El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Jaramillo, anunció la apertura de una mesa de concertación para revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que define los recursos que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado. La decisión surge tras el incremento del 5,36 % para 2025, cifra basada en la inflación, que ha sido calificada como insuficiente por gremios del sector salud, incluidos Afidro y la Andi, quienes estiman que el sistema requiere un aumento cercano al 16, 9 % para superar la crisis financiera actual.
El ministro propuso un espacio de diálogo que involucre a las EPS, entes de control, expertos y la academia para evaluar si el método de cálculo utilizado desde 2012 sigue siendo adecuado. Según Jaramillo, la falta de datos confiables y la omisión de información por parte de algunas EPS obligaron a basar el incremento únicamente en la inflación. Además, planteó alternativas como asumir aportes patronales pendientes desde 2012, que podrían ascender a $20 billones, o buscar fuentes adicionales de financiamiento.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó el incremento del 5,36 % y rechazó aumentos tributarios que afectan a las empresas. Además, solicitaron investigaciones penales para esclarecer el uso de los recursos por parte de las EPS, señalando irregularidades como clínicas ficticias, facturación oculta y costos atribuidos a personas fallecidas. Petro enfatizó que estas prácticas afectan la sostenibilidad del sistema y reiteró su compromiso con un modelo asistencial más transparente y eficiente.
Mientras se define el futuro de la UPC, el sector salud enfrenta tensiones crecientes entre el gobierno y las EPS, que advierten un posible déficit en la atención médica. En paralelo, los pacientes continúan enfrentándose a un deterioro en los servicios, reflejo de la crisis financiera y administrativa que afecta al sistema.