viernes, febrero 7

¡Por fin! Bancada de gobierno y oposición llegaron a un acuerdo para bajar el salario de los congresistas 

Luego de varias discusiones entre la bancada de gobierno y la oposición, en las últimas horas se radicó un proyecto de ley que busca una reforma constitucional al Congreso para reducir el salario y las vacaciones de los congresistas, así como “luchar contra exagerados privilegios de los parlamentarios”, según señaló el senador Gustavo Bolívar.

El proyecto que unifica propuestas de diferentes sectores, fue presentado por los congresistas Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Catherine Juvinao, Paloma Valencia, Hernán Cadavid, Marelen Castillo y Erika Sánchez.

Tal como quedó el documento radicado, se espera que por fin se logre la disminución del salario durante el periodo actual, esto a través de un impuesto del 20% que será fijado por la ley. 

Teniendo en cuenta que los congresistas no pueden legislar en causa propia, como ya lo había dicho hace algunas semanas el senador Bolívar, la reforma modificaría el artículo 187 de la Constitución Política para que el salario de los congresistas tenga una reducción, esto empezaría a regir desde 2026, año en que el salario de los parlamentarios no podrá superar los 23 salarios mínimos.

Por otro lado, según señaló Catherine Juvinao, también se harán proposiciones para pasar un impuesto al salario, que actualmente supera los 30 millones,  a través de la reforma tributaria, pues, según dice, así se “aprueba rápido y sería de aplicación inmediata apenas empiece a regir la reforma tributaria”, en caso de que el proyecto tenga problemas en los debates.

Este proyecto también busca fortalecer la figura de pérdida de investidura de los parlamentarios, ya sea por ausentismo o por obtener cuotas o prebendas burocráticas a cambio del voto de proyectos y mociones de censura.

Otro de los puntos de la iniciativa es reducir de manera drástica el período de receso legislativo del Congreso con el fin de ampliar el semestre de sesiones que compone cada legislatura.

En ese sentido se establecería que el primer período de sesiones iría del 20 enero hasta el 20 de junio y del 20 de julio al 20 de diciembre. Con esto se espera cualificar la discusión de los grandes temas que interesan al país, así como, fortalecer el ejercicio del control político que el Congreso ejerce sobre el ejecutivo y sus entidades adscritas.



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