Por: Victoria Sandino, senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz
El pasado jueves 26 de agosto tuve el honor de ser elegida vicepresidenta de la Comisión Legal Afrocolombiana en el Congreso de la República. Algunas y algunos de ustedes saben que soy caribeña, nací en Tierralta, Córdoba y desde los días de los diálogos de La Habana vengo haciendo una reconstrucción de mis raíces, así como un reconocimiento de las problemáticas y la gran riqueza social y cultural de mi pueblo. Es por eso que acompaño los departamentos de la Costa Caribe y del Pacífico colombiano.
La Comisión Legal Afro del Congreso fue creada mediante la Ley 1833 del 4 de mayo de 2017, con el fin de realizar acciones para salvaguardar los derechos de los pueblos negros, afros, raizales y palenqueros a través de la gestión de iniciativas de ley, articulación entre los pueblos y el Congreso, así como llevar a cabo el control político en el cumplimiento de la máxima constitucional de ser una “nación pluriétnica y multicultural”.
Mi camino en la defensa de los pueblos étnicos no comienza con la elección como vicepresidenta de la Comisión Legal Afro, es una defensa que he asumido durante toda mi vida. El Acuerdo Final de Paz incluye un capítulo específicamente étnico en el punto 6 donde se reconoce la enorme contribución de los pueblos étnicos en la construcción de una paz sostenible y duradera. Así mismo, en este capítulo se denuncia la raíz histórica del colonialismo y la exclusión que ha llevado a la permanencia de la discriminación en nuestra contra.
Para la implementación del Acuerdo es condición indiscutible el respeto de la autonomía, libre determinación y el gobierno propio; así como la necesidad de avanzar en la participación, la consulta y el consentimiento previo. Todas las acciones que se tomen alrededor del cumplimiento del Acuerdo deben orientarse a la preservación de la identidad e integridad social, económica y cultural; al derecho sobre tierra, territorios y recursos; reconocimiento de las prácticas ancestrales, entre muchos otros aspectos; donde además se especifica que para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) debe diseñarse un mecanismo especial de consulta con los pueblos étnicos para su implementación.
A propósito del hecho reciente donde la Corte Constitucional ordena retomar las Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz – CETP, el Acuerdo establece que los pueblos étnicos deberán tener participación en estas, donde las CETP coincidan con sus territorios. Aunque estas curules no han sido implementadas, cabe destacar que no existen las garantías para la participación de los pueblos étnicos quienes se encuentran en situación de constantes amenazas, homicidios y actos de hostigamiento.
Como todo lo relacionado con el Acuerdo, este gobierno se ha encargado de simular su implementación. El capítulo étnico del Acuerdo va dirigido a disminuir las enormes brechas de inequidad y exclusión y su implementación abriría puertas para avanzar. Sin embargo, para el 2020, el Chocó y la Guajira, dos departamentos con una alta presencia de pueblos étnicos, fueron considerados los departamentos más pobres de Colombia. El Chocó alcanzó el 68,4% de pobreza monetaria seguido de la Guajira con el 61,8% según el DANE. En el listado de los primeros departamentos se encuentran además mi amada Córdoba, Cauca, Magdalena, Cesar, Nariño, Sucre y Bolívar por encima de la media nacional que es del 35,7%, todos aquellos departamentos indígenas, afros, negros, palenqueros y raizales por excelencia. La manera como el gobierno nacional ha afrontado los problemas recurrentes de pueblos y comunidades étnicas priorizando en los territorios étnicos la intervención de la fuerza pública a través de una estrategia territorial conocida como la conformación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o “Zonas Futuro”.
De otro lado, la supuesta implementación de la Reforma Rural Integral ha sido a través de instrumentos que limitan la inclusión de los pueblos étnicos sin concertación con las comunidades y sin posibilidades de participación en la construcción de los PDET.
Un caso paradigmático acerca de cómo el componente étnico no es tenido en cuenta en la formulación e implementación de los PDET es el de la subregión del Chocó. Según el documento de trabajo 22 del Centro de Pensamiento y Diálogo Político CEPDIPO (2020), existen 1954 iniciativas municipales del PDET Chocó, de las cuales 1130 fueron étnicas. La mayoría de estas iniciativas tocaban temas relacionados con reconciliación, convivencia y reactivación económica, sin embargo, al ver el resultado final lo que más prevaleció fue el ordenamiento social de la propiedad, al tiempo que temas como infraestructura, adecuación de tierras y vivienda rural, agua potable y saneamiento básico quedaron de forma marginal.
Así mismo, en la Subregión Pacífico y Frontera Nariñense, pese a que 680 de las 1433 iniciativas del Plan de Acción Transformación Regional eran de carácter étnico, iniciativas como vivienda rural, agua potable y la garantía progresiva del derecho a la alimentación, solicitadas por dichos pueblos, se encuentra de forma limitada.
Es por eso que desde la Comisión Legal Afrocolombiana quiero llevar a cabo una gestión para el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, porque representa una oportunidad muy importante para que logremos avanzar en cerrar esa enorme distancia entre el centro del país y las regiones, con el respeto y la protección de la libre determinación y los derechos de los pueblos.