La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la ampliación de nómina de la Procuraduría, de 1802 cargos nuevos, no cumple con el fallo emitido por ese organismo en el caso del senador Gustavo Petro.
De acuerdo con la primicia publicada por el Noticentro CM&, un documento suscrito de la CIDH, que está basado en una resolución del pasado 25 de noviembre, advierte a Colombia que la reforma a la Procuraduría, aprobada el pasado junio, no cumple con una de las disposiciones adoptadas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro en el periodo 2012 – 2016
Recordemos que, por el mes de julio la Corte IDH concluyó en el caso Petro que la destitución e inhabilitación del ahora senador por el procurador Ordóñez violó el artículo 23 de la Convención Americana (CA), que establece que esas sanciones sólo pueden derivar de una “condena, por juez competente, en proceso penal”
Dicha sentencia le devolvió los derechos políticos a Petro, quien había sido destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos. Además, entre las acciones reparadoras a asumir por parte del Estado colombiano está la de garantizar la no repetición, “de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”.
Por lo tanto, la solución brindada por parte de la Procuraduría, para dar cumplimiento, a esa disposición en específico, de la Corte IDH, fue expedir el Decreto 1851 de 2021, el cual amplió la planta en el ente de control.
Para el Ministerio público la decisión obedece a las acciones sentenciadas por la CIDH “que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.
Sin embargo, para el organismo no se cumple con la sentencia y por el contrario se Cuestiona que la Procuraduría “continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez en proceso penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos”.
A su vez, la Corte también cuestiona que “la Procuraduría continúe reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención Americana de derechos humanos”.
Mientras la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello, argumenta que estos nuevos cargos, son el producto de un estudio que evidenció las “necesidades y demandas” del órgano de control, los cuales eran “imposibles de satisfacer con la planta de personal actual”, razón por la cual se “recomendó ampliarla en diferentes niveles” y que a su vez, la creación de estos cargos obedece al fallo sobre Petro.
Varios sectores han criticado la decisión, por ejemplo, Jomary Ortegón, coordinadora del área de defensa internacional del Colectivo de Abogados José Alvear, afirmó para el noticiero que “La Procuraduría está utilizando la sentencia de la Corte IDH de una manera tergiversada. De ninguna manera la Corte ordenó la creación de nuevos cargos. De hecho lo que instaba era a eliminar funciones de la Procuraduría, no a darle más funciones”
Por su parte el senador, Gustavo Petro, en su cuenta advirtió, “esto es una verdadera falsedad de la Procuradora. La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas; en cambio lo que hizo la procuradora fue transformarla en una Policía política a cambio de cargos para los congresistas”.