Este artículo es una nota ciudadana, y como tal es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Cuarto de Hora.
El 10 de junio de 2020, el ministro de agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, mediante el decreto 835 nombró a Abel Enrique Lacharme como jefe de Agencia en la oficina del Inspector de la Gestión de Tierra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Nombramiento que no tendría nada de extraño si no fuera porque uno de los familiares cercanos del nombrado es nada menos que Manuel Cabrales Lacharme quien en la actualidad mantiene un proceso judicial por tenencia irregular de baldíos en Montería. En efecto, Manuel Cabrales Lacharme fue entutelado en 2020 por la (ANT) ya que un juez le concedió irregularmente la propiedad de varios predios baldíos. El Tribunal de Montería anuló el fallo y le dio la razón a la ANT.
Manuel Cabrales Lacharme impugnó esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia que debe determinar si concede la propiedad de esos predios o la niega al considerarlos baldíos que le pertenecen a la Nación, que deben ser destinados a proyectos campesinos o comunitarios
Una de las funciones del Abel Enrique Lacharme es la de vigilar la conducta de otros funcionarios de la entidad, acceder a datos confidenciales, e informar al Presidente de la República de su gestión. De lo que resulta evidente que existe un conflicto de intereses de marca mayor.
De acuerdo con un estudio de la Universidad del Norte de Barranquilla de 2018, la familia Lacharme es uno de los mayores propietarios de tierras en Montería a lo largo de su historia. Incluso fueron propietarios del Banco del Sinú.
