El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó este martes una serie de medidas cautelares en el marco del cuestionado contrato con la Unión Temporal Centros Poblado, tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación.
En la decisión, los magistrados del Tribunal ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios, que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.
Todo con el fin de “poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado o de terceros”.
Además, los magistrados también ordenaron el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, etc. de los socios y miembros que la integran la Fundación de Telecomuniaciones, Icm Ingenisros, Intec de la Costa y Omega Bulding.
Según el Tribunal, el monto del embargo será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, esto es: $70.243.279.599.
Es importante reiterar que el Tribunal inició trámite por petición de la Procuraduría General, que a través de una acción popular pidió que se devuelvan los más de 70 mil millones de pesos.