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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el secretario general del Senado, Gregorio Eljach; la directora administrativa, Astrid Salamanca y la jefe de la división de bienes y servicios, Silvia Meneses; con el fin de esclarecer la participación de estos funcionarios en el presunto direccionamiento en una licitación pública por la suma de $3.649 millones de pesos.
Según diversos medios de comunicación, la investigación tendría que ver con una denuncia interpuesta por el arquitecto John Jairo Pinzón Díaz y la asesora de Presidencia, Diana Velasco por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la licitación pública “LP002-19” que tenía como objeto contratar las reparaciones locativas de las fachadas del capitolio nacional.
En su momento, en la licitación salió elegido el Consorcio NPU, representado por Samuel Carillo Rojas, en donde en el histórico de proceso se hicieron observaciones sobre requisitos que supuestamente restringían la pluralidad de oferentes, rechazados por la institución.
Desde septiembre de 2019, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el supuesto direccionamiento en este proceso que sólo contó con un único oferente: el Consorcio NPU.
El ente investigador determinó que realizará una nueva recolección de pruebas para este proceso.