José María Ballesteros, quien se desempeñó como gobernador de La Guajira entre junio de 2014 y diciembre de 2015, fue acusado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por irregularidades en dos contratos específicos que pretendían garantizar la alimentación y transporte para los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables del departamento.
Plan de Alimentación Escolar (PAE)
De acuerdo con el material probatorio, el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE), que se celebró el 19 de marzo de 2015 con el consorcio “Nutriendo Escolares de La Guajira” y cuyo valor fue de $41.064’418.760, habría presentado deficiencias en los estudios previos; errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos; número de raciones previstas; instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.
Asimismo, hay evidencia de que no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas; que las raciones preparadas no proporcionaban el aporte nutricional adecuado para los menores; y que la gobernación no dispuso condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en aulas, de pie, en el piso o al aire libre.
Además, presuntamente se incumplieron los requisitos de ley con el ánimo de favorecer al contratista; se detectó un detrimento patrimonial superior a 13.200 millones de pesos por sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron; y se acreditó que la gobernación pagó por cada complemento de la mañana y por cada almuerzo, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación.
Transporte escolar
El contrato de transporte escolar, celebrado el 6 de mayo de 2015 con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’, ascendió a $9.310.604.160 y tuvo un plazo de ejecución de 88 días.
Para la Fiscalía, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato, con el fin de favorecer a la unión temporal. Al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir.
Finalmente, llamó la atención que, para la prestación del servicio, se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.
En 2019 la Corte Suprema de Justicia condenó a Ballesteros a más de 14 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión, por irregularidades en el convenio que suscribió con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS), cuyo propósito era investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira.