Por: Nicolás Rodríguez Gómez / @nicolasrgomez6
La Oficina de alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos volvió a incomodar a los altos funcionarios del gobierno colombiano tras la publicación de su informe anual que revela el cruel panorama en el país con respecto a las violaciones de los Derechos Humanos.
Este jueves escaló el nivel de discordia entre el gobierno y la ONU cuando el presidente de la república, Iván Duque fue más allá y manifestó su descontento por las conclusiones y resultados del informe de la organización. Para el Gobierno, la oficina hace una “lectura incompleta de la realidad” y lamenta sus “imprecisiones basadas en sesgos políticos”
Incluso el presidente Duque calificó el informe como “una intromisión en la soberanía” luego de conocer la propuesta del comisionado que formulaba la transferencia de la Policía al Ministerio del Interior por cuenta de sus aparentes excesos en la protesta social.
De acuerdo con el informe del organismo internacional, el 2019 fue un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. Allí, se revela que en el país se presentaron 36 masacres, que implicaron la muerte de 133 líderes sociales y defensores de derechos humanos, la cifra más alta desde el 2014 que se incrementaron aproximadamente un 50%
Frente al Acuerdo de Paz, reconoció los esfuerzos del Gobierno para avanzar en la reintegración de los excombatientes, pero exigió más presupuesto para dar cumplimento a todas las promesas y garantías en los territorios donde se vivió el conflicto armado.
Adicional a esto denunció los crímenes y delitos cometidos por las Fuerzas Militas y el abuso y exceso de las autoridades en las protestas, en referencia a las últimas movilizaciones en contra del gobierno Duque donde un uniformado del ESMAD asesinó al joven estudiante Dilan Cruz.
La Oficina también dedicó un apartado al ELN advirtiendo que “continuó incurriendo en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La tensa relación de gobierno Duque y el Alto Comisionado no es nueva. Desde el principio, siempre se ha tejido una disputa por la posición del gobierno frente al Conflicto Armado en Colombia. La primera puja fue por las objeciones presidenciales en contra a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).