en el caso en que las niñas tuvieran entre 6 y 8 años, obligaba a los familiares a “tenérselas listas” para que se las llevaran al cumplir los 10 años. Si intentaban huir de la zona para salvar a la menor, asesinaba a algún miembro de la familia“

La Sentencia describe otros hechos asombrosos como el ocurrido en el colegio Nuestra Señora del Rosario donde se solían organizar reinados infantiles y juveniles:  “Según la Fiscalía, el reinado no tenía el único propósito de recolectar fondos para el colegio, sino servir como método de selección, para que los miembros de la estructura paramilitar Frente Comuneros Cacique Guanentá (FCCG) eligieran niñas o adolescentes de su agrado para tomarlas como esclavas sexuales. […] La rectora Lucila Gutiérrez permitió que Carlos Almario Penagos, alias “Víctor”, exigiera a Niñas y adolescentes estudiantes del colegio, exclusividad en sus relaciones sentimentales. Esta exigencia se realizó en una reunión conjunta en la que participaron algunos profesores de la escuela, la rectora y las estudiantes, a quienes se les comunicó que sólo se les permitiría ser las parejas de comandantes de la estructura paramilitar, más no de los patrulleros. Adicionalmente, la Fiscalía informó que algunos profesores y la rectora, manifestaron a las estudiantes que no debían permitir que sus familias se enteraran de la exigencia hecha por el paramilitar Carlos Almario Penagos.”

 

Pues bien, por todas estas aberraciones a alias “Tornillo”, a alias “Pablito” y a alias “Víctor” por nombrar solo tres de cientos de abusadores de menores del paramilitarismo, les dieron 8 años de cárcel a cada uno, mientras que a Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de apellido ilustre que violó y asesinó a la niña Yuliana samboní, lo condenaron a 58 años de cárcel, es decir siete veces la condena impuesta a estos depredadores sexuales.

¿Qué necesidad hay entonces de reformar la C.N en calzoncillos si para citar el solo caso  del asesino Uribe Noguera, este violador quedará libre a los 96 años? Ninguna.

Puras ganas de levantar la imagen, a punta de proyectos taquilleros, de un presidente que en solo seis meses se ha visto envuelto, uno tras otro, en siete escándalos de no poca monta, que en cualquier otro lugar del mundo, hubieran cobrado su puesto: La Merlano política; La Ñeñe política, los laboratorios de cocaína en la finca de su embajador en Uruguay; los vínculos de su vicepresidenta con el narcoparamilitar Alias “Memo Fantasma”; las citas de su ministro de hacienda con parapolíticos; las Chuzadas, perfilamientos y carpetas secretas de seguimientos a periodistas y opositores, entre ellos el suscrito, y el séptimo y más reciente, enviar a miles de colombianos a un contagio fijo al convocar, con toda irresponsabilidad, y en medio del pico más alto de la pandemia, al Día sin iva. Una completa salvajada que dentro de poco nos pasará factura a todos los colombianos especialmente a los que tengan que llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos en el pico de la pandemia, a mendigar un respirador que seguramente, ya estará ocupado.

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