El presidente Gustavo Petro ha solicitado que se estudie la posibilidad de que Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, acceda a los beneficios de la Ley 2292 de 2023, la cual permite a mujeres cabeza de hogar cumplir su pena mediante trabajo comunitario. Sin embargo, expertos jurídicos han señalado que Barrera no cumple con los requisitos establecidos en esta normativa.
Recordemos que Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y dos meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por vandalismo durante el paro nacional de 2019. Recientemente, en una entrevista con Noticias RCN, la influencer solicitó la intervención del presidente Petro para obtener su libertad. En respuesta, el mandatario pidió a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, gestionar la aplicación de la Ley 2292, argumentando que Barrera es madre cabeza de familia y debe recibir el beneficio de salir diariamente de prisión.
No obstante, la solicitud del presidente ha generado un debate jurídico y social sobre los alcances de la ley y la proporcionalidad de las penas en Colombia.
¿Qué establece la Ley 2292 de 2023?
Esta norma permite que las mujeres cabeza de hogar que se encuentren en prisión por delitos menores puedan sustituir su pena por servicios comunitarios. Para acceder a este beneficio, deben cumplir tres condiciones clave:
- Ser madre cabeza de familia , es decir, ser la única responsable del sustento de sus hijos.
- Haber cometido delitos específicos , como hurto o tráfico de estupefacientes, con penas menores a ocho años.
- Encontrarse en condiciones de marginalidad económica que afectan el mantenimiento del hogar.
Además, la ley excluye a quienes hayan cometido delitos dolosos en los cinco años anteriores o cuya condena no esté contemplada en la normativa.
El profesor Norberto Hernández, de la Universidad Javeriana, consultado por La Silla Vacía, explicó que Barrera no puede ser considerada madre cabeza de familia, ya que su pareja sentimental podría asumir el cuidado de su hija. Además, su condena por daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público e instigación a delinquir con multas terroristas no está incluida en los delitos a los que aplica la Ley 2292.
El abogado penalista Iván Cancino indicó que Barrera podría acceder a beneficios carcelarios en el futuro, como permisos de salida a los 18 meses de su condena y libertad condicional al cumplir aproximadamente 24 meses. Sin embargo, esto dependerá de la decisión del juez de ejecución de penas.
Por otro lado, su anterior abogado, Omar Ocampo, sostiene que la influencer sí es madre cabeza de familia y que la Corte Suprema no demostró este factor en su sentencia. Este punto ha generado controversia sobre la interpretación de la norma y la situación familiar de Barrera.
El presidente Petro ha argumentado que la pena de Barrera es desproporcionada y que su caso refleja desigualdades en la justicia colombiana. Según él, Epa Colombia fue castigada con mayor rigor debido a su origen popular y exposición mediática, mientras que otras personas con delitos más graves han recibido penas más flexibles.
Sin embargo, más allá de la discusión política, el caso de Barrera enfrenta barreras legales que dificultan la aplicación de la Ley 2292 a su favor. Por ahora, la decisión final recae en la justicia, que deberá determinar si el influencer puede acceder a beneficios penitenciarios o si deberá cumplir su condena en prisión.