Pese a que el Congreso de la República tuvo 11 meses para debatir el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, solo hasta el último día de la legislatura, el pasado domingo 20 de junio, los presidentes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara decidieron agendar su discusión, ocasionado que dicho acuerdo se hundiera.
Tras eso, se conoció que varias organizaciones ambientales que pertenecen a la Alianza de Escazú, en la cual le solicitaron al presidente Iván Duque que vuelva a radicar con mensaje el proyecto en el Congreso, este 20 de julio.
“Que el proyecto de ley se haya archivado, no quiere decir que se haya perdido el inmenso trabajo hecho hasta ahora. El proyecto de ley puede ser presentado de nuevo y es clave que la sociedad civil mantenga su liderazgo para que el Gobierno Nacional presente el proyecto y cumpla con los acuerdos adquiridos”. indican.
Según la Alianza, de la que forman parte organizaciones como WWF, Dejusticia, al igual que las universidades del Rosario y los Andes, esto permitiría que el Congreso realmente cumpla con los términos de este mensaje de urgencia, en el que se indica que el primer debate se debe llevar a cabo a más tardar 30 días después, es decir, antes del 31 de agosto.
“Si esto ocurre, se demostraría que realmente existe una voluntad política de ratificar el Acuerdo de Escazú, tal como se manifestó durante la semana anterior tanto por los Ministerios como por los congresistas”, dicen las organizaciones.
Además, las organizaciones también aprovecharon la solicitud para responder las críticas de los sectores políticos, como el partido Centro Democrático, que desaprueban el contenido del acuerdo internacional y dilataron su tramite legislativo en el Congreso.
De acuerdo a lo que señala la Alianza de Escazú, este acuerdo no representa riesgos para las inversiones futuras en el paìs, pues cuenta con lineamientos de política ambiental que coinciden con importantes inversionistas del país como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Además, las organizaciones reiteran que tampoco realiza imposiciones jurídicas externas que afecten la seguridad jurídica, sino que contribuirá a superar las ambigüedades existentes en la legislación ambiental colombiana.
Es importante recordar que el Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles y, por primera vez, medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambiental.