Por Wilson Arias
Recientemente fue publicado por el Ministerio de Hacienda el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se trata de un extenso estudio en el que el gobierno presenta los resultados y propósitos de la política fiscal, aquella rama de la macroeconomía que trata básicamente de los ingresos, los gastos y la deuda pública.
En él se hace un inventario general de los aspectos más relevantes de la actividad económica del año pasado y se exponen las estimaciones para el 2021 y los diez años que siguen. Desde su creación en el 2003 las predicciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Hacienda son acomodaticias y suelen guardar más relación con el optimismo exagerado de sus jefes que con la realidad económica del país. El actual no es la excepción, Jorge Iván Gonzalez en La República, acierta al afirmar que es un documento lleno de actos de magia.
Aunque parezca un pleonasmo hay que recordar siempre, que la política fiscal es ante todo eso: Política, por lo tanto su incidencia en la distribución tiene el sesgo de la ideología que la administre; en mi opinión, la equidad en lo atinente tanto a lo tributario como al gasto público, debe ponderar de manera especial los derechos de los más vulnerables bajo el principio primordial de la progresividad como requisito fundamental para lograr el bienestar y la prosperidad de las mayorías.
Sin embargo, en contra del sentido redistributivo, como deber ser de la política fiscal colombiana, esta se ha forjado sobre una doctrina, cuya base teórica y empírica es alivianar la carga tributaria de las empresas con el supuesto de que estas crean más empleos y mejores remuneraciones, y buscar los recursos en los bolsillos de las personas naturales, principalmente trabajadores de clase media.
En razón de este debate, un connotado grupo de intelectuales ha solicitado a la Corte Constitucional que verifique si se cumple el principio de progresividad en el Estatuto Tributario, basados en el estudio realizado por Espitia y Garay que revela que las empresas más ricas no pagan los impuestos que deberían, a causa del abuso de los beneficios tributarios que erosionan la base gravable.
La diferencia entre la tasa nominal al impuesto sobre la renta de los bancos y las multinacionales mineras (33% al 30%) y su respectiva Tasa Efectiva de Tributacion, es ejemplo de ello: el sector de la mineria tiene una Tasa Efectiva de apenas 4,28% y el sector financiero del 1,55% según exponen los investigadores basados en las declaraciones de renta de las personas jurídicas del país.
Lo anterior nos ha llevado a ocupar lugares deshonrosos en el ranking de las desigualdades. Como lo ha establecido la OCDE, la desigualdad de los ingresos en Colombia es la más alta entre los países que conforman el club de buenas prácticas y una de las más altas de América Latina. Para la ideología que gobierna ese es un tema menor; para la nuestra, la superación de la desigualdad es un imperativo ético y suscribimos la teoría según la cual los sistemas tributarios existen para redistribuir la riqueza de manera más justa.
El Marco Fiscal se presenta bajo un sesgo ideológico regresivo, desde el cual el gobierno anuncia la necesidad de recaudar $20 billones, contabilizando aumentos del orden del 24% y del 64% en los impuestos del IVA y el impuesto al consumo respectivamente; en ese sentido se avizora una reforma tributaria que descansa en ampliar los denominados impuestos indirectos. La literatura económica recalca el carácter regresivo de estos tributos, pues afectan en mayor proporción a los sectores de la sociedad que tienen menos ingresos.
En el papel, el Plan proyecta para el 2021 un crecimiento nominal de los ingresos tributarios del 13,2% respecto al 2020, impulsado por una supuesta recuperación del crecimiento económico. Es decir, el ministro Carrasquilla predice que el COVID desaparecerá y las empresas estarán produciendo a grandes ritmos, la gente estará consumiendo y la economía va a estar a todo vapor, en menos de un año. Este mundo financieramente soñado se desprende del levantamiento de las medidas de aislamiento y la recuperación de la demanda. Lo cual, de paso, explicaría el discurso de la urgente “normalización”.
Pero por otra parte, en nombre de la crisis el gobierno de Duque anuncia una reforma fiscal que tiene todos los rasgos de hacer recortes en la inversión social y muy probablemente de aumentar la base gravable del IVA, extendiendo el impuesto a la canasta familiar en el sentido propuesto por los banqueros agremiados en ANIF.
Del lado del gasto, el marco fiscal anuncia que el gobierno central lo contraerá en la magnitud del monto destinado para la emergencia económica, mientras el gasto restante se reducirá en 0,3% del PIB. ¿Significa este anuncio que en el soñado 2021 ya no se necesitarán subsidios, transferencias, ayudas, inversión sanitaria, etc.?
En mi opinión la realidad desborda los fantasiosos cálculos de Carrasquilla & Cía. Una planeación fiscal responsable debe reflejar los impactos por la caída del precio del petróleo, la disminución en el recaudo tributario causado por el decrecimiento de la economía, el debilitamiento del consumo, el alto desempleo y sobre todo, de la enorme cantidad de personas que pasarán a la pobreza.
En la perspectiva del gasto público, en contravia de lo que dice el gobierno, la realidad obliga a mejorar la política social y financiar definitivamente la renta básica como mecanismo para auxiliar a la población que está soportando los efectos de la Pandemia de manera permanente, pues la recuperación nos tomará mucho tiempo.
El inminente aumento de la pobreza y la dificil situación social exige la grandeza política de poner el estado al servicio de sus ciudadanos, para financiarlo se requiere una fiscalidad progresiva urgente, mediante el tríptico de la fiscalidad progresiva que propone la metodología de Piketty sobre la propiedad, la herencia y la renta.
He insistido con vehemencia en la necesidad de crear un impuesto progresivo al patrimonio, que no es un impuesto a un flujo, sino que significa gravar la riqueza acumulada; en ese entendido, se explica como la correspondencia con el país de los super ricos que han sumado años de acumulación beneficiada por épocas de bonanza y de múltiples beneficios tributarios, principalmente el decil más rico de las empresas, que concentró el 95,4 % de la riqueza total de las personas jurídicas en el 2017.
Esta es la batalla ideológica que libraremos en este nuevo periodo legislativo, en el que se debatirá el Presupuesto General de la Nación y probablemente la Reforma Tributaria. Anticipo que las fuerzas políticas del gobierno defenderán la regresividad anunciada en el marco fiscal y serán mayoría respecto a los que buscaremos su contraria, la progresividad, por lo que me aventuro a escribir estas letras buscando el apoyo popular requerido.
Thomas Piketty ha afirmado que la conclusión más importante y veraz que puede sacar de su extensa investigación, es que la desigualdad no es un asunto económico ni técnico: es ideológico y político. Dicho de otro modo, categorías como la deuda, el deficit o los impuestos, son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal y político que hemos decidido establecer; estas decisiones dependen sobre todo de la interpretación que hacemos de la justicia social, así como de las relaciones de poder políticas e ideológicas. Esperamos contar con usted que me lee, en el equipo de la progresividad tributaria.