por Mayra Lopez Duarte
Durante la rueda de prensa el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se negó a contestar las preguntas sobre de debate de moción de censura que se llevó a cabo este martes en el senado y en el cual fue duramente criticado.
El ministro señala el debate del congreso “un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias”. “Más allá de la coyuntura política lo que debe contar es legitimidad y los instrumentos jurídicos y legítimos para combatir estas amenazas”.
Inicialmente, el Ministro se refirió a la muerte del líder campesino Flower Trompeta, en zona rural de Corinto (Cauca), por parte del Ejército Nacional, así lo denunció la comunidad.
Algunos detalles del funcionario fueron: “Una vez se reporta la muerte del señor Trompeta se les informa a las autoridades de Policía Judicial competentes para que adelanten todas las diligencias técnicas científicas, denominadas actos urgentes. El ministerio de Defensa ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales para que se adelante la investigación que en derecho corresponda”.
Y agregó que “son las autoridades judiciales las competentes para actuar, según los resultados de las pruebas técnico científicas las circunstancias de ocurrencia de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública”.
Asimismo, el ministro aseguró que Medicina Legal confirmó no haber encontrado señales de tortura en los cuerpos, no obstante, declara que la información presentada en el debate del senado por la muerte de seis menores de edad en el bombardeo a una disidencia de las FARC en San Vicente del Caguán en donde le dieron de baja a alias ‘Gildardo Cucho’.
Botero aseguró que todas las operaciones del Ejército “están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases del asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares en 2008 por mandato de la política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional”.
El funcionario señalo, “labores de identificación de cadáveres corresponde exclusivamente a Medicina Legal que reporta a la autoridad judicial los informes técnicos y científicos para la valoración que en derecho correspondan” y hasta el momento “no ha recibido solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posibles responsabilidades de miembros de la Fuerza Pública” así lo declara para este caso.
Durante la rueda de prensa, el Comándate de las Fuerzas Militares de Colombia el General Luis Fernando Navarro, se refirió al bombardeo y señaló que “no fue una operación contra menores de edad”, sino “una operación contra el cabecilla del GAO-r7, alias Gildardo Cucho”.
Es decir que el GAO residual es quien comete un crimen de guerra de manera forzada a menores de edad y los ubica como un objetivo militar.
“El GAO residual es una amenaza real contra el Estado colombiano y en repetidas ocasiones nos han pedido adelantar operaciones contra esta estructura y esos conceptos operacionales están contemplados en nuestros planes operacionales y es deber de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional contener los planes estratégicos de estas organizaciones armadas al margen de la ley”
Señaló que el operativo se realizó “partiendo de labores de inteligencia”, en donde se estableció su desplazamiento “desde Venezuela hasta el departamento del Caquetá con su estructura de seguridad, compuesta por cerca de 20 individuos, con el propósito de controlar rutas del narcotráfico, realizar acciones terroristas, desplazamiento forzado, secuestro y extorsión”.
El General de la Fuerzas Armadas afirma que la operación se siguió todos los paramentos establecidos por la ley, todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, transversalidad con el CICR y con altos estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
Puntualizando el tema y la ola de preguntas el General determinó que es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar, es decir que el GAO residual es quien comete el crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos en un objetivo militar”.