La Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia presentó este martes su informe sobre la preocupante situación de violencia que vive el país.
El informe señala que el año pasado, la organización que examina la implementación del Acuerdo de Paz, registró 76 masacres en el país y sigue verificando otras cinco que ocurrieron durante ese año.
«Estas masacres implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes», indica el informe.
Más de la mitad de estos hechos se concentraron apenas en tres departamentos: Antioquia, con 19 casos, y Cauca y Nariño, con 11 masacres cada uno.
En Vivo! Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los #DerechosHumanos sobre #Colombia https://t.co/JFjqQiEcFd
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 23, 2021
Con esas cifras, la oficina de la ONU en Colombia indicó que “desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014″.
Además, la organización internacional también documentó en el 2020 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 90 están documentados y 25 aún siguen en seguimiento.
“Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca” advierte el informe.
La ONU también expresó su preocupación por el asesinato de al menos 248 excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz de 2016.
Ante este preocupante escenario, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó la atención del Gobierno Nacional por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal con respecto al desmantelamiento de las organizaciones criminales.
De esta manera, le insistió al Gobierno Nacional implementar efectivamente el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, “que aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia”.