Felipe Tascón Recio / @felipetascon57
Hace muchos años vi una película húngara ambientada en una esquina comercial de un barrio de Budapest, durante la 2ª guerra mundial y el gobierno autoritario del regente Horthy, títere de los nazis. En la 1ª escena aparecía asesinado el carpintero o el barbero del barrio, nadie sabia porque y ahí estaba el detalle: causa desconocida implica especulación abierta. La película, circunscrita al diálogo de los parroquianos en los negocios de la esquina, mostraba como emergía la desconfianza cruzada entre ellos, la tendera sospechaba del carnicero, este del barista y así sucesivamente, hasta provocar el silencio de todas y cada uno, no fuera que la informante del régimen fuera esta o aquel vecino, silencio soportado en creer que “si a aquel lo mataron sin hacer nada, mejor yo hago menos”. Dejando claro que el homicidio de un inocente indiscriminado, buscaba la autocensura y la división ciudadana.
No logro ubicar el nombre de la película en google, pero en mi recuerdo la ubico como un anti-manual de terrorismo de Estado. Asesinar liderazgos o masacrar población siempre busca que la ciudadanía desconfié entre si, dividirla, que se calle, que se encierre, y así abaratar el gasto de la represión autoritaria. El divide y reinaras de la colonia tenía el mismo principio, la corona española logró controlar Abya Yala, provocando desconfianza entre los diversos pueblos. Así el enfrentamiento entre tlaxcaltecas y aztecas, entre pijaos y nasas, y un rosario de etcéteras, les permitió a los colonizadores controlar un continente con un pie de fuerza que, entre Patagonia y California, nunca supero los 20 mil soldados.
La paz siempre irá en contravía de este modelo de gobierno. Solo en la guerra el modelo es posible y su guerra posible es la antidroga, donde se pueden presentar asesinatos y masacres como “ajustes de cuentas entre narcos”, mientras se usan como debe ser: para intimidar y dividir a la ciudadanía, viabilizando al autoritarismo.
La data oficial del Observatorio de Drogas de Colombia ODC, adscrito al Ministerio de Justicia, consigna en 2019 cultivos de coca para uso ilícito en 173 municipios, y el grueso de las masacres se dan en estos territorios. Entonces pareciera correcto que el representante a la Cámara Christian Garcés, trine: “A todos los que les duele lo que está pasando en Colombia y deseen legalidad, les digo: Defendamos la decisión del presidente Iván Duque de reactivar la aspersión aérea contra la coca, generadora de la escalada de asesinatos y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales“, lo mismo dijo el piloto Samuel Niño antes de estrellarse con cocaína en Guatemala.
El punto 4 del Acuerdo de Paz “Solución a las drogas ilícitas”, volvía participativa la sustitución y a las familias cocaleras protagonistas y con derechos ciudadanos. Desde 2016 y, siendo aún Santos presidente, esto se empezó a birlar: el referéndum y los cambios de Cartagena al Colón y en el fast track legislativo; erradicación militar priorizada; engaño al tratamiento penal diferencial; subsidios huérfanos de asistencia técnica y proyectos alternativos. Luego con Duque secan el presupuesto del PNIS y reviven el glifosato, mientras se incrementa la masacre de liderazgos. Acuerdo hecho trizas.
Contra la lógica del ideal de un país en paz, ¿por qué esta reversa? porque los neoliberales y latifundistas, que gobiernan hace 50 años, necesitan la droga y que este prohibida, así los capitales ilícitos siguen nutriendo su política y economía. Pero además porque el poder constituido necesitaba una guerra abierta, solo así aplica la herramienta terrorista desde el Estado. El glifosato que reclama Garcés, al contrario de lo que parece, refuerza la continuidad de la prohibición, de la guerra y por ende del narcotráfico y de la cocaína como renta del poder.
Por esto tiene toda la razón el arzobispo de Cali Darío Monsalve cuando le contestó: “Culpan de todo al narcotrafico, para restablecer el glifosato: vuelta al pasado. Culpan acuerdos de paz, que destruyen con insensatez: vuelta al pasado. Culpan a ‘los mismos de siempre’, ¿para justificar masacres de Estado y connivencias criminales? ¿Escuchan y creen a comunidades?”. Desarrollemos dos ejemplos, la masacre en Samaniego Nariño y el incumplimiento a la sustitución en Piamonte Cauca.
En la masacre de Samaniego del pasado 15 de agosto, la “investigación exhaustiva” oficial daba el caso por resuelto, lo mismo la crónica del “periodista” de Caracol primero en cubrir el hecho: el ELN había llegado con lista en mano matando a los jóvenes que estaban violando la cuarentena. Pero la explosión en las redes sociales, de relatos de la población del municipio, apuntaba en dirección contraria. Esto trascendió hasta los medios con la entrevista de un sobreviviente que afirmó: “pude haber sido yo, no fueron a buscar a alguien en específico”, describiendo los disparos indiscriminados contra jovenes enrumbados por parte de asesinos en uniforme negro sin ningún distintivo. Las “conclusiones” del gobierno y Caracol iban acordes al libreto puesto en escena en los dos meses previos: un video “eleno” ordenando cuarentena obligatoria que circuló por la cordillera occidental caucana y nariñense; y un ultimátum a “Zamaniego” con “Z”, ninguno de los dos reconocidos por el ELN.
Cuando las FARC entregó armas, las 702 hectáreas de coca para cocaína cultivadas en Samaniego (dato ODC) quedaron en disputa entre el ELN y un grupo narco-paramilitar con conexión mexicana. El relato por redes sociales de los habitantes y sobrevivientes de Samaniego documenta la presencia mexicana en los campos de cultivo, confirmando así el informe del fiscal Martínez Neira en 2017, mas allá de la ubicación de los operadores de compra y exportación de Sinaloa y Jalisco, en Cali, Popayán o Pasto. Después de la masacre, la masiva entrada del ejercito a las áreas controladas por el ELN facilitaba que los “más chingones” corrieran la cerca, “¿qué supone uno?”.
En el vecino departamento del Cauca, las familias cultivadoras de Caloto, Cajibío y Piamonte, donde la data oficial consigna 18, 355 y 1905 hectáreas respectivamente (datos ODC), ganaban una tutela el 18 de agosto pasado, donde se ordena a la ART y al ejercito “la suspensión inmediata de los operativos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos… donde no se haya intentado previamente la sustitución voluntaria, de conformidad con lo establecido en Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional, donde se precisó que existe una jerarquía entre los medios de erradicación, priorizándose la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada, de manera que ésta sólo procederá́ en caso de que fracase la primera.”
Después de la tutela ha sido evidente el desacato por parte del ejercito y la ausencia de la parte civil del gobierno. Por ejemplo, en la vereda Santa Rita de Piamonte, el ESMAD le causó grave fractura craneana al joven Edwin Cortez, quien protestaba contra la erradicación. ¿Qué hay detrás del desacato y la ausencia?, las 1905 hectáreas vuelven muy atractivo a este municipio. Hoy el territorio esta en disputa entre tres grupos: el “Sinaloa” por el alias de su jefe, un antiguo acopiador local que para intimidar calzó chapa mexicana; el “Constru”, narco-paramilitares migrados del Putumayo; y el “Carolina Ramírez” (disidencias FARC). Si consideramos que la tutela evidencia la voluntad de las familias cultivadoras por sustituir invocando al Acuerdo de Paz, se concluye que quien no quiere acabar el negocio -que fluye en sus narices- es el propio gobierno. Quiero equivocarme, pero una masacre podría venir a apuntalar la continuidad del bussines.
Sin embargo ¿Que ha pasado desde el México de Hernán Cortez, hace 5 siglos?, ¿desde la Hungría de Miklós Horthy,hace 8 décadas?, o incluso ¿desde la Colombia de Álvaro Uribe, hace 10 años?, ¿qué explica que la formula masacres=autocensura, en el 2020 no les está funcionando?. Volviendo a la película húngara, la falta de información era lo que propiciaba el recelo entre vecinos. En el 2020 las redes sociales nos vacunan contra esto, en tiempo real desde Piamonte o Samaniego, pueden informarnos a su vecindad, a Colombia y al mundo, sobre el desacato gubernamental a una tutela y sobre la verdad de una masacre indiscriminada.
Concluyo haciendo referencia a la desconexión con la realidad del hablador televisivo de las 6 pm, quien saludaba cual reina de belleza la rechifla con que lo recibieron en Samaniego. Para sus asesores esto no importa, porque el solo fue a Nariño a hacerle un mandado al fiscal Barbosa: cumplió la tarea de torcer la realidad jurídica en la rueda de prensa en Chachagüi, afirmando que no hay masacres sino homicidios colectivos, maquillando así un delito de lesa humanidad con uno menor. Si no tomamos consciencia y no nos movilizamos, nos esperan dos años de gobierno sangriento marcado de ineptitud y cinismo.
NOTA: Los datos del territorio fueron recabados en entrevistas virtuales con el líder “Simón Piamonte”, y la lideresa “Manuelita Samaniego”.