domingo, febrero 9

POR UNA ALIANZA PUBLICO PUBLICA

Por: Wilson Arias
Autorizados analistas, congresistas y académicos coinciden en aceptar que atravesamos por una crisis económica, incluso desde antes que se decretara la emergencia. Algunas voces entre las que me cuento, hemos redundado sobre las consecuencias de un momento crítico que amenazan con agudizarse en el tiempo: desempleo, hambre, pobreza, desigualdad, etc.

Sobre las causas ya me he manifestado en este y otros espacios. Avizorando el recrudecimiento de la situación por la aprobación de un presupuesto totalmente regresivo, me siento en el deber de insistir en proponer salidas para auxiliar a los sectores excluidos sobre los cuales ha golpeado con mayor rudeza los efectos de la irresponsabilidad macroeconómica de éste y los últimos gobiernos. Como en cualquier momento recesivo, el país requiere de un robusto programa de reactivación con políticas económicas contracíclicas que nos permitan superar este periodo amargo. Así pues, debemos armonizar de forma expansiva las políticas monetaria y fiscal en aras de crear empleo y generar demanda.

Por consecuencia contable, el déficit del sector público resulta ser el superávit del sector privado. En ese entendido, insisto, un aumento en la inversión pública es imprescindible para lograr un aumento del consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Roosevelt pasó a la historia por implementar políticas de este tipo mediante el famoso programa de reactivación denominado New Deal, gracias al cual se recuperó la senda de crecimiento y pleno empleo en los Estados Unidos potr los días de la Gran Depresión.

El año pasado, un Millón 300mil personas ingresaron en Colombia a la condición de pobreza y pobreza extrema; en el mismo periodo el crecimiento económico estuvo jalonado por ramas de la actividad rentistas en demerito de las actividades productivas asociadas al agro y la industria, lo anterior revela lo que algunos entendidos han denominado Crecimiento empobrecedor, y recuerda la advertencia de Keynes, de que las rentas provienen de la escasez de capital y que mediante el atesoramiento de liquidez se promueve el desempleo. Por lo tanto, un plan de reactivación económica debe ser distinto, tiene que contener un enfoque de justicia social y climática, el transito hacia un modelo productivo que establezca relaciones justas, se hace urgente en nuestro país.

El New Deal gringo siempre servirá de referencia cuando enfrentamos momentos de crisis, sin embargo, la geografía y el tiempo de aquel entonces difiere de nuestra realidad. Colombia y el siglo XXI tienen sus propias particularidades, ya en 2018 la ONU le advirtió al mundo que de no reducir drásticamente en un 50% al 2030 y alcanzar un 0% en las emisiones netas de carbono al 2050, podríamos enfrentar una extinción; la primera provocada por la especie humana.

De modo que hoy el país no solo se enfrenta a los estragos de una economía rentista sino, además, a una crisis climática que está atravesada por una tercera crisis, una de valores políticos que amenaza con la imposición de formas autocráticas mediante la asfixia y desbalance de la estructura de poder en un sentido hiperpresidencialista.

En lo económico, para conducir el cambio se deben armonizar las políticas monetaria y fiscal, democratizar el crédito y expandir el gasto público, en consecuencia se debe abandonar la sumisión ante la banca nacional y foránea que impone el Fondo Monetario Internacional y sus consanguíneas calificadoras de riesgo, bajo el dogma de la supuesta disciplina fiscal. Sus invocaciones han impuesto medidas de restricción presupuestaria dócilmente aceptadas por el gobierno, induciendo la idea de la búsqueda responsable de superávits fiscales, que de responsables no tienen nada pues solo producen déficits privados, por lo tanto desempleo y aumento de deuda pública y privada.

En un renacer económico, la democratización del crédito puede realizarse a través de la banca pública dotando de liquidez al financiamiento de actividades que generen un aumento proporcional en la creación de empleos y produzcan cambios en la producción y en el consumo. Una alianza público-pública que articule a una robusta banca estatal de primer piso (inexistente hoy en día) con las empresas públicas de servicios domiciliarios para aprovechar su capacidad instalada y de Know How, debe ser un importante eje sobre el cual gravite un programa de inversión pública, por ejemplo, con el fin de extender la conectividad de fibra óptica en todo el país, tener conectividad de alta velocidad y permitir el desarrollo potencial del saber en todos los rincones del país.

La alianza también podría garantizar el mínimo vital de agua potable a la población excluida y proyectar un modelo de democracia energética que aproveche las bondades de radiación solar de nuestra ubicación geográfica, para establecer proyectos de generación fotovoltaica por hogares, con lo cual no solo se mejora el bienestar general y la calidad de vida de la población –como ordena la constitución al Estado–, sino que además crea cientos de puestos de trabajo directos e indirectos de manera inmediata y abarata las tarifas, de tal manera que el Estado podría desmontar los actuales subsidios a la oferta energética y redirigir estos recursos al pago de la deuda con el banco estatal. En últimas, estas las utilidades de la banca pública se orientarán al Presupuesto General de la Nación garantizando ingresos públicos distintos a los tributarios. Un círculo virtuoso.

Una alianza público pública mediante la cual se hagan inversiones de este calado también puede pensarse para cambiar los sistemas de transporte de las ciudades, generar planes de vivienda, fortalecer la economía campesina y crear las condiciones para incentivar la inversión privada, inyectando la prometida liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas, que nunca llegó.

El actual gobierno no le va a jalar a las alianzas público públicas, ha demostrado su compromiso con las corporaciones que le financiaron su campaña, con el capital extranjero y con la intermediación de la banca privada para que exprima rentas de todos los renglones de la economía. Por lo tanto, esta alianza público-pública no tiene otra opción que ver la luz por el designio divino del mandato popular. Si queremos la realizamos.

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