Por: Astrid Navarro Rodríguez
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El pasado noviembre del 2020, fue aprobada la nueva Ley de emprendimiento que busca impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, al tiempo que define un marco regulatorio para ellas, de acuerdo a sus necesidades y características particulares.
En momentos de recesión como los que vive el mundo y particularmente Colombia, acudir a la promoción del emprendimiento es una forma adecuada de apuntarle tanto al desarrollo empresarial, como a la generación de ingresos, de forma tal que el crecimiento económico se pueda dar de la mano de la productividad y la equidad para las personas más vulnerables.
Y es precisamente en esos criterios de inclusión, que permitan que los emprendedores de las bases de la pirámide, donde está el reto más grande para lograr que el emprendimiento conlleve ingresos, dignidad, estabilidad en el tiempo de los negocios y porque no, que contribuya a generar verdadera riqueza en ellos y no que sea una estela de emprendedores fracasados, que pasan de idea en idea y de fracaso en fracaso.
Criterios de inclusión dentro de los programas y proyectos que lideren tanto desde el nivel presidencial, como en los territorios los alcaldes y gobernadores son necesarios para poder avanzar en disminuir la pobreza y dinamizar la economía vía consumo. Tenemos en el país 170 municipios incluidos en los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
Representan estos municipios una oportunidad única para generar las posibilidades de alianzas entre el sector público, privado y comunidades organizadas, que permitan el desarrollo de unidades productivas que le apuesten a las necesidades de consumo del mercado, a las ventajas competitivas de la región, aunadas a su vocación productiva. Estas alianzas deberán contener dentro de su esquema, no sólo recursos de capital semilla, capacitación y asistencia técnica, sino que deben garantizar un proceso constante de acompañamiento, que en el mediano plazo garantice su sostenibilidad, tanto financiera, como técnica y organizacional.
Otra dificultad que se debe enfrentar al generar emprendimiento en zonas rurales y municipios pequeños, son los problemas estructurales de infraestructura, tanto de vías, como de servicios públicos y conectividad, que no permiten que los productos y servicios puedan circular eficientemente entre los territorios y esto se refleja claramente en los niveles de empleo formal que generan las microempresas en Colombia, el cual está muy por debajo del que generan otros países miembros de la OCDE.
En resumen, para lograr que el emprendimiento se convierta en un verdadero motor de desarrollo y de empleo digno para los más excluidos, es necesario que los emprendedores, las comunidades, los gobernantes, las universidades y el sector privado en general se unan alrededor de crear las condiciones necesarias y poder aprovechar todo lo que traer la nueva ley de emprendimiento. Es una tarea de todos y un gran reto que debe ser asumido incluso por los futuros congresistas, quienes deberán apoyar el proceso de puesta en marcha de los decretos reglamentarios requeridos para avanzar.
Se vislumbra una gran oportunidad para avanzar en lo relacionado con la reactivación, si se mira juiciosamente la necesidad de reconversión productiva de algunas regiones, ya sea por cambios en la vocación productiva, por daños ambientales provocados por el extractivismo, por oportunidades del mercado o simplemente por la posibilidad de gestionar recursos que permitan reactivar procesos económicos en zonas con alta potencialidad para implementar nuevos proyectos en diferentes sectores económicos.