Ha pasado un año desde que unidades militares del Ejército y la Armada Nacional al mando del ministro de Defensa Diego Molano ejecutaron un operativo militar que acabó con la vida de al menos 11 civiles que fueron presentados como miembros de la Segunda Marquetalia en Puerto Leguízamo, Putumayo
Desde ese 28 de marzo de 2022 organizaciones de derechos humanos denunciaron inconsistencias en ese operativo militar en el que según el mayor general, Édgar Rodríguez Sánchez, comandante de Comando Conjunto No. 3 Suroriente. “Fueron neutralizados 15 presuntos miembros del grupo armado residual 48” aunque la comunidad denunció que la mayoría de las personas asesinadas eran realmente civiles que convivían en esta zona de conflicto.
Precisamente, los hechos se dieron en medio de un bazar que había organizado la comunidad para recaudar fondos con el fin de realizar algunos arreglos en el territorio, al ser una zona de conflicto hacían presencia varios hombres que efectivamente hacían parte del grupo residual. No obstante, también había menores de edad.
“Es el paisaje de innumerables rincones del país donde no hay Estado y donde las comunidades han vivido históricamente a merced de los grupos armados ilegales. Si un hombre con un fusil terciado a la espalda llega a pedir comida o bebida, pues hay que darle. ¿O qué otra opción tiene un civil desarmado?”, explicaba uno de los habitantes días después de la escalofriante operación.
Las irregularidades en ese operativo fueron de tal magnitud que investigaciones de prensa revelaron evidencias convincentes de que los militares intentaron manipular el escenario de los asesinatos, colocando ropa militar y armas encima de los cuerpos posteriormente.
Pese a las graves denuncias de la comunidad y a la petición de investigación por parte de la ONU en estos hechos, el ministro de Defensa Diego Molano ratificó en una audiencia pública el 25 de abril de ese año que la operación ejecutada en la vereda de Puerto Leguizamo era legítima y desvirtuó las declaraciones de la comunidad campesina.
Así, Molano siempre insistió en la legitimidad del operativo, manifestando que “ni la fuerza pública ni los militares son enemigos de los ciudadanos, que los verdaderos enemigos son los grupos organizados que se encuentran disputando esa zona”, aún cuando el operativo violó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) “que prohíbe los métodos y medios de guerra que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios” a comunidades inmersas en zonas de conflicto.
Lo que al amparo del DIH se trató de una serie de ejecuciones extrajudiciales sigue hoy impune y sin un rumbo fijo que dé una luz de esperanza de justicia, pues a un año de los hechos, las autoridades no han abierto ninguna investigación formal por el caso ante la Fiscalía ni la Justicia Penal Militar.
Mientras tanto, Diego Molano manifestó recientemente su candidatura formal a la alcaldía de Bogotá y arrancó con el proceso de recolección de firmas para ser avalado como candidato independiente. A siete meses de celebrarse los comicios regionales cabe exigirle al exministro de Defensa que haya justicia en este caso y que explique por qué se buscó la condecoración de los oficiales que participaron en este operativo.