La propuesta de la Alcaldía de Bogotá para destinar 2.600 millones de pesos en la renovación de la flota de camionetas blindadas del alcalde Carlos Fernando Galán ha generado un intenso debate en la capital. La medida, justificada por el Distrito como una necesidad para garantizar la seguridad del mandatario, su familia y otros altos funcionarios, ha recibido críticas tanto en el Concejo Distrital como entre la ciudadanía.
Según la administración distrital, los vehículos actuales, adquiridos en 2017 y utilizados bajo comodato con la Policía Nacional, han superado su vida útil, lo que incrementa los riesgos operativos y de seguridad. La Secretaría de Seguridad argumenta que los estudios técnicos de la Policía Nacional recomiendan el reemplazo de estos vehículos cada ocho años para mantener su efectividad en la protección de los funcionarios.
Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por varios sectores, debido a la evidente contradicción con las declaraciones pasadas del alcalde Galán, pues cuando Claudia López era la alcaldesa, Galán prometió renunciar a ciertos privilegios, como el uso de camionetas blindadas, y optó por conducir su propio vehículo como símbolo de austeridad. Estas promesas han sido recordadas por críticos que ven la nueva inversión como una falta de coherencia con el compromiso de reducir el gasto en privilegios.
Además de la renovación de la flota, la Secretaría de Seguridad presentó una solicitud de aumento presupuestal de 35.640 millones de pesos, que incluye la compra de kits de seguridad, soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica, y la construcción de un comando de Brigada del Ejército. Esta adición ha sido también objeto de escrutinio, con concejales y ciudadanos pidiendo mayor transparencia en la justificación de estos gastos.