lunes, febrero 17

Los Consentidos (parte 1)

Por: Jairo Bautista / Twitter: @jbautista1505

El torturador es un funcionario. El dictador es un funcionario. Burócratas armados, que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso, y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios. No vamos a regalarles esa grandeza.

Eduardo Galeano

El presupuesto público, además de una ley, es un medio por el cual la sociedad elige cuan grande es su gobierno, y que acciones de este se priorizan y privilegian. Algún autor señala incluso, que el presupuesto público es una buena forma de conocer el talante de un país, e incluso una buena manera de presentárselo a alguien que no lo conoce en absoluto.

Hoy, el presupuesto del gobierno nacional para el 2021 está en debate, la cifra que presentó el Ministro Carrasquilla parece en principio astronómica: 314 billones de pesos, dinero que equivale -para dar una idea sencilla a los lectores- al costo de darle un salario mínimo mensual por ocho meses a TODOS y cada uno de los colombianos y colombianas.

Al margen de las comparaciones (que podrían ser muchas y variadas) el Presupuesto presentado para su discusión al Congreso, resulta ser este año un tema de debate más importante que en años anteriores, por la simple razón de que el gobierno nacional ha llamado a este: el presupuesto de la recuperación económica.

No quiero en esta columna concentrarme en discutir sobre las cifras o supuestos en los que el gobierno basa su propuesta de presupuesto -que entre otras cosas son fatales- o los análisis sectoriales -recomiendo para ello dos muy buenas columnas, una de Paula Triviño en la Revista Sur (dejo el link aquí https://www.sur.org.co/presupuesto-general-de-la-nacion-2021-triunfa-la-financiarizacion-sobre-la-ruralidad/) y otra de los profesores Garay y Espitia en esa misma publicación (https://www.sur.org.co/reflexiones-en-torno-al-proyecto-de-presupuesto-general-de-la-nacion-2021/).

Voy a concentrarme en analizar a los privilegiados, los consentidos de la baraja presupuestal, los sectores a los que todos los años   y desde hace mucho tiempo se les asignan cuantiosos recursos, son los sectores que nunca aparecen en las noticias reclamando aumento de presupuesto, uno nunca los ve marchar, ni hacer pronunciamientos sobre la falta de prioridad del gobierno en recursos para ellos.  Estos dos sectores son los especuladores de la Deuda Pública y la Defensa Nacional.

Espero que si alguien del sector (soldado o policía) lee esta columna no lo considere una ofensa al honor militar, sino un justo ejercicio de debatir públicamente un componente tan importante  del presupuesto, el tercero más grande luego del servicio de la deuda y el gasto en educación.

Para nadie es un secreto, que un país con una violencia endémica como Colombia, tenga un gasto militar que destaca entre los más grandes de los países de la OCDE, pues mientras el promedio del gasto militar allí es de 2,13% del PIB, el de Colombia es de 3,57% para 2019. Siendo -por increíble que parezca- muy similar al de los Estados Unidos como se puede apreciar en el siguiente gráfico, que tiene como fuente datos del Banco Mundial.

Gasto Militar como porcentaje del PIB (Colombia, Estados Unidos y Resto del Mundo) 2000-2018

Fuente: Banco Mundial

En términos de su poderío militar, Colombia ocupa en el ranking del Global Firepower el puesto 37 entre los ejércitos más grandes del mundo, con alrededor de 295 mil hombres y mujeres en las filas (no se detalla cuantos pertenecen a procesos administrativos) a lo cual deben sumarse al menos 141 mil miembros de la Policía Nacional. Estos casi 500 mil funcionarios representan un poco mas de la mitad del total de la burocracia estatal (compuesta de aproximadamente 940 mil funcionarios), si, en Colombia hay más soldados y policías que maestros[1], lo cual ya de por si expresa un problema social muy preocupante.

Esto ya señala un elemento lógico: la mayor parte del gasto militar y de policía está orientada a la cobertura de los salarios y remuneraciones del personal militar el cual asciende a la enorme cifra de 22 billones de pesos (¡!) en la cual están incluidos también otros gastos de funcionamiento relacionados (como los gastos generales relacionados con servicios públicos, equipos de oficina, etc).

Los salarios dentro de las fuerzas no se caracterizan precisamente por su nivel de equidad, un general, por ejemplo, recibe el mismo salario del Ministro de la Defensa que para 2020 equivale a $19.214.198, a lo cual deben sumarse otros gastos relacionados que son muy diversos: desde los cursos de formación -que en el caso de  la Fuerza Aérea pueden llegar a los $250 millones por curso- las primas de localización o de instalación, los gastos en salud para los oficiales y sus familias, los esquemas de seguridad,  las casas fiscales que son costeadas con recursos públicos  y que costarán en 2021 45 mil millones de pesos.

En la otra esquina están los soldados profesionales, los que están en el territorio enfrentando los peligros del conflicto armado, los que ponen en riesgo sus vidas y la estabilidad de sus familias, para ellos el salario mensual fluctúa entre $1.1 y $1,8 millones de pesos al mes (¡!). aunque esto se incrementa con la experiencia. A estos salarios se les descuentan los aportes a seguridad social y los valores de los créditos que los soldados hayan asumido de manera directa y voluntaria.

Hace un año el blog de Santiago Ángel, en el Tiempo (puede verlo aquí http://blogs.eltiempo.com/lecturas-con-santiago-angel/2019/06/13/esta-pasando-sueldo-los-soldados/ ) denunciaba que adicional a ello, les estaba llegando un nuevo descuento de entre $20mil y $100 mil pesos mensuales por seguros exequiales o jurídicos que los soldados manifestaban no haber adquirido y que al parecer eran una trampa para robarse sus salarios. A la larga, un soldado o policía recién graduado que se vincule a la fuerza, comienza ganando neto alrededor de $1,3 millones de pesos -que equivalen mas o menos a $390 dólares- (en este link hay una presentación muy clara de este tema https://www.youtube.com/watch?v=r_ibBU7gxw4).

Y el rubro más importante de todos: las pensiones para los oficiales y otros miembros de las FFMM y de Policía que se estima le costarán el otro año al presupuesto $8.7 billones de pesos: $4.4 para la Policía y $4.3 para el Ejército. Teniendo en cuenta que muchos de los beneficiarios de estas pensiones  no cotizan al sistema y por ende su pensión es en realidad un sueldo de retiro vitalicio, con una tasa de reemplazo de casi el 100%  y con apenas un tiempo de servicio de entre 15 y 20 años -hay muchos casos de pensionados de menos de 40 años de edad- se constituye en  un costosísimo privilegio fiscal.

Aunque desde otro punto de vista se argumente que estos sueldos de retiro empeoren la situación de los miembros pensionados de las fuerzas, no hay claridad sobre la realidad de la dispersión pensional, la concentración y valor de los sueldos de retiro y las altas pensiones.

Ahora bien, este es un problema gigantesco con el que ningún gobierno ha querido lidiar: un ejército y unas fuerzas de policía tan grandes, con unos privilegios tan dispares generan una tensión fiscal tremenda que no se quiere resolver a futuro: mantener un pie de fuerza de este tamaño implica no solo asumir  pagos salariales presentes, sino las cargas futuras de los pensionados presente y futuros que  hoy ya son considerables e implican una cuarta parte del gasto militar y de policía del país.

Aquí viene la pregunta más importante: ¿Se justifica mantener este enorme pie de fuerza, los privilegios de los altos mandos y el tren de crecimiento de gasto militar? NO hay que olvidar que bajo el gobierno Duque, se aumentó el presupuesto real del sector defensa en un 12%, luego de 5 años en que venía en un crecimiento cercano al 3%.

Inicialmente la situación de violencia y recrudecimiento de masacres parecería hacer superflua esta pregunta, sin embargo, justamente cuando se dispara el gasto, los resultados en materia de seguridad parecen ser más precarios, pareciera incluso que existiera una política deliberada de “fracaso buscado” en la cual el territorio ha sido tomado por bandas armadas, disidencias, paramilitares y narcos, mientras un ejercito grande y costoso parece estar sobrepasado por los hechos e inmerso en varios escándalos de corrupción -solo para dar una idea, en 2020 la Revista Semana ha publicado 45 artículos sobre casos de corrupción en las FFMM y de Policía-.

Es hora de que comencemos a discutir con amplitud el tamaño del gasto en defensa, que abramos el debate sobre su inequidad, y especialmente sobre la eficiencia de este, inventos recientes terminaron confundiendo eficiencia con bajas y dieron lugar a las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” que enlodaron la imagen del Ejército. Ya es hora de que pidamos cuentas y exijamos que no solo haya una mejor respuesta institucional de la misionalidad de las Fuerzas Militares y de Policía, una vuelta a la ética militar en todas las armas, sino también  mayor equidad, y una mejor compensación y condiciones laborales para la base de estas, necesitamos mas profesionalismo, menos montonera y mayores resultados, con apego estricto a los mandatos del Derecho Internacional Humanitario y la recuperación del imperio de la ley en todo el territorio nacional.


[1] Según el Ministerio de Educación, a 2019 están vinculados en el sistema de carrera docente 320.043 docentes.

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